Puigdemont sondea a Francia antes de decidir si acude hoy a Estrasburgo

Busca garantías de que no será entregado ante la amenaza de que se reactive su detención

Busca garantías de que no será entregado ante la amenaza de que se reactive su detención.

Carles Puigdemont rumiaba ayer ya en suelo francés sobre la conveniencia de acudir hoy a Estrasburgo a la sesión constitutiva de la Eurocámara, para intentar hacer valer su condición de europarlamentario electo. Es un todo por el todo del ex presidente de la Generalitat. El premio gordo es la ansiada inmunidad parlamentaria que alivie su situación judicial: procesado en rebeldía por rebelión y con una orden de busca y captura a nivel nacional por su papel en el proceso independentista en Cataluña. El riesgo, afrontar una nueva detención a consecuencia de una reactivación exprés de la euroorden por parte del Tribunal Supremo (TS) o, incluso, fruto de un convenio firmado en Málaga entre España y Francia en noviembre de 2002 sobre la «readmisión de personas en situación irregular». No obstante, fuentes del Supremo subrayan que no hay posibilidad alguna de que se detenga a Puigdemont si no se emite una nueva euroorden (tras las fallidas cursadas a Bélgica y Alemania).

El líder soberanista se encontraba anoche, según fuentes de su entorno, a menos de una hora en coche de Estrasburgo a la espera de noticias. Sobre la mesa, una reunión de última hora con autoridades francesas en busca de garantías de que no será entregado a España si el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés», decide reactivar a la carrera la orden de entrega tras constatar la presencia de Puigdemont en Estrasburgo.

El entorno del ex presidente de la Generalitat ha sido alertado de «una fuerte presencia de Policía española en Estrasburgo», lo que reafirma su convicción de que España podría recurrir a ese convenio de 2002 entre ambos países para forzar la detención policial de Puigdemont y su inmediato traslado a España. Un acuerdo que habilita que cualquiera de los dos países «readmita» en su territorio, a petición del otro (en este caso, Francia) «y sin formalidad alguna», a toda persona «que no cumpla o haya dejado de cumplir las condiciones de entrada o de estancia aplicables en el territorio» del Estado solicitante, «siempre que se acredite o se presuma que posee la nacionalidad» del país al que se pretende enviarlo (España en este supuesto).

Puigdemont insiste en que por su condición de europarlamentario electo goza de la inmunidad parlamentaria, pero el Tribunal Supremo sostiene que su escaño (como el del ex conseller Toni Comín) ha quedado vacante al no haber jurado o prometido acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central (JEC) el pasado día 16 en el Congreso.

Una ausencia que, al igual que sucedió con Oriol Junqueras (en su caso porque el Tribunal Supremo le negó el permiso para salir de prisión), acarreó que la JEC no incluyera a ninguno de ellos en la relación de eurodiputados de pleno derecho que remitió a la Eurocámara, y que llevó a su presidente a negarles la condición de eurodiputados.

La decisión de Antonio Tajani, por cierto, fue recurrida rápidamente por la defensa del ex president ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ayer mismo se apresuró a denegar a Puigdemont y Comín las medidas cautelares solicitadas para que se les reconociera su condición de europarlamentarios y pudiesen así tomar hoy mismo posesión de sus escaños. Un revés que complica aún más la posibilidad de que Puigdemont afronte el riesgo de ser detenido acudiendo a la sede del Europarlamento.