PSOE, Podemos y PNV tumbarán la prisión permanente

PP y Cs presentan enmiendas para ampliar los supuestos punibles y endurecer el Código Penal.

2015. El Congreso aprueba la reforma del Código Penal que introduce la pena de prisión permanente revisable para casos de asesinatos agravados. Lo hace apoyado en la mayoría absoluta del PP y con toda la oposición en contra, que meses después –cuando la norma entra en vigor– recurre en bloque ante el Tribunal Constitucional. En octubre de 2017, la Cámara Baja toma en consideración una proposición de ley para derogarla, impulsada por el PNV, y queda pendiente de la presentación de enmiendas para pasar a la Comisión de Justicia. Ese momento ha llegado. El jueves el debate sobre la prisión permanente revisable vuelve al Congreso en medio de la conmoción por el hallazgo del cuerpo del pequeño Gabriel Cruz. Un suceso que entraría dentro de los supuestos punibles previstos por la norma ya que se trata de «una víctima menor de 16 años o una persona especialmente vulnerable». El pleno someterá a votación las dos enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Ciudadanos que en lugar de avanzar en la derogación de la norma quieren que se amplíen los supuestos de aplicación y se endurezca el Código Penal. No se prevé que ninguna salga adelante, ya que cuentan con la oposición de PSOE, Unidos Podemos y los nacionalistas. El sentido del voto de los socialistas, si viraran a la abstención, es clave para decantar la balanza y, por ello, el partido de Pedro Sánchez ha sido objeto de las presiones de familiares de víctimas.

Avalados por dos millones y medio de firmas, el padre de Diana Quer y el de Mariluz Cortés se han reunido con representantes de las formaciones políticas para arrancarles el compromiso de no derogar la reforma del Código Penal. PP, UPN y Coalición Canaria les trasladaron su apoyo para no hacerlo, al PSOE le pidieron que no se precipitara con su voto y que hiciera una reflexión serena, propiciando que no se proceda a la derogación hasta que el Constitucional se pronuncie. Por su parte, Cs, que se abstuvo en la toma en consideración en octubre, se apunta ahora al mantenimiento de la norma. Lo que plantea Rivera es que ninguno de estos condenados pueda acceder al tercer grado penitenciario hasta cumplir de forma efectiva veinte años. El PP defiende que se pueda castigar con esta medida también a violadores en serie, a secuestradores que acaben con la vida del rehén, a quienes atenten contra infraestructuras clave, a aquellos que oculten el cadáver de una persona asesinada o no colaboren en su hallazgo, a condenados por abusos sexuales contra menores secuestrados, a los que causen incendios con peligro para la vida o el uso de elementos químicos o nucleares con resultado de muerte.