El PSOE guarda la «ley Begoña» en un cajón

«He decidido seguir». Pedro Sánchez compareció en el Palacio de la Moncloa el 29 de abril, tras sus cinco días de «reflexión», para oficializar que seguiría al frente del Gobierno. Valoró que sí «merecía la pena», porque desde el poder se está en mejores condiciones para afrontar el horizonte judicial que ya entonces se vislumbraba para su esposa, a quien un juzgado de Madrid acababa de abrir diligencias de investigación por varios delitos. Los resortes del Estado comenzaron a funcionar con la querella por prevaricación –impulsada desde la Abogacía del Estado, en nombre del presidente del Gobierno– interpuesta contra el instructor, Juan Carlos Peinado, para tratar de cortarle el paso en su investigación. Esta tentativa, fundamentada en que la causa era «prospectiva», fracasó y todas las querellas en el mismo sentido acabarían archivadas por falta de sustento jurídico.

Tras explorar el terreno judicial, Sánchez saltó al legislativo con una reforma extemporánea de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Poder Judicial que causó estupor en el mundo político y jurídico. Bautizada por la oposición, con cierta retranca, como «ley Begoña», por la apariencia de ir claramente dirigida a buscar la impunidad del entorno de Sánchez, el objetivo era mutilar la acusación popular para que no pudiera ser ejercida por partidos políticos y asociaciones vinculadas a ellos que promueven el «acoso judicial». Esto, sumado a que la postura de la Fiscalía será decisiva –que en la causa de Gómez no apoyó su apertura y se sumó a las solicitudes de archivo– y la previsión en una disposición final de que la norma es aplicable a los procedimientos actualmente en curso favorecen que la mujer de Sánchez se viera directamente beneficiada.

A las resistencias jurídicas, que la tildaron de abiertamente inconstitucional, se suman también las políticas. El PSOE no tiene los apoyos suficientes en el Congreso para sacarla adelante y, por ello, ni siquiera se ha sometido a su toma en consideración –el paso más básico– en los más de cuatro meses que la iniciativa lleva registrada en la Cámara. Fuentes socialistas asumen que no podrán aprobarla en el corto plazo y han decidido guardarla en un cajón, a la espera de un contexto más propicio. En la precaria mayoría de investidura, EH Bildu y el PNV han expresado sus recelos, pero es Junts quien emerge como el socio más rocoso, pues ha visto en esta norma –que toca directamente los intereses de Sánchez– la posibilidad de avanzar en su estrategia de «castigo» a los jueces que han adoptado decisiones contra los líderes independentistas por el «procés».

El partido de Carles Puigdemont anunció inmediatamente una enmienda a la totalidad, con su intención de reescribir el texto para hacer comulgar al PSOE con las tesis del «lawfare». Por el momento, los socialistas se resisten a asumir estas exigencias de máximos, lo que obliga a aparcar la norma. Las dificultades para que avance en su tramitación se vienen percibiendo desde hace meses, con sucesivos retrasos. Se busca el momento propicio, para evitar una derrota parlamentaria en una cuestión tan sensible, y ese momento no llega. En Moncloa están en una situación de «economía de guerra» y Sánchez ha dado la orden a sus ministros de priorizar aquellas iniciativas que pueden salir adelante para no seguir proyectando una imagen de debilidad del Ejecutivo en el Congreso.

Fuentes socialistas se resisten, no obstante, a renunciar definitivamente a la reforma, que les ha generado ya un fuerte coste reputacional, y se emplazan al medio plazo, varios meses o incluso un año, para volver a impulsarla. Aunque dieran el paso de concitar los apoyos suficientes el recorrido tampoco sería sencillo. La ley tendrá que superar hasta tres votaciones plenarias en el Congreso, después, pasar por la fase de ponencia y comisión, antes de ser aprobada y remitirse al Senado. En la Cámara Alta con mayoría absoluta del PP previsiblemente quedaría retenida durante dos meses y se emitiría, contra ella, un veto, que la obligaría a volver al Congreso para su revocación. Además, al tratarse de una ley orgánica, la votación en el Pleno del Congreso requerirá de mayoría absoluta, esto es, el apoyo de todos los socios.