Pablo Casado, en LA RAZÓN: «No es urgente reformar los aforamientos»

El líder del PP cree que ya «no hay margen para negociar» con la Generalitat la cesión de más competencias.

Tras la intervención del líder del PP con sus propuestas de futuro llegó el turno de las preguntas lanzadas por la terna que formaron Santiago González, director de Informativos de Antena 3; Julián Cabrera, director de informativos de Onda Cero; y Francisco Marhuenda, director del diario LA RAZÓN.

–Santiago González: Habla de bajar impuestos como el IRPF, pero la ministra de Economía hablaba de una subida de impuestos inminente porque «la situación lo permite». ¿La situación lo permite?

–Pablo Casado: No, desde luego que no. Decía Julián Marías que los españoles somos los únicos que negamos las cifras. En este año se van a recaudar 410.000 millones de euros de los cuales 200.000 son Agencia Tributaria, 22.000 son incremento de recaudación respecto al año pasado y 12.000 serán ingresos adicionales de un año a otro de impuestos. Con esa recaudación, más los 4.000 millones de euros que los Presupuestos reservaban para gasto de las comunidades autónomas no hay ninguna necesidad de subir los impuestos.

Pero es que además el Ministerio de Economía lo que ha hecho es no decir toda la verdad y dijeron que habían pactado esa desviación del déficit del 0,5; lo cual es una obviedad porque es desconocer que por encima del 3% estás en la garra correctora y por debajo estás en el mecanismo de supervisión. No te pueden exigir, pero el mecanismo de supervisión es igual de severo. Si bajamos del 3%, podemos desviarnos un 0,5. ¿Pero para qué? Para gasto directo, para hacer un «plan E», un campaña eterna electoral donde veamos muchas aceras y papeleras. La ministra dice que si el PP no acepta el techo de gasto tendrá que subir impuestos. El dogmatismo confiscatoria es algo que va contra todo orden de solidaridad y de competitividad. Eso es lo que están manteniendo y les vamos a decir que no cuenten con nosotros. Los impuestos hay que bajarlos.

–S. G: Con respecto a los títulos universitarios ¿Cómo cree que afecta a la gobernabilidad más allá de la polémica?

–P. C.: Creo que a los ciudadanos menos que a los partidos políticos. Tengo una buena costumbre desde que era portavoz que es que no me meto en los temas personales. Ahora el tema ha irrumpido con lo de los títulos universitarios y son las universidades las que tienen que dar explicaciones. Me fijaría más en el doble rasero y el estándar que ha creado cada partido. Hay que diferenciar lo que son acreditaciones habilitantes públicas –si una persona tiene una beca fraudulenta, si ha accedido a una oposición de forma irregular, o si tiene un mérito académico habilitante como un doctorado como es la docencia, creo que es cuando la universidad o la jurisdicción contencioso administrativa podrá exigir responsabilidades–. Que nos estemos metiendo en títulos no habilitantes donde no había ninguna acreditación para ejercer nada y donde las propias universidades no están siendo capaces de explicar por qué se impartían... En mi caso lo que estoy haciendo es absoluta transparencia y darle la importancia que tiene. Da la sensación que estas cortinas de humo pretenden ocultar las vergüenzas de las cosas que debería estar gestionando un gobierno o la alternativa de un partido de la oposición.

–Julián Cabrera: ¿Con la ley en la mano se dan las condiciones para aplicar un 155 de nuevo?

–P. C.:El artículo 155 no suprime la autonomía, la garantiza.La Constitución debe actuar y el Gobierno debe actuar a través de ella. Porque ahora lo que observamos ya no solo es la confrontación en las calles, la humillación de los españoles en el entorno internacional... sino que puede llegar un momento en el que, si la Generalitat está haciendo uso de sus competencias en materia de seguridad, y los Mossos están recibiendo instrucciones contra una instrucción judicial o en contra de respetar la libertad en el espacio público, ya hay una conculcación de derechos. El Gobierno también tiene que restaurar nuestra posición internacional. Hemos visto cómo Bélgica se está convirtiendo en una especie de tribunal de tercera instancia para la jurisdicción española. Que venga un tribunal de Bélgica a decir que una sentencia firme por enaltecimiento del terrorismo –como la del rapero Valtonyc– se puede derrocar, no sé cómo el Gobierno no ha ido inmediatamente a Bruselas o ha llamado a consultas al embajador. Si la euroorden está basada en la confianza mutua entre países, en el momento en el que no te devuelven al delicuente ¿qué sentido tiene la euroorden? Y creo que ya no hay margen para la negociación porque no hay nada que se pueda dar ya en competencias, porque el pacto fiscal es imposible. Ya no hay capacidad de negociar con quien quiere la destrucción de tu propio estado y ya engañaron dos veces.

–J. C.: Estamos prácticamente en precampaña de las municipales y autonómicas. ¿Qué pesará a la hora de definir sus candidatos: los referentes actuales en cada municipio, hombres importantes como ex ministros o va a haber alguna sorpresa con algún independiente?

–P. C.:Un poco de todo, ¿no? Sobre los tiempos, yo soy muy anglosajón: antes de la Convención Nacional tienen que estar todos los candidatos nombrados. ¿Cuál es la posición que tiene la Dirección Nacional en esto? Estamos muy contentos con las personas que ya están desarrollando su labor de gobierno y su labor de oposición. Hay que recordar que el Partido Popular, allá en 2015, teniendo un resultado malo, perdimos casi la mitad del poder territorial por pactos de los perdedores. Queremos plantear candidaturas ganadoras y programas electorales atractivos. En la Convención Nacional, yo quiero, si mis compañeros me lo permiten, plantear programas electorales casi como manifiestos. Eso es en lo que creo: programas electorales que la gente conozca, que el autónomo que levanta la persiana sepa que, si gana el Partido Popular, cuánto va a pagar, cómo le van a ayudar o cómo no le van a molestar.

–Francisco Marhuenda: ¿Cuál es su posición sobre la reforma de la Constitución para reducir los aforamientos?

P. C.: No vamos a morder el anzuelo. Que quieren suprimir los aforamientos, nos parece fenomenal: los 250.000. ¿Qué problema hay? Pero ellos proponen suprimir los aforamientos de los políticos que están ahora, pero de los temas que se han hecho en política pero no molestar a los jueces, a los policías o a los guardias civiles y al Ejército. En España hay 250.000. Que se quieren quitar, me parece muy bien. Nosotros hemos propuesto en el programa electoral la racionalización de los aforamientos. En el PP no tenemos nada que temer, nada que ocultar. Somos los que hemos legislado la transparencia, la financiación de los partidos políticos, la Ley del Alto Cargo, los que hemos modificado el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No vamos a permitir que esto sea perentorio o urgente. El PP no está a favor de una reforma constitucional porque no tenemos mimbres para hacer un mejor cesto, porque enfrente no tenemos a Solé Tura, tenemos a Pablo Iglesias; ni tenemos a Miquel Roca, tenemos a Puigdemont y a Torra; ni siquiera tenemos a Peces Barba, tenemos a Pedro Sánchez. Con ese pacto constitucional, pusimos el andamiaje para que durara como la Constitución americana, tres siglos. Que ahora mismo la urgencia sean los aforamientos, cuando te dice Podemos que además va a plantear un referéndum... Si eso lo plantean, el Partido Popular no va a estar a favor. Si me preguntas, os diré lo que es urgente. En primer lugar, derogar la disposición adicional cuarta que permite la anexión de Navarra al País Vasco de forma legal y constitucional. Si yo fuera presidente del Gobierno a favor de la reforma constitucional, le explicaría a la gente de Navarra lo que está haciendo la señora Barcos y los jetzales y abertzales para plantear que el País Vasco por fin tenga la historia centenaria que le falta más allá de Sabino Arana y anexionar Navarra al País Vasco. ¿Y eso no es urgente? ¿O es que no es urgente ampliar la delimitación de los derechos que el Constituyente sólo planteó en el articulado? ¿Por qué son urgentes los aforamientos? Por Sánchez. Lo urgente no es reformar la Constitución, lo urgente es tapar la incapacidad para gestionar este país y, sobre todo, es tapar los escándalos que todas las semanas afectan a uno de los miembros del Gobierno.