El PSOE no logra parar los juicios rápidos antiokupa

fEs evidente que en el Congreso hay una mayoría alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez y hay muchos temas que lo reflejan: sin ir más lejos, la vivienda. Ahí, hay 184 diputados de PP, Vox, Junts, PNV, UPN y Coalición Canaria que, más o menos, coinciden y rechazan las políticas que está llevando a cabo este Gobierno, tanto en materia de acceso a la vivienda como en materia de protección de los propietarios frente a los okupas. En este sentido, esa mayoría alternativa al Gobierno pudo colar en diciembre (con la colaboración, por error, de Esquerra y Bildu) una enmienda en la Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, bautizada como «ley Bolaños», para que los propietarios que tengan inmuebles okupados puedan recuperarlos en menos de un mes a través de un juicio rápido. Sin embargo, el Gobierno busca ahora como deshacer ese cambio legislativo, aunque está fracasando en su intento.

De hecho, el Gobierno, a petición de Podemos, intentó meter ese cambio legislativo a través de un decreto en enero, pero no surtió efecto porque se precisa de una ley orgánica ya que se pretende reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). En este sentido, los socialistas han encontrado recientemente la oportunidad a través de la proposición de ley del Derecho de Asociación, que es orgánica, aunque su contenido no guarda ninguna conexión con la vivienda ya que busca acabar con las organizaciones que hagan apología del franquismo. En todo caso, ese intento, impulsado por Podemos, ha fracasado porque el bloque de izquierdas no cuenta con mayoría. Esa maniobra tan solo concitaba el respaldo de Esquerra, Bildu y Podemos, además de PSOE y Sumar. Y, en concreto, se buscaba eliminar la posibilidad de hacer juicios rápidos contra los okupas, por los delitos de usurpación de inmueble y allanamiento de morada, que quedan ahora recogidos en el artículo 795 de la Lecrim tras el cambio legislativo introducido con la «ley Bolaños» aprobada en diciembre.

Además, pese a que el cambio legislativo se aprobó ya hace cuatro meses, entrará en vigor este mismo jueves 3 de julio. De ahí la urgencia de la izquierda por corregir esa enmienda, que diseño el PNV y que se coló gracias al apoyo de PP, Junts, UPN y Coalición Canaria, además de Esquerra y Bildu. Tanto los republicanos como la izquierda abertzale adujeron que se equivocaron en la votación y por eso apoyaron a la enmienda contra su voluntad y ahora también buscan forzar una rectificación.

En todo caso, el PSOE parece que va a tener muy difícil enmendar ese cambio legislativo del artículo 795 de la Lecrim, pero sí está pudiendo frenar las otras dos leyes «antiokupa» que están ahora mismo en el Congreso en tramitación. Una de ellas está impulsada por el PP y lleva ya más de un año congelada por la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso y, probablemente, esa paralización se eternice. La otra está impulsada por Junts y los posconvergentes van a presionar mucho al PSOE para que la iniciativa llegue al Boletín Oficial del Estado y entre en vigor. Con matices, ambas leyes se parecen bastante y buscan, sobre todo, el desalojo inmediato en 24 horas (PP) o 48 horas (Junts) del okupa que sea incapaz de acreditar la titularidad del inmueble tras la denuncia del propietario. La única vía para acabar con ese bloqueo que aplica la Mesa es acudir al Tribunal Constitucional y, en este sentido, el PP lo ha contemplado en alguna ocasión, aunque todavía no se atreve a dar ese paso dada la desconfianza que tiene en ese órgano constitucional de mayoría progresista.

Con ambas leyes, el PSOE sí puede ejercer el bloqueo ya que la Mesa del Congreso es el órgano clave para decidir qué leyes se tramitan y cuáles no. Fuentes socialistas, en todo caso, tampoco escoden sus diferencias con los posconvergentes a la hora de tratar este tipo de temas vinculados a la seguridad. En este sentido, fuentes socialistas no dudan en marcar distancias tanto con la ley de vivienda de Junts como con la iniciativa de los posconvergentes para acabar con la multirreincidencia, que es un problema muy presente en Barcelona. Sobre la vivienda, los socialistas señalan que la okupación es un tema que usa la derecha para «meter miedo» ya que aseguran que los datos desmienten que sea un problema muy extendido: no obstante, tal y como publicó LA RAZÓN el sábado, los expertos señalan que hay muchos casos que no se denuncian ya que el propietario trata de llegar a un pacto extrajudicial con el okupa para poder recuperar su inmueble.