Rajoy no hará política con el 155 y mantendrá una aplicación de mínimos

El plan de Moncloa sigue siendo utilizarlo para garantizar el funcionamiento de los servicios ordinarios catalanes.

La intención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es que el artículo 155 de la Constitución siga aplicándose en Cataluña «igual que se ha hecho hasta ahora». Un desarrollo de mínimos, para garantizar el funcionamiento de los servicios ordinarios de la Administración catalana. Moncloa niega que tenga un plan para aprovechar el bloqueo político para activar con más intensidad la intervención de la Generalitat, pese a las informaciones que en los últimos días han dado a entender que el Ejecutivo había decidido cambiar su estrategia en relación a este asunto. Dentro del Gobierno «no hay debate», aunque algunos sectores más duros del partido sí presionan para que se aproveche la situación para hacer cambios en TV3 con el argumento de que hay que «garantizar su neutralidad e imparcialidad política». Pero Rajoy no tiene en mente hacer ahora lo que se optó por eludir cuando se puso en marcha el acuerdo con el PSOE y con Ciudadanos (Cs) para aplicar el artículo 155 y cesar al Gobierno de la Generalitat, según fuentes de su entorno. Por mucho que lo pidan, Rajoy no va a intervenir la televisión catalana, y en lo demás su hoja de ruta se ajusta al calendario de las comunidades.

En ese sentido, Moncloa precisa que «sólo» están previstas aquellas decisiones administrativas necesarias para que «los catalanes no se vean perjudicados con la parálisis provocada por la pelea entre los independentistas por ver cómo se reparten el poder». Por ejemplo, en Educación, si no hay acuerdo ya, la Generalitat tiene que cumplir con el mismo calendario que las demás comunidades, que exige, fijar los itinerarios, los conciertos y demás trámites relacionados con la preparación del nuevo curso escolar. La paga a los funcionarios era otra decisión pendiente que el Gobierno de Rajoy ha decidido implantar ya para intentar lavar la mala imagen del 155 en Cataluña, ya que las encuestas reflejan que la mayoría de los catalanes está en contra.

La polémica sobre el uso del castellano como lengua vehicular ha sido la excepción que se sale de esta hoja de ruta, tanto que incluso el anuncio de que estaba en estudio esta medida no figuraba ni siquiera previsto en la agenda estratégica del Gobierno para este momento. Pero una vez que un segundo nivel de Educación lanzó el balón al juego, ya no había manera de pararlo. «Todas las decisiones ya eran malas. Rectificarle era ir al abismo y ponérselo en bandeja de nuevo al oportunismo de Rivera, y tirar hacia adelante, tal y como se había hecho la gestión, también es complicado». Es verdad que Educación tiene en estudio la posibilidad de introducir modificaciones en los impresos de preinscripción escolar, pero ese análisis estaba aún sin madurar cuando Societat Civil Catalana anticipó planes no confirmados por Rajoy, y el secretario de Estado de Educación se lanzó a la piscina sin antes haber hecho una consulta previa a los socios del 155, al menos al PSOE, de quien se fían más en Moncloa que de Cs. «Hay que quererlo, y anunciarlo, pero luego hay que ser capaces de ejecutarlo».

En Moncloa creen que los independentistas acabarán resolviendo «sus pulsos» antes de ir a elecciones porque les urge volver a controlar el Presupuesto. Ellos saben las consecuencias de seguir dilatando el proceso de modo que el Gobierno de Rajoy sea el que tenga que tomar la iniciativa sobre cuestiones decisivas para la Generalitat en materia de adjudicación de contratos o licitaciones, por ejemplo. «Los plazos pasan, y cuanto más tiempo pasa, más decisiones estamos obligados a adoptar para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, tal y como pactamos con el PSOE y con Cs. Y esto no quiere decir que hayamos decidido echarnos al monte con el 155», explican en el Gobierno.

Cataluña juega de doble manera en la estrategia política del PP. Por un lado, condiciona la estabilidad de la Legislatura ya que es la única llave que tiene a su alcance Rajoy para desbloquear el acuerdo sobre los Presupuestos de 2018. Las diferencias con el PNV no son económicas, en ningún caso, si no que están vinculadas al 155. Por otra parte, la dirección popular es consciente de que su situación en Cataluña es muy delicada y les obliga a conjugar lo que su posición política supuestamente puede sumarles a nivel nacional con lo que sigue restándoles en esa comunidad autónoma. Y el equilibrio es aún más difícil de encontrar con un partido como Cs empujándoles por todos los flancos.