Ruz mantiene la causa contra militares chilenos por el asesinato de Carmelo Soria

El juez Pablo Ruz ha rechazado archivar la causa en la que están procesados 7 exresponsables de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena por el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria en 1976, porque el delito de terrorismo la salva del cierre que propugna la reforma de la justicia universal.

Ruz ha adoptado hoy esta decisión en un auto en el que explica que esta causa debe seguir abierta tras haberse acordado el procesamiento por terrorismo y ser la víctima española, por lo que considera que en este caso "concurren los supuestos necesarios para afirmar la competencia de la justicia española".

No obstante, el juez extiende el procedimiento a los delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal porque entiende que son conexos al de terrorismo, la misma tesis que esta semana esgrimió su compañero Santiago Pedraz para seguir investigando el genocidio maya y el asalto a la embajada española en Guatemala en 1980 por terrorismo y por delitos conexos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de género, torturas, asesinato y detenciones ilegales.

En esta misma resolución, Ruz reitera la comisión rogatoria remitida en enero a las autoridades chilenas para que se le informe si existe en ese país una investigación al respecto.

Una vez recibida respuesta, anuncia que elevará exposición razonada al Tribunal Supremo para determinar si en Chile existe disposición a actuar en relación con este crimen.

De este modo, el magistrado rechaza la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de concluir el sumario y enviarlo a la Sala de lo Penal para que sea ésta la que decida sobre el archivo o continuación del procedimiento, porque de hacerlo "difícilmente podrían seguirse los trámites necesarios para el cumplimiento"de la comisión rogatoria y la posterior consulta al Supremo.

En Chile, el pasado año, un juez ordenó reabrir el caso por el asesinato de Soria, perpetrado el 14 de julio 1976 por agentes de la policía secreta del dictador Augusto Pinochet, tras solicitar nuevas diligencias la familia de la víctima.

La investigación en España del asesinato del diplomático español se remonta a 2001, cuando fue admitida la querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende contra quince exmilitares por parte del que fuera titular del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, que en 1999 procesó al dictador chileno Augusto Pinochet,

Según el auto de procesamiento, Soria, que trabajaba como personal diplomático para las Naciones Unidas en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), fue secuestrado por agentes de la DINA, "instrumento de represión política de la dictadura militar", mientras se dirigía a su casa en Santiago de Chile el 14 de julio de 1976, en plena dictadura militar (1973-1990).

Bajo el pretexto de que había cometido una infracción de tráfico, seis de los procesados le detuvieron y lo llevaron a una vivienda propiedad del séptimo encausado - el ciudadano estadounidense Michael Vernon Townley-, "que funcionaba como centro clandestino de interrogatorios y torturas".

Allí, Soria "fue torturado -maniatado y con la cara vendada- durante varias horas, sufriendo fracturas en las costillas", con el fin de que dijera si tenía relación con el Partido Comunista de Chile y especificara cuál era su misión en aquel país.

Después, "con idea de causar su fallecimiento y hacer pasar su muerte como un accidente de tráfico, le inyectaron o hicieron ingerir el contenido de media botella de pisco (aguardiente de uva)", asegura Ruz.

Respecto a las diligencias solicitas por las partes en las piezas I y II de esta causa, relativas a hechos derivados de la dictadura argentina (el sumario está abierto por la represión militar en el Cono Sur), el juez explica que, al estar ambas ya elevadas a la sección tercera de la Sala de lo Penal tras ser concluidas, remite a este órgano esas peticiones "a los efectos oportunos".