Pase lo que pase, 155 sin retorno

La mera convocatoria de elecciones no basta para desactivar las medidas de intervención. Hacer volver a la legalidad a la Generalitat es una obligación constitucional.

La mera convocatoria de elecciones no basta para desactivar las medidas de intervención. Hacer volver a la legalidad a la Generalitat es una obligación constitucional.

El president Puigdemont ya nos tiene acostumbrados a los sobresaltos. Cuando toda España estaba pendiente de su declaración y todo parecía indicar que finalmente, y fruto de las presiones desde distintos entornos, accedía a convocar elecciones autonómicas, nueva sorpresa.

En todo caso, inmediatamente surgen voces tendentes a abortar el 155, como si el artículo de la Constitución española fuera el verdadero problema y no la solución. Analicemos la situación: realmente, con la convocatoria de elecciones autonómicas, ¿todo volvería a la normalidad? ¿Volverían a instalarse en la legalidad las instituciones políticas catalanas? ¿Volverían las empresas a fijar su sede en Cataluña? ¿O más bien el daño ya está hecho?

Parecería más bien que al president no le queda otra opción política realista y que la amenaza independentista se desinfla cuando se da de bruces con la realidad; queda demostrado que la ansiada independencia no es un fin en sí mismo, sino un medio para poner en jaque al Gobierno cada cierto tiempo. El problema es que en esta ocasión ha llegado demasiado lejos y se ha dado cuenta de que toca replegar velas, eso sí, habiendo conducido a miles de personas, por medio de la manipulación, a la frustración de una causa imposible.

Entre las muchas voces que abogan por abandonar el 155 está la de la portavoz del grupo socialista en el Congreso, Margarita Robles, quien el miércoles expresó que en caso de que Puigdemont optara por la convocatoria de elecciones, ya no cabría «ni política ni jurídicamente» seguir adelante con la aplicación del 155. Pero realmente, ¿la mera convocatoria de unas elecciones autonómicas debería bastar para desactivar el 155?

Si la finalidad de este artículo de la Constitución es obligar a una comunidad autónoma incumplidora con sus deberes a volver a la legalidad y proteger así el interés general, ¿por qué se afirma, taxativamente, que no cabe jurídicamente la aplicación del 155? ¿No ha habido acaso un incumplimiento manifiesto de sus obligaciones por parte de las instituciones públicas catalanas desde el pasado 6 de septiembre? ¿Ha atendido Puigdemont satisfactoriamente el requerimiento hecho por el Gobierno? ¿Ha acatado el Parlament la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionales, y por tanto nulas, las leyes del Referéndum y de Transitoriedad? ¿Han renunciado a declarar la independencia de Cataluña? ¿Han restablecido el normal funcionamiento del Parlament? ¿Es consciente, por fin, de haberse saltado la legalidad y haber dañado seriamente a Cataluña provocando la huida de empresas y la fractura de la sociedad catalana? ¿Se ha arrepentido de provocar con su desafío separatista la mayor crisis de la democracia española?

Las respuestas a todas estas preguntas son negativas. Por lo tanto, claro que cabe el 155; y no es sólo que quepa su aplicación, es que es una obligación constitucional, no es una facultad del gobierno. La aplicación del 155 no es facultativa, es preceptiva, y el Gobierno no tiene elección por muy tortuoso que le pueda resultar el camino. Se dio el incumplimiento de la comunidad, no se atendió el requerimiento del Gobierno, y de momento no se ha producido ni la vuelta a la legalidad, ni una asunción de responsabilidad, ni hay voluntad de desestimar sus pretensiones secesionistas.

El presidente del Gobierno tiene que pensar exclusivamente en el interés general de los españoles, y aunque lo ideal sería hacer frente a este complicado reto con el apoyo incondicional y sin fisuras por parte de los otros dos grandes partidos constitucionalistas, Ciudadanos y PSOE, la supuesta retirada del apoyo no debe servir de excusa.

Concretamente, si al PSOE le asaltaran dudas, complejos, o cometiera el error de caer en la miopía del cálculo electoralista, esto no debería ser óbice para que el Gobierno, que cuenta con mayoría en el Senado para aprobar las medidas del 155, siga adelante con el cumplimiento de la Ley.

De lo contrario, y como decía Maquiavelo, tendremos «primero el desorden y luego la guerra» –un nuevo desafío independentista o chantaje nacionalista–. ¿O es que acaso alguien cree que unas elecciones, si es que finalmente opta por ellas, convocadas por Puigdemont, y por tanto, tácita o explícitamente constituyentes, serían la solución? ¿Sería, además, un buen momento para celebrar elecciones?

Pase lo que pase ya, el 155 no tiene retorno. El Ejecutivo ha de hacer cumplir la ley, es su obligación y ha de hacerlo bien, no a medias ni en versión suave. Las cosas hechas a medias están mal hechas y es importante sentar un buen precedente. Se trata de restaurar el orden constitucional y devolver a la autonomía su normal funcionamiento. Por lo tanto, no le debe temblar el pulso al señor Rajoy para hacer lo que debe. La historia nos ha dejado suficientes ejemplos de cómo las urnas han reconocido a los líderes políticos que han sabido tomar las decisiones acertadas en el momento oportuno.

* Profesora de Derecho Consitucional, Universidad Nebrija.