Moción de censura a Felipe VI de la izquierda radical y el independentismo

Las operaciones de descrédito hacia la Corona por parte de la izquierda más radical y los independentistas buscan derrumbar la cúspide del Estado amenazada por el «caso Corinna».

Tras la abdicación de Don Juan Carlos, el relevo de Felipe VI tenía visos de aire nuevo, de renovación y levantamiento de la Corona, de alejamiento, de lastres de acusaciones y conjeturas arrastradas durante años. Pero en realidad, en aquel entonces la pasta no había hecho más que empezar a cocerse. Felipe VI, en apenas cuatro años de reinado recién cumplidos, tiene por delante un escenario que no le permite cumplir con lo que soñó en voz alta durante su discurso de proclamación, ser el máximo representante de los españoles con los que «construir unidos el futuro». La crisis de la coyuntura política entre los años 2015 y 2016 fue su primer reto, del que salió razonablemente airoso, y fió su sello de un Rey escrupulosamente ceñido a la Constitución, pero fruto de esa crisis y desmembramiento del bipartidismo por el auge de otros partidos minoritarios, el Monarca se encuentra actualmente rodeado por un puñado de partidos secesionistas que quieren deslegitimar a toda costa el sistema monárquico, un presidente en sus manos al condicionar el éxito de su pasada moción de censura al gobierno de Rajoy a sus votos y unas grabaciones que involucran a su padre, el Rey Don Juan Carlos, en el «caso Corinna», piezas que poco a poco van construyendo el cerco.

Ante esta situación, la pauta a seguir por la Corona es cautela y ninguna reacción oficial de momento. El periodo estival juega a su favor: los actos oficiales se reducen, por tanto la presencia pública del padre de Felipe VI también, lo que permite a la Casa mantenerse «a la espera» mientras se definen las propuestas políticas y la postura tanto del Ministerio de Hacienda como de la Audiencia Nacional respecto a las conversaciones de Villarejo con la empresaria alemana. Mientras tanto, va quedando patente cómo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se encuentra entre las cuerdas de la ofensiva de la izquierda más extremista, afanada en romper con la estabilidad del país en función de sus intereses, y Sánchez, que lidera un partido en esencia constitucionalista, tiene poco margen para defender a la más alta Institución del Estado y más molesta para los soberanismos una vez el Gobierno de Rajoy ha sido derrocado, ya que el principal sentido de su existencia es salvaguardar la unidad del país.

Porque los ataques a la Corona no son personalizados, no son contra Felipe VI, son contra su simbología. Independientemente de que haya habido personas dentro de la Corona que a veces han colocado en segundo plano la ejemplaridad intachable que exige la Institución, la finalidad de las continuas operaciones de descrédito es acabar con la cúspide del Estado. Y en esa situación la Casa del Rey hace pequeños «pinitos» de defensa. Primero fue la carta que –tras el encuentro del jefe del Estado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump– enviaron Torra, Puigdemont y Mas al Monarca exigiéndole que abanderara el diálogo y reprochándole haberse posicionado de parte de los ciudadanos que no quieren fragmentar la nación que él representa. Zarzuela respondió la misiva ciñéndose al artículo de la Constitución por el que Don Felipe refrenda las decisiones del Gobierno, y Sánchez en un conciliador tono manifestó públicamente que esa función no le corresponde al Rey.

Continuas reacciones sin aliento después de haberse maniatado erigiéndose como el artífice del diálogo con los secesionistas catalanes, tal y como evidenció su escasa reacción después del órdago lanzado por Torra a Don Felipe en los pasados juegos Mediterráneos de Tarragona: manifestó su ruptura con la Monarquía, aseguró que no invitaría al Rey a ningún acto organizado por la Generalitat y le regaló un libro en el que se reproducían imágenes sobre la actuación policial en el ilegal referéndum del pasado 1-O. Sánchez se reafirmó en su «mano tendida» al Gobierno catalán del sucesor de Puigdemont y se reunió con él posteriormente en La Moncloa.

Este Gobierno debilitado en su montaje Frankestein, sumado a la reciente encarcelación del cuñado de Don Felipe, Iñaki Urdangarín, propicia que la filtración de las grabaciones del ex comisario Villarejo publicadas en El Español y en Okdiario sean aprovechadas por los partidos republicanos para poner en un brete al Gobierno de Sánchez. El líder de IU, Alberto Garzón, insta a abrir en el Congreso una comisión de secretos oficiales para que forzar las comparecencias tanto del director del CNI, Félix Sanz Roldán, como de la titular de Hacienda, María Jesús Montero. Esta última, para que detalle las acciones que su ministerio va a emprender «a la hora de investigar las posibles estructuras opacas al fisco» comprendidas en la grabación de Villarejo a la empresaria alemana.

Unidos Podemos no tardó en sumarse a esa ofensiva parlamentaria el pasado viernes al solicitar también la apertura de una comisión de investigación. La postura del partido morado ya quedó clara en boca del secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, Rafael Mayoral, quien asegurara que las grabaciones son el reflejo de la «anomalía democrática» que, a su juicio, supone la «existencia de una institución que no está sometida ni a escrutinio popular ni a la tutela de los tribunales».