Otegui pide “impunidad” para 30 etarras ante la investidura

El colectivo etxera, bajo la tutela del líder de Bildu, exige el regreso de los “deportados”.

El entorno de ETA, que hoy se mueve en la legalidad, busca una solución para lo que llama “deportados” y “exilados”, que no son otra cosa que terroristas huidos de la Justicia.

Será casualidad o no, pero el tema se pone sobre la mesa en estos momentos, cuando, según todos los indicios, el nuevo Ejecutivo dará un giro a la izquierda y puede ser especialmente receptivo a este tipo de asuntos.

De entre los que se hallan en la situación de “deportados”, el entorno proetarra ha “seleccionado” a doce que, en la actualidad, están en Cuba (tres); Venezuela (cuatro), Cabo Verde (cuatro) y Santo Tomé (uno), aunque reconoce que la cifra de los que pretenden volver a España es de una treintena.

Las listas de las que disponen fuentes antiterroristas, no coinciden con las cifras que facilita Etxerat, por lo que cabe pensar que se han trasladado de un país a otro, han vuelto a España al no tener causas pendientes o no están en la línea “oficialista”. Los que figuran en Cabo Verde, son sólo dos: Félix Manzanos Martinez y José Antonio Olaizola Achúcarro.

En Cuba, Jesús Abrisqueta Corta, Miguel Ángel Apalategui Ayerbe, Agustín Azcárate Inchaurrondo, José Ignacio Rodríguez Muñoa y Elena Bárcena. Tres de ellos serían los elegidos por Etxerat.

En Venezuela, Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, Oier Eguidazu Bernas, Asier Gurudi Zaloña, José Ignacio de Juana Chaos, Luis Maria Olalde Quintela, Martin San Sebastián Aguirre, José Ángel Uriz Zabaleta. De estos, son cuatro los seleccionados.

Y en Santo Tome estaba desde hace tiempo, Alfonso Echegaray Achirica. Su situación actual se desconoce.

Lo que se pide para estos individuos es que puedan volver a sus casas sin tener que rendir cuentas ante los tribunales; y que sean sus representantes los que administren las posibles responsabilidades que puedan tener por los crímenes cometidos.

Si están “deportados” en esos países es por su propia voluntad, ya que si tanto desean volver a España basta con que se entreguen en la Audiencia Nacional y, si no hubiera nada contra ellos, saldrían en libertad; en caso contrario, claro, ingresarían en prisión. Y esa duda es por la que no quieren pasar, para mayor escarnio de las víctimas.

Etxerat es la organización que agrupa a los familiares de los presos y “deportados” y que actúa bajo el control de Sortu y de su líder, Arnaldo Otegui. El gran “triunfador” de los comicios al lograr grupo parlamentario para EhBildu en el Congreso y poder hacer valer esos votos en una investidura.

Aunque la reunión que celebraron con una entidad que se autoproclama “Foro Social” fue el pasado sábado, no es casualidad que el asunto se plantee ahora, cuando los antiguos proetarras pretenden que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les tenga en cuenta para la investidura, como ya hizo en su momento al aceptar los votos de EhBildu.

Admiten que ya han logrado el regreso al País Vasco de algunos “deportados” y reclaman para ellos pensiones como si hubieran cotizado toda la vida. “Al regresar se encuentran con carencias importantes en su vida laboral y personal. Lo trabajado allá donde vivían, ha sido en condiciones irregulares y, por lo tanto, tienen una jubilación precaria”, dice Etxerat.

Entre las propuestas acordadas con el referido “Foro”, figura la de exigir a “las instituciones pertinentes la vuelta de aquellas personas huidas contra quienes no existan procedimientos judiciales abiertos o que, si los hubo, hayan prescrito”.

No se quedan ahí y para poder meter a todos en el mismo saco, añaden piden “la vuelta de personas sobre las que únicamente existan acusaciones basadas en testimonios obtenidos bajo tortura”. No explican cómo lo acreditarían, pero da igual. LO importante es acusar a las Fuerzas de Seguridad.

Agregan que “en el marco de una justicia transicional (que exculparía a los terroristas), articular una solución jurídica para todas aquellas personas que sufren la pena de deportación”.

Para convencer a los disidentes, que los hay, les recomiendan que “sean participantes activas en el desarrollo del proceso de paz y normalización”. Y si queda alguno, señalan que “en los casos restantes, determinar medidas de justicia transicional para quienes decidan volver, en el marco de un proceso de paz y reconciliación”.

Otegui y los suyos saben que si llega a cuajar el Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, tienen bastantes posibilidades de poner el asunto de los “deportados” y de los presos encima de la mesa. Es uno de los flancos débiles del dirigente de la izquierda abertzale al que los disidentes de ATA le acusan que, tras muchas promesas en el “proceso de paz”, ha dejado materialmente “tirados” a los reclusos. ATA es la ”competidora” de Etxerat en el mundo de los presos.