Las recusaciones abren el primer frente en el TC en los recursos contra la amnistía

Sin siquiera empezar a debatir sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, se ha abierto ya la primera brecha en el Tribunal Constitucional (TC) en la tramitación de los recursos contra la polémica norma. Los magistrados no han abordado aún tampoco las recusaciones, paso previo a las deliberaciones sobre la ley y que delimitarán la configuración del Pleno, pero la votación de mañana sobre las abstenciones en bloque del exministro de Justicia Juan Carlos Campo –que se aceptarán– han hecho asomar en la corte de garantías los primeros roces con la amnistía como telón de fondo.

En este caso, las discrepancias entre ambos bloques se deben a la participación de los magistrados recusados por el PP en la decisión de apartar a Campo no solo de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo –una abstención que contó con el aval unánime del Pleno–, sino también del resto de recursos, incluidos los del PP y los de varias comunidades autónomas gobernadas por los populares.

Fuentes del sector conservador (en minoría en el tribunal, ahora mismo conformado por siete magistrados progresistas y cinco conservadores, aunque esa distancia se estrechará al máximo con el exministro de Pedro Sánchez al margen de este asunto) aseguran que respecto al recurso del PP «los recusados no pueden participar». «Hasta que no se decida sobre su recusación han de estar fuera», recalcan.

El PP, de momento, ya ha presentado un escrito en el TC reclamando el «inmediato apartamiento» de los tres magistrados que ha recusado –además del propio Campo, el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, y la magistrada Laura Díez, ex alto cargo de Moncloa– porque defiende, tal y como informó este periódico, que «quien ha sido recusado no puede participar en el proceso y mucho menos en la deliberación y decisión sobre las recusaciones suscitadas».

Pero desde el sector conservador, además, se cuestiona que el mismo Conde-Pumpido haya asumido la ponencia sobre esa cascada de abstenciones que plantea el propio Campo una vez el Pleno le permitió apartarse del recurso del Supremo. «Ese inaudito ese auto masivo con un ponente que no lo es», señalan.

Fuentes del bloque progresista defienden, sin embargo, que tanto el presidente del TC como la magistrada recusada formen parte del Pleno que decida sobre las abstenciones del exministro de Justicia en los recursos contra la amnistía. «Por el mero hecho de que se presente una recusación –hacen hincapié– los recusados no tienen que apartarse de los trámites iniciales». «No se les puede apartar –añaden– hasta que no se vea si esas recusaciones están o no fundamentadas». De otra forma, mantienen, «puede alterarse la tramitación o incluso provocar que no se tramite».

«El Constitucional no es un tribunal ordinario que puede sustituir a sus magistrados», recuerdan, «por lo que hay que evitar que se quede sin el mínimo quórum o se altere su composición o mayoría». Se trata, insisten, de impedir que a golpe de recusaciones se configure «un tribunal a la carta».

De ahí que se opongan a que «para estas decisiones de ordenamiento inicial del procedimiento ya tengan que estar apartados los recusados, porque si no el tribunal que debe decidir ya no es el Tribunal Constitucional». Además, inciden en que «para aceptar la petición de abstención de un magistrado» la presencia de ambos recusados «no tiene relevancia ninguna». «Cada magistrado se apartará en el momento que se analice su recusación», aseguran.

Y en cuanto a que Conde-Pumpido haya asumido la ponencia, sostienen que «no es una ponencia en sentido estricto» y que ha sido el propio Campo «quien ha escrito la resolución y se la ha presentado al presidente, que se limita a trasladar al Pleno esa propuesta». Sobre la mesa, recuerdan, hay ya una treintena de recusaciones –incluida la que ha presentado la Fiscalía contra José María Macías en la cuestión planteada por el Supremo–. Nueve de ellas afectan al exministro. «Es preferible que cuanto antes queden sin objeto para agilizar la resolución de las recusaciones», afirman.

El Pleno del Tribunal Constitucional no abordará en el Pleno de mañana la admisión del recurso de inconstitucionalidad del PP contra la Ley de Amnistía, un escrito que los populares tuvieron que subsanar tras señalar el tribunal defectos formales. Ese contratiempo hará que los magistrados lo aborden en el Pleno de octubre. No obstante, antes tendrá que pronunciarse sobre las recusaciones del PP para apartar no solo a Juan Carlos Campo, sino también a Conde-Pumpido y a la magistrada Laura Díez. Ninguno de los dos ve motivos para abstenerse y la mayoría progresista del TC garantiza que no serán apartados. Más incierto es el pronunciamiento del Pleno sobre la recusación de Macías, por ahora solo en el recurso del Supremo.