Morenés tiene cuatro meses para recurrir el ascenso del coronel acosador

La Audiencia decidiría si lesionó los intereses generales de las Fuerzas Armadas.

Cuatro meses. Es el plazo que tiene el ministro de Defensa, Pedro Morenés, para tratar de anular el ascenso del coronel Isidro José de Lezcano-Mújica, condenado en 2012 por abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante y maltrato de obra a la entonces capitán (ahora comandante) Zaida Cantera. En ese momento, el delito de acoso no estaba tipificado en el Código Penal Militar. No se trata de un vacío legal, sino de una posibilidad que ofrece la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Tal y como han confirmado a este periódico fuentes militares y jurídicas, un expediente de lesividad abriría la puerta a un proceso que acabaría en la Audiencia Nacional, pero para arrancarlo tiene de plazo hasta el 20 de julio. Y es que, explican, la Ley prevé que si un acto administrativo declarativo de derechos, como éste, resulta lesivo para los intereses generales por no reunir las condiciones legales, puede ser impugnado por el Ministerio ante la jurisdicción contencioso-administrativa, previa declaración de lesividad por el ministro.

Por un lado, explican que el ascenso a coronel (al igual que a cabo mayor o suboficial mayor) es por elección. En estos casos, una junta de evaluación elabora una propuesta de efectivos a ascender según la puntuación obtenida por calificaciones, títulos, cursos, méritos o participación en misiones. Esta relación de aspirantes, que se elabora normalmente en el mes de abril, se traslada al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, que elabora un informe y da traslado al ministro para su aprobación definitiva, que suele firmarse en junio, pues el ciclo anual de estos ascensos va desde el 1 de julio al 31 de julio del siguiente año.

En el caso de Lezcano-Mújica, fue procesado el 3 de marzo de 2011 y un mes después se elaboró la propuesta de ascenso en la que estaba su nombre entre los elegidos. Según las mismas fuentes, a la entonces ministra Carme Chacón «le metieron un gol», porque «de ninguna manera podía figurar como propuesto para el ascenso» al estar procesado. Pese a ello, la ministra firma la propuesta el 14 de junio de dicho año y el teniente coronel asciende a coronel en la primera tanda, el 20 de julio.

Así que, para tratar de anular ese «gol», Morenés podría ordenar la apertura de un expediente de lesividad, tal y como marca el artículo 103 de la Ley de Procedimiento Administrativo, contra el ascenso por resultar lesivo para los intereses generales y el prestigio tanto de las Fuerzas Armadas como del propio Ministerio de Defensa. El plazo para ello es de «cuatro años desde que se dictó el acto administrativo», por lo que la fecha límite sería el próximo 20 de julio. Este expediente podría estar resuelto en un plazo aproximado de dos meses, pues el trámite de audiencia para que los afectados presenten la documentación requerida, es de 10 a 15 días (artículo 84). A partir de ahí se dictaría una orden ministerial de lesividad, por lo que Defensa podría iniciar el procedimiento a través de la Abogacía del Estado, pidiendo que interponga un recurso contencioso-administrativo contra el ascenso, solicitando a la Audiencia Nacional su anulación judicial. Es decir, «Defensa demandaría a Defensa», explican las mismas fuentes. El procedimiento podría prolongarse durante varios meses, unos 10 según la experiencia de otros casos, porque, aunque es una fórmula desconocida, «no es infrecuente la anulación de ascensos por este procedimiento o con los artículos 43, 45.4 y 46.5 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa», y han sido varios los casos en los que se han anulado ascensos.