ONG, jueces y policías, a favor de prohibir el burka

Varias de las principales ONGs, así como colectivos de jueces y policías se mostraron este jueves a favor de prohibir en España el uso del burka en espacios públicos. Por el contrario, Amnistía Internacional y la Junta Islámica se opusieron a esta medida, al considerar que es algo innecesario, ya que pocas mujeres lo llevan en territorio español. Defendieron la prohibición del burka Mujeres Juristas Themis, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Confederación Española de Policías (CEP), Movimiento contra la Intolerancia y Europa Laica. Los portavoces de estas asociaciones se pronunciaron sobre este asunto tras la sugerencia que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, lanzó este miércoles en relación con la posible regulación del uso del burka en espacios públicos, algo que se haría con el propósito de garantizar la seguridad ciudadana.

A este respecto, la mayoría de los colectivos de juristas, policías y ONGs consultados mostraron su disposición a la prohibición del uso de esta prenda "porque es algo discriminatorio", pero puntualizaron que "nunca se debería hacer por motivos de seguridad ciudadana, puesto que el problema no es ese".

En ese sentido, se manifestó, en declaraciones a Servimedia, Ángeles Jaime de Pablo, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, quien indicó que "la discriminación de las mujeres es una forma de no respetarse los derechos humanos", y opinó que el burka es algo "incapacitante"para las mujeres que lo portan". Eso sí, aclaró que la regulación del burka es un tema "muy delicado"y que se debe abordar con cuidado, "porque afecta a la identidad de las musulmanas que usan la prenda".

Estas asociaciones aconsejaron al Gobierno que en caso de abordar el desarrollo de la prohibición, tengan cuidado de no caer en la tentación de legislar de tal modo que se desate la "islamofobia"entre las comunidades afectadas.

En esa línea se manifestó, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, quien se mostró a favor de regular el uso del burka en la Ley de Seguridad Ciudadana pero aconsejó que el desarrollo de la posible norma se haga evitando la islamofobia, porque "es una decisión que no tiene que interpretarse como un conflicto de la libertad religiosa porque no tiene nada que ver".

Del mismo modo, Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, explicó que es necesario la existencia de límites y barreras en los espacios públicos a la hora de utilizar el burka porque hay ámbitos, como el educativo o el sanitario, por ejemplo, donde es necesario "el uso de una cara para poder trabajar".

Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llanera, aseguró que una iniciativa parlamentaria en España para la regulación del uso del burka sería "razonable"y "conforme con una sociedad democrática". A su juicio, "la seguridad y el respeto a los derechos humanos son dos aspectos básicos para abordar la tramitación parlamentaria en España de una ley sobre el empleo de esta prenda".

Algunos de los portavoces de estas asociaciones plantearon que el uso del burka "puede llegar a dificultar la labor policial a la hora de garantizar la seguridad en las manifestaciones".

Es el caso del portavoz de la CEP, Antonio Labrado, quien garantizó que "el burka lo que imposibilita es identificar claramente a una persona", cuando así se requiere por "seguridad", al tiempo que subrayó que la Policía "no tiene la capacidad de vislumbrar si detrás del burka , o de una persona embozada o con careta, hay un terrorista o una persona con unas creencias religiosas".

Sin embargo, algunos colectivos insistieron en que la prohibición por parte del Ejecutivo de esta prenda supondría una "coacción"por parte del Estado. Así se pronunció María Serrano, portavoz de Política Interior de Amnistía Internacional en España, asegurando que "es una medida innecesaria y desproporcionada porque afectaría a todas las mujeres que llevan el velo integral, independientemente de si éstas deciden llevarlo libremente o si se ven coaccionadas a llevarlo. Para nosotros, el punto de coacción es fundamental: cuando el Estado se mete en decidir cómo se visten o deben dejar de vestirse las mujeres".

Por último, Isabel Romero, presidenta de la Junta Islámica, afirmó que el Gobierno "debería preocuparse más de garantizar la conciliación familiar y menos de regular el uso del burka". En ese sentido, Romero sostuvo que no existe en la actualidad un problema social que obligue a que el Ejecutivo se plantee impulsar una regulación de este tipo, "ni por volumen de mujeres que lo usan, ni por su dignidad, ni por seguridad ciudadana". Remarcó que "existen cauces legales para que puedan defenderse y denunciar que se está vulnerando su libertad y sus derechos como persona".