Ruz reclama al PP el registro de visitas de ocho empresarios a su sede

MADRID- Dos días después de cerrar la toma de declaraciones a ocho empresarios que supuestamente donaron dinero al PP (entregas que sólo dos de ellos reconocieron, aunque defendieron su legalidad), el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz acordó ayer, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, reclamar al PP más datos para tratar de esclarecer si en la formación había una contabilidad «B». El magistrado que investiga los «papeles de Bárcenas» pide ahora al responsable de seguridad de la formación que le remita «información de los registros de entrada» de la sede nacional del PP en Madrid, entre 2001 y 2008, que afecten a los ocho supuestos donantes imputados en la causa. A saber: Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica); Juan Miguel Villar Mir (OHL); José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando); José Mayor Oreja (FCC); Manuel Contreras (Grupo Azvi); Luis del Rivero (Sacyr); Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa) y Antonio Vilela (Rubau). El instructor deja claro en su resolución que el PP debe consignar en su respuesta «día, mes, año y persona a visitar» por cada uno de ellos en el periodo reseñado.

Pero no es ésta la única información que solicita al partido, al que también pide que especifique todos los «cobros y pagos» efectuados por terceros al PP entre 1990 y 2005, así como las declaraciones del Impuesto de Sociedades de 2007 y 2008. A la Tesorería del partido le reclama igualmente las cuentas de seis sedes regionales (Galicia, Málaga, Cantabria, Sevilla, La Rioja y Cataluña) correspondientes a diferentes ejercicios entre 1997 y 2008, y los gastos de representación entre 2002 y 2012, incluidas las órdenes de transferencia bancaria y las «anotaciones contables acreditativas de los pagos». Y todo ello, explica, porque el PP «no ha remitido la contabilidad consolidada de la sede central con las de sus sedes territoriales», algo que tampoco ha hecho, «al carecer de ellas», el Tribunal de Cuentas.

En esa batería de diligencias, el juez de la Audiencia Nacional también incluye una petición a ocho sociedades (que figuran como supuestas donantes del PP) para que detallen «todo tipo de contratos» con las administraciones públicas tanto a título individual como formando parte de una Unión Temporal de Empresas. Por último, Ruz quiere que la Agencia Tributaria le aporte los datos sobre las declaraciones de operaciones con terceros de una treintena de empresas.

En su resolución, el magistrado considera todas estas diligencias solicitadas por Anticorrupción «pertinentes, necesarias e idóneas» para el objetivo de arrojar luz sobre los apuntes contables investigados en la causa y determinar la existencia de un delito contra la Hacienda Pública u otros posibles.

Bloqueo de cuentas

Por otro lado, Ruz también acordó ayer –a instancias de la sección cuarta de lo Penal– reclamar a las autoridades suizas el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias de Luis Bárcenas, y de las sociedades vinculadas al ex tesorero del PP, en el país helvético. Del mismo modo, también solicita que se recabe de la entidad bancaria LGT (antes Dresdner Bank) «los poderes de representación, la titularidad y las órdenes» que el ex senador hubiese podido realizar sobre una cuenta de la entidad Lombard Ogier a nombre de «Luis F» (supuestamente su amigo Luis Fraga, sobrino del fallecido fundador del PP).

Estas diligencias, solicitadas por el PSOE de Valencia (que ejerce la acusación popular en la causa) fueron rechazadas por el juez, pero la Sala de lo Penal decidió el pasado jueves que deben practicarse, mandato que ahora acata el magistrado.