Mas responderá mañana por los 5,1 millones que se embolsó CDC, según el juez

El presidente catalán, Artur Mas, acude mañana al Parlament para dar explicaciones sobre los 5,1 millones que, según el juez, se embolsó CDC en comisiones pagadas por la constructora Ferrovial a través del Palau de la Música a cambio de la adjudicación de obra pública en Cataluña.

Forzado por los grupos de la oposición aunque a petición propia, Mas comparecerá de forma extraordinaria en el Parlament antes de que finalice el período de sesiones para dar cuenta de la relación de su partido con el expolio del Palau de la Música, institución que Fèlix Millet y su mano derecha Jordi Montull saquearon durante años hasta dejar un agujero de 26,5 millones de euros.

Cuatro años después de la irrupción de los Mossos d'Esquadra en el Palau de la Música, el juez instructor acaba de dar por finalizada su investigación sobre el expolio, con la conclusión de que al menos 5,1 millones desviados por Fèlix Millet fueron a parar a manos de CDC y su órbita.

Para el instructor, Josep Maria Pijuan, esa cantidad es la suma de las comisiones que la constructora Ferrovial pagó presuntamente a la formación nacionalista a cambio de la adjudicación de grandes obras públicas en Cataluña, como la construcción de la Ciutat de la Justicia -presupuestada en 263 millones- o la línea 9 del metro, con una inversión de 890, durante los gobiernos de Jordi Pujol.

El juez cree que en ese acuerdo para el pago de comisiones ilícitas intervinieron el extesorero Carles Torrent -fallecido en marzo de 2005-, así como su sucesor en el cargo Daniel Osàcar -que los investigadores identifican como el "Daniel"citado en la documentación incautada en el Palau- y el exdiputado Jaume Camps.

Pero además de esos dos cargos convergentes, que están imputados, el instructor sostiene en su escrito que en el pacto entre Ferrovial y el Palau también debieron jugar un papel "otros altos responsables del partido"con facultad de decidir sobre las adjudicaciones de obra pública, sin llegar a identificarlos.

De la instrucción se desprende, en opinión del juez, que las comisiones de Ferrovial se desviaron hacia CDC de tres formas: pagos directos a Osàcar y Torrent (que sumaron 2,3 millones entre 2000 y 2007), facturación falsa a empresas que eran proveedoras de la formación nacionalista y siete "aparentes convenios de colaboración cultural"firmados entre la Asociación Orfeó Català y la Fundación afín a CDC Trias Fargas (actual Catdem).

Finalmente, la Fundación accedió a devolver al Palau de la Música los más de 630.000 euros que recibió en virtud de esos convenios, pero el juez ha impuesto además a la formación nacionalista una fianza de 3,2 millones de euros como responsable civil a título lucrativo del saqueo, cantidad que CDC ha garantizado mediante el embargo de su sede.

De todas formas, el magistrado instructor ha alertado de que, acabada la investigación, se desconoce el destino de otros 9,6 millones en efectivo expoliados del Palau de la Música, la mayoría de ellos cobrados en ventanillas de bancos mediante cheques al portador.

Junta a la sospecha de cobro de comisiones, otra de las sombras que sobrevolará la comparecencia de Artur Mas será el papel de la acusación particular ejercida por la Fundación Palau de la Música-Orfeó Català, que en un escrito remitido al juzgado ha excluido por el momento a CDC de responsabilidad en el caso, lo que causó malestar entre miembros de la junta que dirige la institución.

La acusación particular es ejercida por abogados de la firma PriceWaterhouseCoopers, un bufete del que es socio Joaquím Triadú, exconseller de Presidencia con los gobiernos de Pujol, una circunstancia que previsiblemente dará munición a la oposición de cara a la comparecencia de mañana.

A la espera de que formalice su escrito de acusación con las penas que solicita para los imputados, el fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled presentó el mes pasado un escrito al juez instructor en el que elevó a 6,6 millones el dinero del Palau desviado a CDC y acusó a la formación de haber articulado "un pacto criminal estable"junto a Millet y Ferrovial.

Artur Mas acusó entonces al fiscal de acusar a su partido "sin pruebas"y "en base a suposiciones", criticó las "afirmaciones sorprendentes"del escrito del ministerio público y, tras defender que nunca hubo irregularidades en su partido, proclamó que CDC "no tiene miedo"de ir a juicio.

Cuando, casi un mes después, fue el juez instructor el que resaltó los indicios que incriminaban a CDC al concluir la instrucción, el gobierno catalán afirmó a través de su portavoz que respeta cualquier decisión judicial, pero señaló que veía "contradicciones"en el proceso.