Moncloa ha vuelto a tirar del comodín del «lawfare» y se ha puesto al servicio del hermano del presidente del Gobierno, David Azagra –nombre artístico del músico– convirtiéndose en su mayor escudero. «Le están persiguiendo», aseguraba ayer la portavoz, Pilar Alegría, en TVE.

El Ejecutivo se parapeta en el término que logró inocular Carles Puigdemont para resguardarse de cualquier investigación judicial y convertirla en una «persecución política» y ahora se ha convertido en la baza para amedrentar a los jueces que osen a llevar a cabo cualquier investigación judicial contra la familia del presidente o a persistan en ello.

Para el Ejecutivo, David Sánchez está siendo objeto de una «cacería», después de que dimitiera este miércoles de su cargo como jefe de la oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz, un puesto que no sabía ni dónde estaba ubicado ni tampoco conocía quiénes eran sus compañeros, como se evidenció en su declaración judicial en medio de la investigación que hay contra él por presunta prevaricación y tráfico de influencias. Apuntan desde el Ejecutivo que el músico sufre un «señalamiento» contra quien tiene como «único delito» ser «hermano de un presidente progresista» y hasta se emplean a fondo para defender su currículum profesional.

Durante la instrucción del procedimiento, que nació a raíz de una denuncia de Manos Limpias, la defensa de David Sánchez ha negado irregularidad alguna con la adjudicación del puesto, asegurando que encontró el concurso por Internet y que estaba en búsqueda activa de trabajo cuando apareció. Pero la juez estima que se produjeron irregularidades en su proceso de contratación.

El Ejecutivo, que considera que las investigaciones que van contra el Gobierno, el PSOE y sobre todo contra la familia Sánchez son debidas a una «persecución» por razones políticas, ha lanzado una ofensiva directa contra los jueces, proponiendo nuevas plazas de magistrados sin oposiciones, lo que le permitiría colocar a otros afines en el sistema judicial.

Además, mientras el Gobierno se aferra a la estrategia del «lawfare» como un arma para erosionar la independencia judicial y amedrentar a los magistrados, impulsa desde el Congreso la ya bautizada como «Ley Begoña», una modificación con tintes «ad hoc» con la que busca prohibir que partidos políticos, así como asociaciones o fundaciones vinculadas a ellos, puedan ejercer la acusación popular. La propuesta establece que la participación de la acusación popular se limite a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella, dejando la instrucción en manos del Ministerio Fiscal –también en manos del Gobierno– y los perjudicados directos por el delito. Con ello, los socialistas aseguran que pretenden garantizar los derechos fundamentales y se defienden incidiendo en el «acoso» derivado de «acciones judiciales abusivas» aunque lo que busca, directamente, es archivar la investigación abierta contra Begoña Gómez, mujer del presidente, ya que esta norma prevé expresamente que los cambios legales se apliquen también a los procedimientos judiciales en marcha.

Pedro Sánchez ya empleó su discurso institucional de fin de año para acusar de «acoso» a los jueces y advertirles que no lograrían su fin en un momento de apuro judicial para el presidente del Gobierno.