Operación vuelco 26-M

El PP espera recuperar comunidades como Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares y Asturias, y las principales capitales.

Los partidos diseñan sus estrategias electorales a partir de los primeros estudios demoscópicos que van recibiendo de las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Puede haber vuelco en el poder territorial, y la llave de ese cambio en muchos gobiernos la tendrá Ciudadanos (Cs). Los datos que maneja el PP, de las empresas con las que trabajan, señalan que la suma del PSOE con Podemos, Izquierda Unida y sus marcas territoriales podría perder casi todas las principales capitales de provincia que conquistaron en las elecciones de 2015. Pero la fragmentación del voto, que las encuestas confirman que no es circunstancial, deja como árbitro del partido a la formación de Albert Rivera. Así, el cambio hacia el centro-derecha en capitales tan significativas como Madrid, Valencia, Cádiz, Granada o Palma dependerá de la política de pactos que active Ciudadanos. Y la izquierda también tiene en el aire su mayoría en feudos autonómicos que se identifican con la fuerza del poder territorial del PSOE, como Castilla-La Mancha y Extremadura, además de en Asturias o Baleares, por ejemplo. El pacto en Andalucía sienta un precedente que en su extrapolación a nivel nacional puede provocar un cambio radical en el poder autonómico y municipal. Si Albert Rivera así lo favorece.

La dirección nacional planteará en la precampaña la exigencia de que los partidos aclaren antes de las elecciones su política de pactos para que los ciudadanos, dicen, «sepan para qué se van a usar sus votos». Esta jugada en el discurso electoral no es nueva, pero en Génova señalan que en estos comicios adquiere una relevancia «determinante porque es evidente que las mayorías de gobierno serán una excepción en todo el mapa nacional».

El PP de Pablo Casado aspira a recuperar el poder perdido en 2015 mediante el juego de alianzas en el centro derecha, con Ciudadanos y Vox, intercambiando «cartas» en el equilibrio. Podría ser Alcaldía de Madrid y Comunidad de Madrid, por ejemplo. Y hará campaña bajo el estandarte de su compromiso con el cambio y presentándose como líder del bloque de centro derecha, en tanto las encuestas acompañen este lema. Los populares, como han hecho todos los partidos con excepción del PSOE, niegan validez a los datos que arroja el último sondeo del mes de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en clave generales. En Génova sus últimos datos siguen otorgando la victoria al PSOE, pero ellos se mantienen en segundo puesto, a una distancia muy pequeña. El pacto andaluz no beneficia a Ciudadanos, que baja, Y Podemos se sitúa a niveles de Izquierda Unida en 1996. Vox tendría una representación parecida a la del partido de Pablo Iglesias.

Pero son cálculos hechos sin patrón histórico, porque nunca antes hubo que repartir votos entre tantos jugadores, y esto hace aún más difícil la aproximación demoscópica. Como se ha demostrado en todas las últimas elecciones. Con Vox, por ejemplo, podría ocurrir que sus votos fueran papeletas perdidas en más de una quincena de capitales de provincia porque no fueran suficientes para sumar escaño. Y serían votos que perdería el bloque del centro derecha. Aunque no hay encuesta que niegue que el partido de Santiago Abascal puede entrar con mucha fuerza efectiva en plazas tan simbólicas como la madrileña.

PP y Ciudadanos se manejan con la previsión de que Cataluña y el juicio del «procés» condicionen la campaña de las elecciones de mayo. Vox, como acusación particular, utilizará el juicio como plataforma para dar fuerza a su campaña, y PP y Ciudadanos asumen que Cataluña se está convirtiendo en un tema más rentable para Vox que para ellos. En el electorado más a la derecha el PP paga el coste de que llegó a celebrarse el referéndum ilegal del 1-O, hecho que el Gobierno de Rajoy negó y negó que fuera a suceder. También pagan la «tibieza» de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, consecuencia del acuerdo del Gobierno con PSOE y Ciudadanos para ir de la mano en este asunto de Estado.

A Ciudadanos también le ha salido un competidor capaz de movilizar más la emotividad del voto nacional y por la bandera después de que su condición de primera fuerza en las últimas elecciones catalanas no se haya traducido en ningún cambio efectivo en el Parlamento catalán. El pulso independentista ha dado alas a un voto muy emocional que se mueve con más transversalidad que la que calculaban en Ferraz, como se ha visto en Andalucía.

Ante las elecciones de mayo Vox tiene a su favor que el independentismo está decidido a utilizar el juicio como plataforma política. Si dicen que es un juicio político, en lógica consecuencia su estrategia irá dirigida a desarrollar una estrategia política en paralelo a la penal bajo el mantra de que votar no es un delito y en favor de la «consulta al pueblo catalán», es decir, del referéndum de autodeterminación. Que los partidos independentistas vayan a convertir el juicio del Tribunal Supremo, que está previsto que empiece el próximo día 12, en un circo político, le viene muy bien a Vox, por el enfrentamiento entre bloques extremos, aunque tanto PP como Ciudadanos movilicen su discurso más duro frente al desafío independentista. Y ahí se jugará una parte importante de la campaña de las autonómicas y municipales. Esto hace que en medios políticos, constitucionalistas e independentistas, se comparta la impresión de que el Gobierno realmente no quiere en estos momentos la foto del acuerdo con los soberanistas para sacar adelante los Presupuestos de 2019.