Sánchez no desvelará en el Congreso las dudas sobre el apagón

Pedro Sánchez fijó un orden de prioridades tras producirse el apagón. Una vez se consiguiera restablecer por completo el sistema, los esfuerzos se enfocarían en comprender cuáles fueron las causas del siniestro. Un extremo nada baladí, pues para conseguir que el «cero absoluto» «no vuelva a repetirse jamás», tal como se comprometió el presidente, primero hay qué identificar qué ha ocurrido para atajar futuras réplicas. En Moncloa aseguran que todavía están lejos de tener ese diagnóstico. Las prevenciones vienen de fuentes gubernamentales que huyen de las urgencias del primer día y avanzan que va a «llevar tiempo» y será «cuestión de semanas» conocer con rigor qué ocurrió en esos cinco segundos que fundieron a negro la península ibérica.

No se espera, por tanto, que Sánchez aporte concreción alguna en la comparecencia del próximo miércoles en el Congreso de los Diputados. Una intervención fijada en un inicio para informar sobre la inversión de más de 10.400 millones de euros en un plan de Defensa que nos permita alcanzar este año el 2% del PIB comprometido con la OTAN, pero que servirá también como contenedor para aportar las novedades que se puedan compartir sobre las causas del colapso energético. Hablar de todo para no concretar nada.

Sin embargo, las excesivas cautelas actuales del Gobierno, que no quiere revelar ni confirmar ningún dato hasta que no sea oficializado por la investigación en marcha, contrastan con la imprudencia del propio Sánchez que, en su comparecencia del martes, ubicó públicamente en la diana de la asunción de responsabilidades a las eléctricas, a renglón seguido de reconocer que no tenía datos «concluyentes» del origen del siniestro. El presidente pidió también no especular, pero desde el Gobierno abonan el terreno para las tesis alternativas y se niegan a descartar vías como la del ciberataque, pese a quedarse solos en esta hipótesis, mientras los expertos apuntan ya claramente a un fallo del sistema.

A la espera de que avancen las pesquisas, el Gobierno trata de llenar el vacío de explicaciones con relato político. Se ha trasladado que las eléctricas son un actor poco fiable. Tras el señalamiento público, llegó la cita en Moncloa y los posteriores requerimientos de información para que faciliten los datos informáticos de los movimientos previos y posteriores a los cinco segundos fatídicos. El culmen es la entrada en escena de técnicos del CNI para fiscalizar los centros de control y asegurar que no ha habido intromisiones.

En Moncloa desconfían porque entienden que hay «muchos intereses en juego», en alusión a las eléctricas, como si el Estado no se estuviera jugando también hacer frente a las indemnizaciones millonarias que se tendrán que afrontar en el futuro, si se demuestra que el falló ha sido computable a sus capacidades o a la falta de ellas. Teniendo en cuenta los informes y las advertencias previas, que ya están trascendiendo públicamente, que existían sobre la volatilidad del sistema, en el Ejecutivo prefieren volver a marcar distancias con Red Eléctrica.

Si en un primer momento Sánchez abrió un abismo con la operadora, que encuadró entre las privadas, pese a su mayoritaria participación del Estado, y exhibió unas diferencias, incluso en cuanto a coordinación, mostrándose ajeno a la información que había compartido la compañía descartando el ciberataque; a las pocas horas, la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, calificaba de «extraordinario» el trabajo de Red Eléctrica y su presidenta.

Sin embargo, en privado el tono hacia Beatriz Corredor es gélido. Las muestras de respaldo público se han cortado, la orden es que ningún ministro que se ponga ante un micrófono vuelva a cerrar filas con ella. No se quiere ligar su destino al Gobierno, de quien depende su nombramiento. Corredor está en la cuerda floja, según varias fuentes consultadas, primero por su reacción, tardó 48 horas en aparecer públicamente a dar explicaciones y cuando lo hizo –en medios afines– fue para descartar su marcha y asegurar que nada había fallado.

Si todavía mantiene su cargo es por cálculo político, en Moncloa no descartan hacerla caer si el momento lo requiere, pero hacerlo ahora sería tanto como poner el foco en Red Eléctrica, asumiendo una responsabilidad por el suceso, cuando públicamente se sostiene que todavía no se sabe qué ocurrió y llevará tiempo hacerlo.