Rajoy: «Si todos hiciéramos lo mismo no se podría vivir en este país»

Analizó a puerta cerrada con el Comité de Dirección del PP el desafío por el juicio a Mas.

Cataluña y el circo político que los independentistas pusieron ayer en marcha para acompañar el inicio del juicio en el Tribunal Superior de Cataluña al ex presidente catalán Artur Mas y las ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau, por desobediencia y prevaricación, ocuparon buena parte de la agenda de la reunión del Comité de Dirección del PP, que presidió Mariano Rajoy. A puerta cerrada, Rajoy guardó silencio sobre las cuestiones que aún están abiertas de cara al Congreso que el PP celebrará este fin de semana en Madrid. Ni palabra de la Secretaría General ni de la maternidad subrogada ni de otros debates que centran los preparativos para intentar que el cónclave sea una plataforma desde la que exhibir la unidad y la estabilidad de su partido.

Pero en el Comité de Dirección Rajoy sí fijó posición sobre la manifestación independentista que ha acompañado el inicio del juicio por la consulta ilegal del 9-N. Fuentes solventes confirmaron a este periódico que Rajoy argumentó ante su cúpula que «sin ley no hay democracia», y que «en España no se juzga a nadie por sus ideas políticas». También defendió, en alusión a la actitud desafiante de los dirigentes independentistas, que «si todos hiciéramos lo mismo, no se podría vivir en este país».

Distintos miembros del Gobierno y también el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, valoraron ayer las presiones sobre el tribunal catalán y la operación del movimiento secesionista para confundir la actuación judicial con una supuesta persecución política. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió respeto para los procedimientos judiciales y la «máxima colaboración» en estos procedimientos. La «número dos» del Gobierno recordó la obligación de todos los gobernantes de respetar a los tribunales. Al mismo tiempo, garantizó que el Ejecutivo «seguirá trabajando por todos los ciudadanos, también los catalanes, porque la vida no se paraliza por los procesos que afecten a sus gobernantes».

«Hay muchos asuntos por los que los ciudadanos en Cataluña están preocupados y en los que el Gobierno puede seguir avanzando para encontrar soluciones», explicó. La vicepresidenta recordó que la primera obligación para todos, sin excepción, es el cumplimiento de la ley. Y reclamó, a su vez, coherencia a quienes apelan a la ley para defender el derecho a manifestarse de los ciudadanos que han acudido a la puerta del tribunal donde se celebra el juicio oral. «En este mundo uno tiene que ser coherente y si alguno considera que, amparándose en la ley, pueden existir esas manifestaciones, lo que debe hacer es respetar esa ley cuando le impone obligaciones como gobernante».