Moncloa se prepara para retirar las urnas ante el 1-O

«Hay que ponerse en lo peor», aseguran desde el Gobierno, que cree que la Generalitat buscará la confrontación.

Carles Puigdemont
Carles Puigdemont

«Hay que ponerse en lo peor», aseguran desde el Gobierno, que cree que la Generalitat buscará la confrontación.

La intervención de Hacienda para extremar las medidas de control de los gastos de la Generalitat sólo es un escalón más dentro de un escenario en el que el Gobierno se prepara para «lo peor». «Pasan de todo. Quieren forzar la máquina y van a hacer todo lo posible para que haya urnas y haya que intervenir para retirarlas», sentencian en Moncloa.

El Gobierno de Mariano Rajoy cuida la imagen de tranquilidad y moderación, a pesar de que la Generalitat haya optado por escenificar con rotundidad que está decidida a echarse al monte. Pero las decisiones y los gestos de la Generalitat afectan a los escenarios que manejan en Moncloa y a los análisis sobre los que se diseñan los posibles planes de actuación.

Hipótesis más optimistas, como la de que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, podía ser una pieza que, aunque sólo fuese por interés personal, facilitase la salida a unas elecciones autonómicas han sido superadas por los acontecimientos. Y, de hecho, a día de hoy, prácticamente nadie se plantea que después del 1-O se convoquen elecciones automáticas de manera inmediata.

«Carles Puigdemont no va a activar el botón de la disolución de la Legislatura. Lo tiene todo perdido», aseguran en el PP catalán.

De momento, la decisión del Gobierno es agotar todas las vías administrativas y legales para llegar al mismo sitio que por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el que plantea la suspensión de la autonomía, parcial o integral, de aquellas comunidades que no cumplan con sus obligaciones. Y en cuanto a la última vuelta de tuerca de los controles para que no se desvíen fondos a la organización del referéndum ilegal, desde Hacienda subrayan que a la Generalitat no le queda más remedio que acatar las nuevas obligaciones.

«Si no, no les llegará el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y no podrían pagar a los proveedores, farmacias, por ejemplo, y podría darse el caso de que hasta las farmacias quedaran desabastecidas por impago. No se la pueden jugar», aseguran.

Pero aunque esto es lo que señala la teoría, el discurso oficial, ese escenario tan extraordinario tendría consecuencias para la Generalitat, pero también para el Gobierno de Rajoy, que no sólo siempre ha sostenido que su prioridad era preservar el interés de los catalanes, sino que tampoco puede permitir que los catalanes se queden sin financiación para sus servicios públicos.

La solución, por tanto, es más compleja de lo que parece. Es verdad que a estas alturas oficialmente la Generalitat no tiene urnas, ni censo, ni colegios, ni apoyos de la comunidad internacional. Y que cualquier funcionario se la juega si colabora con la organización del referéndum. Todo eso es cierto. Pero la Generalitat ha dejado ya claro que busca el choque duro con Madrid, y esto consolida el temor en algunos sectores del Gobierno a que conseguirán las urnas de donde sea y que las colocarán en la calle, aunque sólo haya un efecto simbólico, para forzar su retirada.

Ni siquiera la suspensión a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras, declarada por el Constitucional «in extremis», cuando haya firma del decreto de convocatoria de la consulta ilegal, se considera a estas alturas una medida que vaya a frenarles de raíz. «Están allí. Tienen dinero, gente y creen que incluso tienen a un parte de los Mossos d’Esquadra. Al menos es lo que se creen, y al final es evidente que los planes para hacer rectificar a gente de orden ya no valen. Ellos van a por todas y nos van a obligar a nosotros a jugar en el mismo terreno», sentencian fuentes de la dirección popular.

Una vez pasada esa línea roja en la que ha dejado de existir una mínima relación de confianza administrativa entre el Gobierno y la Generalitat, aunque la política lleve mucho tiempo rota, se ha entrado en un escenario de acción-reacción en el que no hay espacio ya para nada que no sea el de aplicar las medidas administrativas o jurídicas dirigidas a preservar la legalidad.

El Gobierno no moverá ninguna ficha por anticipado, pero no deja de subrayar que las tiene todas preparadas, incluso aunque hayan empezado a ponerse en lo peor.

Como ejemplo citan el acuerdo del pasado viernes de la Comisión de Asuntos Económicos para reforzar la vigilancia, de manera semanal, de los gastos de la Generalitat. Habrá respuesta a cada decisión, pero en Moncloa también asumen que eso no frenará a Puigdemont y a Junqueras en su estrategia para que el 1-O «se monte lío».

«Les da igual que la consulta sea ilegal, que no sea vinculante o incluso que estén haciendo el ridículo por no cumplir los mínimos requisitos democráticos para celebrar un referéndum sobre una cuestión tan sensible como ésta y en la que es obligado contar con unas mayorías reforzadas. Todo les vale y nosotros tenemos que estar preparados para jugar en un terreno en el que a la otra parte le da igual la ley», aseguran.