Pekín califica de «absurda» la orden de arresto contra el expresidente Jiang Zemin

El Gobierno chino mostró hoy su "fuerte malestar"por las órdenes internacionales de arresto emitidas por la Justicia española contra cinco exlíderes comunistas, entre ellos el expresidente Jiang Zemin y el ex primer ministro Li Peng, por la represión en el Tíbet.

"China expresa su fuerte malestar y su firme oposición a las instituciones españolas que, ignorando la posición china y siendo inconsistentes con previas declaraciones, manipulan este asunto", señaló en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Hong Lei.

"Esperamos que las partes relevantes en España tomen con seriedad la preocupación china y no hagan nada que dañe a este país o la relación entre China y España", agregó.

Hong señaló que China ha pedido a España que clarifique la decisión y culpó a "separatistas tibetanos"de "crear rumores y calumnias, haciendo acusaciones falsas contra el Gobierno chino, para dañar sus relaciones bilaterales con otros países".

"Esas acciones están condenadas a fracasar", añadió el portavoz, quien puntualizó que la posición china en el conflicto tibetano es "clara y consistente"y que España "también sabe eso".

La Audiencia Nacional española dictó ayer órdenes internacionales de detención contra Jiang, presidente de China entre 1993 y 2003, y otros cuatro exdirigentes de ese país dentro de la causa en la que investiga la represión del régimen comunista de la República Popular sobre los habitantes de Tíbet.

Las órdenes -que de seguir los cauces habituales serán enviadas a la Interpol- también afectan a Li Peng, primer ministro chino a finales de los años 80 y principios de los 90, y Qiao Shi, exjefe de la seguridad china y responsable de la policía armada.

Los otros dos afectados son Chen Kuiyuan, secretario del Partido Comunista de China en Tíbet entre 1992 y 2001, y Peng Peiyun, ministra de Planificación Familiar del país asiático en la década de los 80.

Esta causa se abrió después de que el Comité de Apoyo al Tíbet y la Fundación Casa del Tíbet presentaran una querella dirigida contra siete dirigentes chinos, entre ellos el expresidente Hu Jintao (sucesor de Jiang Zemin en el cargo hasta marzo pasado), sobre quien la Audiencia Nacional no ha dictado orden de detención.

A los querellados se les acusa de un delito de lesa Humanidad por dirigir un ataque "generalizado y sistemático contra la población tibetana"entre finales de la década de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado.

La querella fue admitida a trámite en enero de 2006, cuando la Audiencia Nacional se declaró competente para investigar el genocidio denunciado ante la imposibilidad de que pueda ser investigado por jueces chinos o por el Tribunal Penal Internacional.

La Justicia española interpreta que los sospechosos de crímenes de guerra o delitos de genocidio pueden ser procesados fuera de su país de origen siguiendo el principio de jurisdicción universal.

Este principio se puso en práctica en el auto de procesamiento del exdictador chileno Augusto Pinochet y más tarde en casos contra oficiales ruandeses, antiguos exguardias nazis, israelíes involucrados en bombardeos en Gaza o exsoldados salvadoreños por el asesinato de sacerdotes jesuitas.

Esta premisa fue limitada en 2009 por el Gobierno español a aquellos delitos en que las víctimas sean españolas. En el actual caso uno de los querellantes es el lama Thubten Wangchen, que tiene nacionalidad española.