El presidente canario pide no caer en el "unos contra otros"

El presidente de Canarias, Víctor Clavijo, en pleno colapso por la presión migratoria, llamó ayer al entendimiento hacia los menores inmigrantes –aunque considera que la respuesta estatal a la crisis que vive el archipiélago sigue siendo «insuficiente e inadecuada»–, mientras voces por parte de Vox se alzan contra los irregulares a título particular, fuera del eje de actuación de sus respectivos gobiernos, tanto en Castilla y León como Andalucía, donde el PP siempre se ha mostrado a favor de una acogida legal y ordenada. Así, el vicepresidente de la Junta de castellano-leonesa, Juan García-Gallardo (Vox), criticó en su cuenta de X al fiscal superior de la Comunidad, Santiago Mena, a quien calificó de «delegado del PSOE golpista» y que a su juicio «se ha excedido en sus funciones censurando políticamente su posición sobre la inmigración ilegal». Ello tras conocerse el viernes que la Fiscalía ha archivado las diligencias de investigación abiertas tras la denuncia del procurador del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León Francisco Igea contra el vicepresidente del Gobierno autonómico por la supuesta comisión de un delito de odio contra inmigrantes.

La resolución de la Fiscalía Superior de Castilla y León, a la que ha tenido acceso Efe, dicta el decreto de archivo «por no revestir los hechos acreditados carácter delictivo». La denuncia, según explicó Igea después de plantearla, se refirió a las manifestaciones del vicepresidente de la Junta difundidas a través de la red social X –antes Twitter–, en las que manifestó, entre otras expresiones, un no rotundo «a la invasión migratoria», tras el traslado de 250 migrantes llegados a Canarias hasta la localidad vallisoletana de Medina del Campo. «Aun siendo reprobables socialmente las expresiones despectivas y desde luego desafortunadas que se recogen en alguno de los comentarios, su contenido ofensivo no cumple a nuestro juicio el requisito de ‘gravedad’ que es exigible para entender que se ha producido tal lesión», argumenta el ministerio público al archivar las diligencias. Considera además que «ha de contextualizarse en una situación de permanente discusión política sobre la forma de encauzar la problemática migratoria».

Para la Fiscalía, expresiones como las que son objeto de denuncia, que fueron proferidas en el contexto de una noticia publicada por la red social X, «por más que puedan ser censurables, no cumplen el requisito de gravedad que es exigible para entender producida tal lesión. La sanción penal, debe ser la última opción y ha de quedar reservada a los hechos más relevantes».

García-Gallardo explicó que ha conocido a través de X parte de la resolución por la que la Fiscalía del TSJ archiva esa denuncia; y sostuvo que «no le corresponde a un fiscal dar su opinión política personal sobre los presuntos hechos denunciados. Debe limitarse a su calificación jurídica». «Santiago Mena tiene una posición conocida sobre la inmigración. El inmigrante ilegal siempre es víctima, nunca culpable de nada. Para él no hay un problema de delincuencia vinculado a la inmigración ilegal en las zonas más humildes. De eso nunca dice nada», añadió en el hilo abierto en X por García-Gallardo sobre esa resolución.

Por su parte, el secretario general del grupo Vox en el Parlamento de Andalucía, Benito Morillo, señaló los «alarmantes» datos en materia de inmigración irregular que deja 2023, fruto de «las políticas buenistas de esa coalición PP y PSOE». El también parlamentario por esta provincia se refirió ayer a «los últimos datos» del Ministerio del Interior sobre el citado fenómeno, lamentando que «ha crecido en más de un 82 por ciento en el territorio nacional». Añadió que en Andalucía «Cruz Roja reconoce haber atendido a un 34 por ciento más de inmigrantes ilegales respecto al año 2022», punto en el que matizó no estar «hablando de esos ilegales que han entrado, que no están computados, que serán bastante más».

Mientras, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dijo ayer que en el reparto de menores inmigrantes no acompañados no hay que caer en «la trampa de unos contra otros», ni hablar de comunidades solidarias o insolidarias, y sí de garantizar los derechos de los niños y niñas.

En ruede prensa, Clavijo explicó que en las comisiones sectoriales no se discute si hay solidaridad sino que de lo que se habla es de que el Estado asuma la responsabilidad de hacer la distribución de los menores no acompañados, y de sufragar los gastos. Reiteró que Canarias nunca ha hablado de gastos, y aseguró que la comunidad seguirá poniendo muchos recursos económicos para atender a los menores inmigrantes no acompañados que llegan al archipiélago, «porque es necesario» hacerlo. El presidente canario insistió en que es preciso garantizar los derechos de los menores inmigrantes.