Rajoy agotará la vía del TC contra Mas y si no le llevará al TSJC

Recurrirá al Alto Tribunal todas las decisiones que adopte amparadas en la declaración soberanista

El Gobierno de Rajoy tiene ya muy delimitada la hoja de ruta que va a seguir para hacer frente a la desobediencia del presidente de la Generalitat, Artur Mas, a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional (TC). Entiende que la suspensión de la declaración de soberanía por parte del TC, adelantada ayer por este periódico, le despeja el camino para seguir profundizado por esta vía, hasta agotarla. Esto quiere decir que el Gabinete de Rajoy recurrirá ante el Alto Tribunal cada decisión, hasta cada nueva declaración parlamentaria, que emita la Generalitat de Cataluña para avanzar por el camino soberanista.

El TC confirmó ayer la suspensión durante cinco meses de la resolución del Parlamento catalán del pasado 23 de enero, en la que declaraba que Cataluña es «sujeto jurídico y político soberano», en una decisión que se deriva de la admisión a trámite de la impugnación de la Abogacía del Estado contra dicho acuerdo.

Para el Gobierno, se ha dado ya el primer paso que le habilita para que incluso si llega la circunstancia de que Mas intenta materializar la convocatoria de una consulta ilegal, impugnar también esta decisión ante el Constitucional. A partir del auto notificado ayer, el Ejecutivo estudiará cada una de las decisiones y medidas aprobadas por Mas en el pasado, y las que pueda adoptar en el futuro, para valorar si hay base para recurrirlas también ante el TC.

El recorrido judicial podría llevar a Artur Mas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el caso de que llegara a convocar una consulta ilegal y desobedeciese su anulación por parte del TC. Primero el Gobierno impugnaría esta actuación ante el Alto Tribunal y si el fallo es el que el Gabinete popular espera, la paralización del referéndum, y Mas sigue adelante con sus planes, entonces la Abogacía del Estado estaría legitimada para denunciar a Mas ante el TSJC, con las consecuencias que de ello podrían derivarse para la carrera política del líder de CiU.

El precedente del «caso Atutxa» está ahí. Al negarse a disolver el grupo parlamentario Socialista Abertzaleak , tal como ordenó el Tribunal Supremo (TS) tras la ilegalización de Batasuna, fueron imputados por un delito de desobediencia el entonces presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y los miembros de la Mesa de la Cámara que rechazaron disolver ese grupo parlamentario.

Dado que eran imputados, la causa se tramitó ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y se querellaron tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, aunque posteriormente el Ministerio Público, en un «giro» sorprendente, solicitó el sobreseimiento de la causa. En un principio, el TSJ del País Vasco absolvió a Atutxa y al resto de qurellados; aunque, el Supremo, con la única acusación de Manos Limpias, les condenó en 2008 por un delito de desobediencia a dos años y medio de inhabilitación para cargo público. La sentencia justificaba la condena en que desobedecieron «de forma deliberada y consciente» la resolución judicial.