Pedro Sánchez ha dado la orden política de resolver el conflicto generado por el contrato firmado con Israel para adquirir munición para la Guardia Civil. Según ha podido saber este diario, Moncloa buscaba las fórmulas para rescindir la adjudicación que ha generado una profunda crisis en el seno de la coalición y las ha encontrado. Fuentes del Gobierno confirman que, "tras haber agotado todas las vías negociadoras, la Presidencia del Gobierno, la Vicepresidencia Segunda y los ministerios competentes han decidido rescindir de forma unilateral el contrato de compra de munición a la empresa israelí IMI Systems".

Ahora, el protocolo se pone en marcha y será la Junta de inversión de material de doble uso quien denegará a dicha empresa el permiso de importación de este material a nuestro país "por razones de interés general" y, acto seguido, el Ministerio del Interior rescindirá el contrato. La Abogacía del Estado y los ministerios competentes ya están estudiando posibles reacciones legales y reclamaciones, que podrían consistir en pagar parte o el total del montante sin recibir nada a cambio.

Esta cuestión ha generado una crisis que va más allá del conflicto generado con sus socios, ya que también compromete la palabra del propio presidente, que en sede parlamentaria aseguró que se interrumpirían estas transacciones. Esto supone, además, un torpedo a la línea de flotación del discurso que Sánchez ha enarbolado a nivel internacional contra Benjamín Netanyahu. Las citadas fuentes, recuerda que "los partidos del Gobierno de coalición progresista están firmemente comprometidos con la causa Palestina y la paz en Oriente Medio. Por esto, desde el 7 de octubre de 2023, España ni compra ni vende armamento a las empresas israelíes. Ni lo hará en el futuro", señalan. "Los procesos de compra que siguen abiertos se iniciaron antes de dicha fecha y, los que sean armamento, no se van a ejecutar".

El origen de la crisis

En pleno exterminio en Gaza, trascendió que España tenía prevista esta compra a Israel y, tras hacerse público, en octubre de 2024, el Gobierno se comprometió a rescindir el contrato. Tanto el presidente como varios portavoces, la ministra Pilar Alegría y la titular de Defensa, Margarita Robles, señalaron que se interrumpiría toda relación comercial. El Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, puso en marcha el proceso para desistir de la adjudicación a una empresa israelí de un contrato de adquisición de cartuchería 9x19 mm. PB NATO para la Guardia Civil.

Sin embargo, seis meses después, el Ejecutivo daba marcha atrás y confirmaba la compra millonaria de balas israelíes por valor de 6,6 millones de euros en plena Semana Santa. Desde Interior se explicó ayer que la Abogacía del Estado había aconsejado no rescindir el contrato porque se podría incurrir en un delito de prevaricación y que, al estar tan avanzada la operación, habría que pagar igual sin recibir la munición.

El enfado del presidente es manifiesto y el malestar con Marlaska también, que sigue acrecentando el desgaste de su figura y que le deja totalmente expuesto por la rectificación. Se trata de una cuestión muy sensible y que genera una profunda incomodidad, por lo que la orden que ha dado Sánchez es que se valoren todas las posibilidades para dar marcha atrás, aunque suponga pagar un coste económico. La clave es no pagarlo políticamente. Por el descrédito del Gobierno y por la quiebra que se está generando con sus socios a cuenta de esta cuestión. Si bien se están valorando las alternativas y se espera tomar una decisión durante el día de hoy, lo cierto es que las fuentes consultadas también reconocen las dificultades que entraña la rescisión del contrato.