Memoria Anual de la Fiscalía de 2017: Más de 800 denuncias por corrupción

La Fiscalía incoó 39 investigaciones en 2017 y advierte del «desbordamiento» del Ministerio Público

La Fiscalía Anticorrupción recibió 809 denuncias en 2017 (157 más que el año anterior), la mayoría de ellas archivadas por no apreciarse delito. Se incoaron 39 diligencias de investigación, a las que hay que añadir las 42 que se encontraban en trámite, lo que supone que el pasado año se estuvieron tramitando 81 diligencias de investigación. Al igual que en 2016, la Fiscalía lamenta la «escasez» de su plantilla para hacer frente al «auge paulatino de macroprocesos», que «ha ido estrangulando» su capacidad operativa, por lo que cree que «ha llegado la hora» de crear la figura de un fiscal coordinador contra la delincuencia económica, con especial atención a los delitos contra Hacienda.

Según la Memoria de la Fiscalía hecha pública ayer, en 2017 se produjo un incremento en el número de procedimientos judiciales del 14% (609, frente a los 524 del año 2016), y en la incoación de diligencias de investigación, con un total de 39, dos más que el ejercicio anterior.

El número total de acusados ascendió a 46, una cifra similar a la registrada en 2015, pero inferior a los 59 de 2016. No obstante, la Fiscalía destaca el número de 33 sentencias condenatorias, del total de 34 dictadas, superior a las 29 del año anterior.

La Memoria de la Fiscalía hace hincapié en la indispensable colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y de los técnicos cualificados y peritos de las administraciones públicas, en particular, en las materias bancaria y financiera que han ocupado buena parte del trabajo, tras las denuncias formuladas por el FROB o la SAREB, que han contribuido a la labor de la Fiscalía Especial Anticorrupción.

El Ministerio Público señala las muchas las dificultades que representa la lucha contra la corrupción, entre ellas la propia complejidad de los hechos que se investigan, la gran litigiosidad en los procedimientos, los retrasos en su tramitación que derivan en la aplicación de atenuantes, los cambios en los criterios jurisprudenciales que determinan la nulidad de actuaciones, etc.

La fiscal general del Estado, María José Segarra, aseguró en la apertura del Año Judicial en referencia a la Memoria de la institución que preside, que nadie puede «poner en duda el compromiso inquebrantable del Ministerio Fiscal en la lucha contra el fenómeno de la corrupción» y se mostró convencida de que «la pesada maquinaria judicial» acabará dando una respuesta «firme y rigurosa» a quienes usan su representación pública en beneficio propio.