Sánchez lleva seis meses sin contestar en el Congreso

El presidente no se somete al control parlamentario desde febrero y ha evitado incluso dar explicaciones sobre las cumbres de la Unión Europea celebradas este verano.

«¿Cuáles son las razones por las que su Gobierno ha hecho un uso partidista de las instituciones del Estado?»; «¿Está orgulloso el presidente del Gobierno de la labor realizada por su Ejecutivo?»; «¿Qué valoración hace de los nueve meses al frente de su Gobierno?». Éstas fueron las tres preguntas, formuladas por Pablo Casado, Gabriel Rufián y Aitor Esteban, a las que Pedro Sánchez dio respuesta en el Congreso de los Diputados el pasado 27 de febrero. Desde ese día, el ahora presidente del Gobierno en funciones no ha vuelto a contestar a los partidos de la oposición. Ni en Pleno ni en Comisión Permanente. Casi seis meses sin que el jefe del Ejecutivo se someta al control parlamentario. Un total de 176 días hasta hoy, que es probable que se prolonguen durante, al menos, las próximas dos semanas.

Sánchez, sin embargo, puede que tenga que poner fin a este prolongado silencio después de que ayer el Partido Popular y Ciudadanos registrasen un escrito conjunto en la Cámara Baja para que dé cuenta de la posición del Gobierno sobre la emergencia humanitaria relacionada con la labor del «Open Arms». Las formaciones de Pablo Casado y de Albert Rivera trasladan en su escrito su petición para que se celebre un Pleno extraordinario con un único punto en el orden del día: «La comparecencia urgente del presidente en funciones para explicar los cambios en la posición del Gobierno respecto a la crisis migratoria en el Mediterráneo, su inacción ante la actuación de mafias que trafican con personas en esta zona y qué contactos ha tenido con otros gobiernos de la Unión Europea en las últimas semanas sobre esta cuestión».

Pablo Casado, presidente del PP, enmarcó ayer esta petición de comparecencia en el hecho de que «en materia de inmigración se tiene que informar a la Cámara». A juicio de líder popular, «debe haber una política de Estado con el principal partido de la oposición». Casado reprochó a Sánchez su «mala planificación al negociar» en Europa y con el gobierno italiano durante los 20 días que el «Open Arms» ha estado frente a la costa de Lampedusa y le afeó que, con su gestión de esta emergencia, haya alentado a que «las mafias vayan a aprovechar esta crisis para seguir explotando al eslabón más débil».

A pesar de que la petición de comparecencia es urgente no es probable que ésta pueda concretarse hasta el mes de septiembre. En principio, la previsión de la Cámara Baja es que la Diputación Permanente se reúna la próxima semana, la última de agosto. El escrito de populares y naranjas llegará a este órgano, que será el encargado de tramitarla positivamente o no a la hora de convocar la sesión plenaria extraordinaria. También se resolverán otras comparecencias que puedan pedir los distintos grupos parlamentarios. Y como viene sucediendo desde hace meses, la balanza la terminará inclinando el voto de Unidas Podemos. Su posición en esta cuestión será determinante. Teniendo en cuenta que el PSOE y Podemos han mantenido en estos últimos días posiciones muy alejadas respecto a la crisis del «Open Arms», es probable que la petición de comparecencia de Sánchez salga adelante. No en vano, la portavoz del partido morado en el Congreso, Irene Montero, criticaba ayer duramente a la vicepresidenta del Ejecutivo por haber dejado entrever la posibilidad de multar al barco de rescate español: «Si Carmen Calvo no rectifica estas declaraciones, al menos el Gobierno sí debe hacerlo. Urge apostar por un salvamento marítimo público y con recursos suficientes y proteger a quienes apuestan por la solidaridad y por garantizar los Derechos Humanos que esta Europa pone en juego». Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Cámara Baja, insistía en la crítica: «Ojalá Carmen Calvo hubiera sido la mitad de dura con Salvini de lo que está siendo con el “Open Arms” y con las personas migrantes. Equivocar el enemigo es muy peligroso».

El PSOE llevó a Rajoy al TC

La estrategia de Moncloa de sortear el control parlamentario se enfrentará a la ofensiva que PP y Cs han esbozado en las últimas semanas. Estos dos partidos buscarán forzar las comparecencias de Sánchez y de buena parte de sus ministros tanto en el caso de que haya sesión de investidura como si no. En el segundo de estos escenarios, los de Casado y Rivera tendrían que lograr concretar esas comparecencias antes del 23 de septiembre, fecha en la que se disolverían las Cortes si ningún candidato logra la confianza del Congreso. A esta circunstancia se une, además, el hecho de que Sánchez aún tiene pendiente informar al Pleno de la Cámara Baja de los consejos de la Unión Europea celebrados este verano y en los que se pactaron los nombres de los responsables de las principales instituciones comunitarias.

En 2016, fue Sánchez el que, como líder de la oposición, criticó con dureza que Mariano Rajoy eludiese el control parlamentario con el argumento de que su gobierno se encontraba en funciones. El presidente de la Cámara Baja, el socialista Patxi López, trasladó esta polémica al Constitucional, que terminó dando la razón a Sánchez y dictaminando que un gobierno en funciones también debe someterse al control del parlamento. «No se puede negar a las Cortes Generales el ejercicio de la función de control que les atribuye el artículo 66.2 de la Constitución, basándose en que el Gobierno en funciones no desarrolla actividad, en la medida en que, como hemos constatado, sigue desarrollándola», resolvió el Tribunal Constitucional.