El desafío independentista
Mensaje de Rajoy a Mas: Nadie puede privar a los españoles de decidir su futuro
Cospedal siembra dudas sobre si el jefe del Ejecutivo intervendrá en el Congreso
El mensaje con el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, plantará cara mañana en el Congreso al referéndum de autodeterminación girará sobre el derecho de todos los españoles a decidir sobre su futuro colectivo, sin que nadie de manera unilateral pueda privarles de ese derecho reconocido en la Constitución.
El mensaje con el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, plantará cara mañana en el Congreso al referéndum de autodeterminación girará sobre el derecho de todos los españoles a decidir sobre su futuro colectivo, sin que nadie de manera unilateral pueda privarles de ese derecho reconocido en la Constitución. La soberanía nacional como principio que está por encima de siglas o de la voluntad de un Gobierno, de las Cortes Generales o de un Parlamento autonómico.
Rajoy cree que en el debate de mañana lo más importante es que quede claro el «no» de las Cortes Generales a la exigencia nacionalista de que se ceda la competencia exclusiva del Estado para que puedan convocar un referéndum de autodeterminación porque, con ello, Cataluña se está situando fuera de la legalidad española, pero también fuera del marco legal europeo. Es decir, que no hay ningún choque de legitimidades porque Mas y la Generalitat pierden su legitimidad al situarse fuera del marco legal que se la reconoce.
El presidente quiere que la posición del Gobierno sea muy contundente en el fondo y en las formas, dejando bien claro que sigue habiendo margen para una salida dentro de los cauces legales y sin colocar a Cataluña al borde del precipicio. Ayer, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, sembró dudas sobre si el presidente intervendrá o no en el Congreso. Primero anunció en Melilla que Rajoy defenderá el martes que la soberanía no es una cuestión de un partido, sino que es de todos los españoles y que no se puede trocear ni negociar, informa Efe. También confirmó que el Gobierno confía en que socialistas y populares defiendan juntos la Constitución y la soberanía nacional ante el Pleno de la Cámara. «No es una cuestión que se defienda con un puñado de escaños, sino que descansa, se refleja, se respira y se ejerce por todos y cada uno de los 47 millones de españoles», explicó. Pero a última hora de la tarde se corrigió a sí misma y dijo que el presidente defenderá la soberanía nacional tanto si es él quien interviene en el debate «como si lo hace otra persona».
Este periódico informó el pasado día 2 que Rajoy se planteaba intervenir en el debate, y también ha dado cuenta del estrecho diálogo entre el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición en relación con el desafío independentista catalán y para hacer frente a cada paso de su estrategia de tensar el clima político bajo la amenaza de la consulta de autodeterminación. Las diferencias de más calado político están ahí, pero desde el Gobierno prefieren poner el acento en la importancia del acuerdo en lo sustancial, en el «no» al referéndum de autodeterminación. Rajoy, por ejemplo, mantiene su oposición a abrir en estos momentos un proceso de reforma constitucional sobre el que entiende que no hay el mínimo acuerdo que permita saber a dónde va a conducir. Aunque, al mismo tiempo, reconoce a la Generalitat su derecho a canalizar por la vía de la reforma constitucional su exigencia de la consulta.
Los argumentos legales del Gobierno están fijados en el escrito que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, remitió al Parlamento en marzo. Un escrito que será leído el martes en la sesión plenaria y en el que el Ejecutivo desgrana las razones del «no» a la consulta catalana. En ese documento se sostiene que Cataluña sola, de manera unilateral, no puede decidir jurídicamente la separación de España, y tampoco lo puede técnicamente consultar. Y si no puede consultarlo, no puede delegársele la facultad correspondiente. Una facultad que, de acuerdo con el artículo 150.2 de la Constitución, no es, además, susceptible de transferencia ni de delegación.
El Gobierno defiende que lo que plantean el Parlamento catalán y los grupos nacionalistas es transferir a una parte de los españoles una decisión que afecta a todos. Es decir, admitir que por una decisión unilateral puede disolverse lo que la Constitución proclama indisoluble y dividirse lo que declara indivisible. Pero el martes además de defender la ley se hará política, desde el principio de dejar bien claro a los catalanes que ningún Gobierno puede negociar lo que no está en su mano entregar.
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