«Necesita un lavado de cara»

Ante el aniversario de la Constitución, LA RAZÓN analiza con varios expertos constitucionalistas si es necesario modificar algún aspecto del texto de 1978, cuáles o qué elementos de la Carta Magna siguen vigentes en la actualidad

Como cada vez que ocurre en los últimos años, cuando se aproxima el 6 de diciembre vuelve al tapete del debate político la necesidad de abordar o no una reforma de cierto calado en la Constitución, que mañana cumple 38 años desde que fue refrendada por amplia mayoría por el pueblo español. Desde aquel 6 de diciembre de 1978, apenas se han llevado a cabo unas pocas modificaciones. La primera para que, de acuerdo con el Tratado de Maastricht, los extranjeros residentes en España, atendiendo a criterios de reciprocidad, pudieran elegir y ser elegidos cargo público en las elecciones municipales; y más recientemente, en 2011, la modificación del artículo 135 de la Constitución, para imponer como obligatorio el equilibrio presupuestario de las distintas administraciones. Esta última fue también una de las más criticadas, ya que la pactaron entre el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y el PP, lo que provocó las críticas del resto de los partidos por la falta de diálogo y consenso.

¿Ha llegado entonces el momento de abordar una reforma más en profundidad? En su caso, ¿a qué debería afectar? ¿Se pueden hacer algún tipo de «concesiones» al nacionalismo» en esa hipotética modificación?

Los juristas consultados por LA RAZÓN coinciden de forma prácticamente unánime en que esta legislatura debe convertirse en la que se lleve a cabo una reforma de la Carta Magna, manteniendo los principios básicos pero con un «lavado de cara». Y, de forma esencial, delimitando claramente las competencias del Estado y de las diferentes comunidades autónomas.

De esta forma, Manuel Almenar, presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y presidente de sección de la Audiencia Provincial de Pontevedra, considera que la Constitución «es un ser vivo, que necesita crecer y madurar al compás de los cambios sociales», toda vez que en los últimos 38 años, «la sociedad ha cambiado, nosotros hemos cambiado. Las reglas del juego que nos dimos, y que sirvieron para prosperar como nación y como ciudadanos, chirrían».

No desde la división

Por ello, considera que ha llegado la hora de afrontar «cómo queremos integrarnos en Europa, la sucesión en la Corona, la constitucionalización de los mecanismos que garanticen y refuercen la separación de poderes y la independencia del judicial (como el sistema de elección de los vocales judiciales por los propios jueces), la reformulación del régimen electoral para acoger las listas abiertas y facilitar la responsabilidad de los electos, la reforma del Senado, el cierre de la organización territorial o la recuperación por el Estado de las competencias cedidas y no ejercidas o ejercidas de modo no satisfactorio para el ciudadano». Sin embargo, el presidente de la APM tiene claro que esas reformas no pueden llevarse a cabo como imposición de media España contra la otra media: «Las cosas verdaderamente importantes no se pueden ni deben conseguir desde la división, sino como fruto de una actuación común. Centrémonos en lo que nos une y no en aquello que nos separa».

Por su parte, Enrique Arnaldo, catedrático de Derecho Constitucional y colaborador del CES Cardenal Cisneros, considera que a la Constitución española, a la que define como «la obra jurídico-política más excelsa de nuestra historia constitucional» que rige en plenitud la vida de España, «desde luego le han aparecido canas, ha sufrido resfriados y alguna alteración leve, pero sigue estando en perfectas condiciones».

Por ello, entiende que si bien cabe afrontar su reforma, «ésta no es una necesidad existencial, es decir, aún dispone de una amplia expectativa vital, por más que determinadas adaptaciones o actualizaciones pudieran ser aconsejables».

«¿A dónde queremos llegar?»

En su opinión, la reforma posible se debería centrar en la organización de los poderes públicos incluido el modelo territorial, pero para afrontarla, asegura, «debemos en primer término aclarar el alcance de la reforma, es decir a qué partes alcanzaría; los límites de la misma y por tanto a dónde queremos llegar; y también la metodología a emplear, que requiere como presupuesto básico el consenso mayoritario. Y ello porque la reafirmación del pacto constituyente exige la misma condición que en 1978, el consenso».

Para Carlos Vidal, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la cuestión está muy clara y se resumen en una frase: «Si no hay reforma, acabará habiendo ruptura». Y es que, en su opinión, «una Constitución que no se reforma con frecuencia se convierte en obsoleta: su eficacia normativa y vigencia se van debilitando», por lo que «cuanto más tiempo tardemos en abordarla, más riesgo habrá de ruptura y no de reforma constitucional».

A la hora de abordar esa reforma, Vidal considera que un buen punto de partida es el informe del Consejo de Estado de febrero de 2006. Algunas son «reformas pequeñas, pero necesarias», como es el caso de incluir las referencias a la Unión Europea, la supresión de la primacía del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona, o la propia denominación de las comunidades autónomas.

Otras, añade, son mucho más complejas, como por ejemplo la actualización del catálogo de derechos fundamentales. «Y, por supuesto, la reforma más necesaria, pero la más difícil de todas, es la de cerrar el modelo territorial, que en la Constitución actual es un modelo permanentemente abierto».

La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra, Asunción de la Iglesia, comparte igualmente la necesidad de abordar la reforma constitucional: «Es evidente la necesidad de eliminar la discriminación de la mujer en la sucesión a la Corona, pero también la actualización del título VIII de la organización territorial del Estado, previsto más como un proceso de conformación del modelo territorial que como un regulador de su funcionamiento», además de analizar lo relativo al sistema electoral o aquellas cuestiones relativas a los órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Constitucional.

En relación con el modelo territorial actual, Asunción de la Iglesia asegura, después de señalar que sobre esta cuestión, que está en proceso de discusión permanente, se ha utilizado la vía estatutaria para reformas que habrían requerido ir al texto constitucional para evitar forzar su letra.

«Algunos ven en la reforma la solución a los independentistas, pero en ese caso, ¿hablamos de reforma o de desmembración del Estado? A mi juicio, éste es el mayor riesgo de todo el proceso de reforma que, sin embargo es necesaria».

Parece, por tanto, que existe una cierta unanimidad en el mundo jurídico a la hora de afirmar que la Carta Magna necesita más de un retoque; pero para ello es imprescindible, lo primero, contar con un amplio consenso político.