Las prisas de las acusaciones populares en la investigación a la esposa de Sánchez: no dan por enterrada la "ley Begoña"

En el último escrito de las acusaciones populares solicitando una batería de diligencias al juez Juan Carlos Peinado -que investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, entre otros delitos- sorprendía que se apuntara ya por parte de la acción popular de forma explícita a la importancia de esas actuaciones -centradas en el software que desarrolló la esposa de Pedro Sánchez en el marco de su cátedra en la Universidad Complutense, con la sospecha de una posible apropiación indebida, en los patrocinadores de esa cátedra y en la asesora de Moncloa que le asistió en sus negocios privados- para delimitar el "eventual escrito de acusación" y poder preparar "el eventual juicio oral".

Con la instrucción todavía en marcha, sorprendía que las acusaciones populares -que aglutina Hazte Oír tras tomar el relevo de Vox- ya abriesen el escenario de un cierre de la instrucción, paso previo a la presentación (en su caso) de los escritos de acusación y de defensa y al auto de apertura de juicio oral, apremiando a Peinado a encarar la recta final de la investigación judicial. Una investigación que arrancó en abril del pasado año por una denuncia de Manos Limpias y que precipitó un retiro de la vida pública de cinco días de Pedro Sánchez para rumiar una renuncia que se acabó esfumando, aunque a partir de entonces se redoblaron desde el Gobierno los ataques contra Peinado (aunque las querellas presentadas contra él se desvanecieron y no fueron siquiera admitidas a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid).

Pero, según las fuentes consultadas, esas alusiones al juicio tienen como objetivo evitar dilaciones en la fase final de la instrucción ante la amenaza de que el PSOE resucite la conocida como "ley Begoña" -que expulsa a las acusaciones populares de las instrucción de las causas, una reforma que ha cosechado el rechazo de tres de las cuatro asociaciones judiciales-. Y es que esa modificación legal ahora guardada en un cajón por la renuencia de los socios de Gobierno -sobre todo de Junts- a respaldarla, prevé que su aplicación sea efectiva, una vez entre en vigor, a las causas judiciales en curso.

"Sería complicado"

No obstante, según esas mismas fuentes, si finalmente la iniciativa siguiese adelante y la reforma entrase en vigor "sería complicado" que obligase a archivar el "caso Begoña Gómez" si la instrucción ya hubiese concluido y el juez hubiese dictado incluso el auto de apertura de juicio oral. De ahí que no consideren baladí que la investigación se prolongue más de lo necesario para afianzar unos indicios que ya consideran suficientes para sentar en el banquillo a la esposa de Pedro Sánchez.

No en balde, si las acusaciones populares fueran apartadas, la causa estaría abocada al archivo dado que la Fiscalía ha cerrado filas en este procedimiento con la defensa de Begoña Gómez, respaldando incluso sus peticiones de cierre de la instrucción, por lo que una vez concluida la investigación no presentará escrito de acusación contra la esposa del jefe del Ejecutivo.

La principal agrupación de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -también la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente reaccionaron en contra con contundencia-, ya denunció en su día que el objetivo de la reforma legal impulsada por el PSOE es garantizar la "impunidad" a determinadas causas judiciales consideradas de "acoso político", aludiendo implícitamente a las investigaciones judiciales a la esposa y el hermano de Pedro Sánchez.

Críticas de las asociaciones judiciales

La APM recordaba en ese escrito la decisiva intervención de las acusaciones populares en casos de relevancia pública como los de los GAL, Filesa, Gürtel, Noos, Pujol, entre otros, en los que sus pretensiones "han tenido acogida por los tribunales de justicia".

El informe criticaba que la reforma impida ejercer la acción popular en causas sobre "el delito de corrupción pública por antonomasia: el de prevaricación administrativa", y que también le deje fuera de la mayor parte de los delitos por los que se está investigando, sin el apoyo de la Fiscalía, a la esposa del presidente del Gobierno (apropiación indebida, corrupción en los negocios) o al fiscal general del Estado (revelación de secretos).

Por ahora, como informó este periódico, el PSOE no cuenta con los apoyos necesarios para sacar adelante la reforma, que ni siquiera se ha sometido a su toma en consideración desde que la iniciativa se registró en la Cámara. Pero las acusaciones populares no se fían y por eso apremian al juez Peinado a no demorar la instrucción para evitar que esos cambios legislativos, de entrar en vigor, den carpetazo a la investigación a la esposa de Pedro Sánchez.