Tribunales
Las pruebas que unen Moncloa con los tres grandes casos de corrupción
Los casos contra Begoña Gómez y David Sánchez investigan a asesores del Gobierno, mientras que el Supremo rastrea mensajes de Torres y Cerdán
Las tres grandes causas de corrupción que acechan al entorno de Pedro Sánchez apuntan ya a Moncloa. En las últimas horas, los instructores de los procedimientos abiertos contra Begoña Gómez, David Sánchez y el conocido como "caso Koldo" han estrechado el cerco tanto en el Gobierno como en el PSOE por sus vínculos con las personas imputadas en estas macrocausas.
La primera en abrir camino hacia Moncloa fue Beatriz Biedma, magistrada que investiga al hermano de Pedro Sánchez. Hace apenas unos días, la juez que rastrea presuntas irregularidades en la contratación del músico, libró oficio a Presidencia de Gobierno para averiguar quien es Luis Carrero Pérez. Este empleado de la Diputación de Badajoz era un absoluto desconocido en el procedimiento, hasta que salieron a la luz los correos incautados por la Guardia Civil a los imputados.
En ellos Carrero se dirigía a David Azagra como "hermanito". Se trata de decenas de correos intercambiados entre mediados de 2022 hasta la actualidad. El empleado de la Diputación de Badajoz le mostró al comienzo de la relación su intención de colaborar ya que estaba a la espera de si le "echaban de Moncloa". Desde ese momento, Carrero cogió las riendas de la agenda de Azagra, controló los preparativos de viajes y búsqueda de financiación de la Administración que dirige su hermano.
El asesor que le llamaba "hermanito"
Como informó LA RAZÓN, estas gestiones las acometió desde su cuenta personal de correo hasta comienzos de 2024, cuando David Sánchez le presentó oficialmente como jefe de la Sección de Coordinación y Programas de Actividades Fronterizas. Llama la atención que no fue hasta entonces cuando le dio la bienvenida al cargo y le introdujo con su correo corporativo, puesto que, de los mensajes se desprende que en los 17 meses previos ejerció labores muy similares sin ostentar su actual puesto de trabajo.
Tras practicar las primeras declaraciones -que continúan este viernes- la juez acordó una batería de diligencias, entre las que se encuentra recabar de Moncloa el contrato de Carrero y los motivos de su cese. En poco más de medio año de instrucción, Biedma aboca la causa al banquillo, al constatar que "todo parece indicar que el puesto se creó para ser asignado" al hermano de Sánchez. A su juicio, se acotan los indicios por presuntos delitos contra la Administración Pública por la creación de la plaza que ganó David Sánchez en 2017 para coordinar los conservatorios de Badajoz.
No obstante, quedan cabos sueltos por resolver relativos a su cambio de nomenclatura tras su ascenso a jefe de Oficina de las Artes Escénicas, las condiciones de su cargo, especialmente en lo relativo al teletrabajo, y su cometido real en la Diputación. Con todo, la causa sigue y el juzgado aguarda a recabar más información del Gobierno y de la Diputación (que preside el socialista Miguel Gallardo) para seguir adelante.
De testigo a imputada
La segunda causa que ya apunta a Moncloa es la que dirige el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. El procedimiento arrancó a mediados de abril por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pero por el camino ha adherido, además, apropiación indebida e intrusismo. La causa, que se impulsa con las actuaciones de las acusaciones populares contra el criterio de la Fiscalía, arrancó por las adjudicaciones a Juan Carlos Barrabés, socio de la mujer de Sánchez, pero ahora pone el foco en todos sus negocios privados desde que su marido llegó a Moncloa.
Precisamente, ha sido también a través de los correos incautados como el juez ha llegado a Cristina Álvarez. La asesora de Moncloa ha pasado de testigo a imputada por sus gestiones en favor de la mujer del líder del PSOE. El juez volverá a interrogarla, aunque ahora como imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
En su primera cita en sede judicial, el 20 de diciembre, negó irregularidad alguna y dijo que fue designada persona de confianza de Gómez, como ya había ocurrido con anteriores parejas de mandatarios. Los correos evidencian que la directora de Programas de Presidencia gestionó muchos aspectos de la cátedra de Gómez en la Complutense, llegando a solicitar financiación en su nombre.
"Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior", le trasladó el 8 de febrero de 2024 a una alto cargo de Reale Seguros. Estas evidencias se apuntalan con las declaraciones de los testigos que declararon en agosto. Algunos de ellos, como es el caso del exvicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, expuso que Begoña Gómez acudió con Álvarez para negociar los aspectos relativos a la plataforma del software.
Cerdán, Torres y el caso Koldo
En paralelo a la imputación de Álvarez, el Tribunal Supremo dio este martes el primer paso para investigar los vínculos de la trama Koldo con el Gobierno y el PSOE. El magistrado Leopoldo Puente, que indaga todo lo que afecta a José Luis Ábalos, impulsó el procedimiento tras recibir el aval del Congreso. El instructor interrogará al exministro el 18 de febrero. Será su primera declaración formal como investigado y, tras la misma, estudiará si adopta medidas cautelares contra él.
Además, Puente ordenó a la UCO el rastreo del patrimonio y las cuentas del exministro, así como el análisis de todas las comunicaciones telefónicas de los tres imputados en la causa (Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama). También reclamó a la Guardia Civil que le informe de la totalidad de los terminales incautados, con "especial referencia" a los mensajes que el conseguidor se pudiera haber intercambiado con Ábalos; su hijo Víctor Ábalos; el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.
Tanto Torres como Cerdán están en la diana de Aldama, quien mantiene que atesora las pruebas que pueden llevarse por delante al Ejecutivo de Sánchez. El empresario, que colabora con la Justicia, ha implicado a ambos cargos socialistas en el cobro de mordidas de la trama. Del primero dijo que Koldo intentó sin éxito recabar 50.000 euros para dárselos por comprar material sanitario a sus mercantiles mientras fue presidente de Canarias. De Santos Cerdán que cobró 15.000 euros en negro en un bar enfrente de Ferraz.
Ambos han negado cualquier viso de veracidad de las acusaciones, pero el instructor ha dado un paso al frente y pide localizar estos mensajes, así como indagar si es cierto que Aldama pagó el alquiler de pisos en Madrid que Ábalos o Torres habrían disfrutado "con señoritas". Pero no se queda ahí. La orden a la UCO va más allá, ya que pide poner el foco también en mensajes de Aldama "con cualquier otra persona aforada".