PP y UPyD se unen para que los etarras sin arrepentir no cobren subsidios

MADRID- Desmarque absoluto. El PSOE, como el resto de grupos parlamentarios, no estará en el acuerdo alcanzado ayer en el Congreso de los Diputados entre el PP y UPyD para que la Cámara Baja inste al Gobierno a adoptar las medidas legales necesarias con las que endurecer los requisitos para que los etarras que salgan de prisión puedan acceder a subsidios o cargos públicos con el fin de que se establezca la obligatoriedad de pedir perdón, colaborar con la Justicia y pagar sus indemnizaciones.

La promotora de la moción, la líder del UPyD, Rosa Díez, es de las que cree que los demócratas «no deben ayudar a los totalitarios» ni permitir a «los enemigos de la democracia que se aprovechen de ella». Una visión que agradeció que compartiera el PP al aceptar su iniciativa que, recordó, habla de «criminales que asesinaban para destruir la democracia» y cuyo objetivo era «doblegar a la sociedad».

La diputada del PP Julieta de Micheo elogió la iniciativa contra quienes «han dañado la democracia» y quienes «siguen sin rechazar, ni condenar la violencia» y avisó de que no habrá cesiones ni pasos atrás porque «nosotros también tenemos memoria», enfatizó ante la mirada desde la tribuna de invitados de la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, y la directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos. De Micheo sostuvo que la propuesta de UPyD estaba en línea con la postura que ha defendido siempre el PP, que ayer votó favorablemente el texto junto a UPN.

No ocurrió lo mismo con el resto de grupos, que la rechazaron, incluido un PSOE que la consideró «ilógica e inasumible», pese a defender su diputado Antonio Trevín que «la inmensa mayoría de la sociedad siente desprecio por los terroristas», pero añadir que se les ha vencido con la ley en la mano. Su impresión es que la propuesta de Rosa Díez, que dicho sea de paso no tiene vinculación jurídica alguna, pone al Congreso «en el dilema de incumplir» la Constitución. «Uno empieza en el tobogán de las excepciones y termina en un estado de excepción permanente», zanjó el socialista antes de sentenciar que el Parlamento no se debe confundir con un tribunal y pedir que triunfe «la voz de la energía en lugar de la voz del odio o la mediocridad». El diputado abertzale de Amaiur, Rafael Larreina, replicó por su parte a De Micheo que antes de que ella tuviese «uso de razón», él ya estuvo «en una capilla ardiente en 1978 por una persona a la que le fue arrebatada la vida por ETA». «Cuando se refieren a mi grupo vinculándolo a ETA es totalmente mentira. Nuestro compromiso es claro a cualquier vulneración de los derechos humanos. Todas las formaciones que forman Amaiur han condenado la violencia de ETA y ahí están los estatutos de Sortu. Por lo tanto, ya vale», se quejó. Hecho el aviso, Larreina criticó que el modelo propuesto por UPyD estaba basado en «la venganza» y no en la reinserción. Defendió que las prestaciones previstas para excarcelados tienen que ver con la necesidad, la justicia y la generosidad de la sociedad para que esas personas se puedan reincorporar».