Puigdemont confía en demorar hasta 2026 la decisión de la Justicia belga sobre su entrega

El tira y afloja de Carles Puigdemont con el Tribunal Supremo (TS) –que dura ya casi seis años desde su huida a Bélgica en octubre de 2017– vivirá el próximo miércoles un episodio trascendental, que se jugará de nuevo ante la Justicia europea, donde conducen todos los caminos de la estrategia jurídica trazada por su defensa para eludir su entrega a España. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) debe decidir ese día si devuelve la inmunidad parlamentaria al expresidente de la Generalitat de Cataluña –que ahora le ampara de forma cautelar– y tumba, por tanto, el suplicatorio avalado por el Parlamento Europeo en marzo de 2021 a petición del juez Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés».

La ratificación de la retirada de la inmunidad dejaría al líder independentista –y a sus exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, también eurodiputados– a la intemperie frente a Llarena desde el punto de vista de esa protección parlamentaria frente a la tramitación de procedimientos penales en su contra. El magistrado del Tribunal Supremo (TS) vería así despejado el camino para reactivar las euroórdenes contra los tres fugados, pero quien piense que, seis años después, la decisión del TGUE abre la puerta a la entrega exprés de Puigdemont se equivoca. Entre la resolución del tribunal europeo y la decisión de la Justicia belga que se pronuncie sobre la entrega a España del expresident se interpondrá aún una maraña de recursos, plazos, alegaciones y, quizá, cuestiones prejudiciales, que demorarán unos cuantos meses, quizá años, el capítulo final de la huida de Puigdemont.

Y es que la defensa del líder soberanista catalán estima que, como pronto, los tribunales belgas no se pronunciarán al respecto hasta septiembre del próximo año, una previsión que según sus cálculos podría ir incluso mucho más allá: hasta la primavera de 2026. Para los más escépticos, tan solo recordar que muy pocos pensaban en octubre de 2017 –a unas horas de que los líderes del «procés» declararan como investigados en la Audiencia Nacional mientras la cabeza visible del desafío independentista ponía rumbo a Bruselas– que en julio de 2023 Puigdemont seguiría sin rendir cuentas ante la Justicia española.

El TGUE tiene que decidir ahora sobre dos demandas interpuestas por la defensa del expresident contra el Parlamento Europeo por no haber defendido su inmunidad y por acceder a la petición de Llarena de conceder el suplicatorio para que el magistrado español pudiese actuar penalmente contra Puigdemont, Comín y Ponsatí.

El TJUE allanó el camino

Llarena llega con ventaja después de que el pasado enero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinase –tras la negativa de Bélgica a entregar al exconsejero catalán Lluís Puig– que un país comunitario no puede rechazar una euroorden poniendo en duda la competencia del tribunal reclamante ni amparándose en el riesgo de posibles vulneraciones de derechos fundamentales como la presunción de inocencia, salvo que se trate de deficiencias «sistémicas» y generalizadas.

Pero incluso en esa resolución los abogados de Puigdemont encuentran un asidero para seguir cuestionando la competencia del Tribunal Supremo para asumir la «causa del procés», al determinar el TJUE que el país que debe entregar al reclamado ha de cerciorase de que no se vulnere su derecho a «un proceso equitativo ante un juez establecido previamente por ley», competente por tanto para «enjuiciar a la totalidad de los encausados» porque así lo establezca «una base legal expresa».

Los abogados del expresident (cuya batalla legal por esa supuesta falta de competencia ha naufragado tanto ante la Sala Penal del Supremo como ante el Tribunal Constitucional) defienden que ninguna norma atribuye al alto tribunal la instrucción de causas contra europarlamentarios, mientras el Supremo replica con la asentada doctrina que, al menos desde 1990, ha defendido su competencia al respecto.

El expresident se aferra al "caso Yoncheva"

La demanda nuclear que resolverá ahora el TGUE (avalando o no el suplicatorio) viene acompañada de más de 6.800 folios de documentación y de 59 precedentes en los que la Eurocámara denegó suplicatorios en circunstancias que la defensa de los huidos considera similares, con especial énfasis en la negativa del Parlamento Europeo, en febrero del pasado año, a suspender la inmunidad de Elena Yoncheva (como había solicitado la Justicia búlgara) pese a que los hechos que se le imputaban eran –como en el caso de Puigdemont– anteriores a su condición de eurodiputada. En esa ocasión, la Eurocámara valoró que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había admitido una demanda de Yoncheva contra Bulgaria por la supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, lo que llevó al Europarlamento a sospechar que detrás de ese procedimiento subyacía «la posible intención de perjudicar» su actividad política.

Pero al margen de la decisión que adopte el TGUE, la resolución no permitirá reactivar las OEDE de forma inmediata. Si el tribunal europeo da la razón a Puigdemont –que puso en duda la imparcialidad del presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, el eurodiputado de Cs Adrián Vázquez–, Llarena se verá obligado a solicitar un nuevo suplicatorio, lo que implica una vuelta a la casilla de salida. Si no es así, y el expresident se ve despojado definitivamente de su inmunidad, se abre un plazo de dos meses (más otros diez días adicionales) para recurrir el fallo ante el Tribunal de Justicia de la UE, lo que significa que, como muy pronto (si el dictamen del TGUE no es recurrido), la decisión no será firme hasta mediados de septiembre.

Pero, dado que los abogados del expresident están decididos a recurrir si el miércoles encajan un revés ante el TGUE, y que según las fuentes consultadas lo harían agotando los plazos, a partir del próximo septiembre se abriría un nuevo compás de espera –previsiblemente de seis meses– para que el Tribunal de Justicia de la UE se pronunciase al respecto. Marzo de 2024, por tanto.

El TEDH, última parada

Sería entonces, si la Justicia europea da la espalda a Puigdemont respecto a su inmunidad, cuando el juez Llarena podría reactivar la euroorden (ahora suspendida) contra el líder independentista y los exconsellers huidos. Pero, a partir de entonces, ¿cuánto tardarían los tribunales belgas en tomar una decisión? Fuentes de la defensa del líder independentista sitúan ese plazo entre seis meses y dos años (con la amenaza de unas cuestiones prejudiciales de por medio). Porque su intención es cuestionar en Bruselas la vigencia del suplicatorio «por una OEDE que fue retirada». Y es que consideran que al imputarle ahora, tras la derogación de la sedición, delitos de malversación y desobediencia debería pedirse en todo caso un nuevo suplicatorio, algo que rechaza Llarena, que defiende que son los hechos (y no los delitos) los que determinan la petición de entrega. Todo un «sudoku procesal».

Pese a que su batalla legal se juega principalmente en Bélgica y ante el TJUE y el Tribunal General europeo, Puigdemont se juega también mucho en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), al que han acudido los condenados en el juicio del «procés» (cuatro de sus demandas ya han sido admitidas a trámite). Si Estrasburgo (cuyo fallo se espera para dentro de año y medio) avala que se vulneró su derecho a un juez predeterminado por ley, abonaría las quejas del expresident sobre la pretendida falta de competencia del Supremo, lo que complicaría aún más su enjuiciamiento en el alto tribunal.