Jordi Sànchez niega violencia el 20-S, cuando se destrozaron siete coches de la Guardia Civil

El fiscal ha insistido sobre por qué hicieron llamadas a votar el 1-O y Sánchez ha dicho que "el derecho de manifestación, la libertad de expresión"para defender la autodeterminación "no es un acto ilegal".

El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez ha calificado de "ilegal"el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, pero al mismo tiempo ha defendido que organizar una consulta así "no merece reproche penal", y de hecho ha subrayado que ni la Fiscalía ni ninguna autoridad judicial les prohibieron hacer campaña.

"Organizar un referéndum ilegal no merece reproche penal. La ciudadanía asumió de manera muy mayoritaria su voluntad de votar. Creemos que todo el mundo tenía el derecho a participar como en una manifestación", ha justificado Sànchez durante su declaración en el juicio por el proceso independentista en Cataluña, que ha durado más de cinco horas.

El acusado ha comenzado a responder preguntas sobre el 1-O después del receso del juicio para comer. Por la mañana el interrogatorio ha estado más centrado en el 20-S, y ya por la tarde se le ha cuestionado sobre las movilizaciones durante el día del referéndum.

Por la mañana, manifestó en primer lugar su voluntad de “defenderme en igualdad de armas con mi lengua materna”, el catalán y lamentó que “el Supremo ha perdido una oportunidad para hacer pedagogía de lo que es un Estado pluricultural”. A continuación ha dejado claro que se consideraba “un preso político” y que se encontraba en “un juicio político”. “Todos los hechos son absolutamente falsos” ha asegurado poco antes de manifestar su voluntad de contestar a todas la preguntas del Ministerio Fiscal, personificado en Javier Zaragoza.

“La movilización social era nuestra razón de ser” ha confesado Sánchez al tiempo que el interrogatorio se centrara sobre los gravísimos sucesos que rodearon, el 20 de septiembre de 2017 el registro de la sede de la Consellería de Economía. Aquel día los detenidos no pudieron asistir al registro; 60.000 personas se congregaron por iniciativa de ANC; se destrozaron 7 coches de las fuerzas de seguridad; los últimos guardias civiles salieron a las 7 de la mañana de la consellería y los secretarios judiciales tuvieron que salir por la azotea del inmueble. Estos son los hechos en los que se basa la Fiscalía para pedir 17 años de prisión y 17 de inhabilitación por su responsabilidad al frente de la ANC.

Sin embargo para Sánchez el registro de la Consellería fue “un ataque a Cataluña”, aunque la decisión judicial hay que acatarla, “es lícito en democracia protestar”. El líder de la ANC reconoció que “[el consejero de Interior] Forn me llamó a las 12 para que les ayudáramos en materia de seguridad y yo le dije que íbamos a colaborar en todo lo que fue necesario”. En una conversación posterior con el Mayor de los Mossos D’Esquadra, Josep Lluis Trapero, según Sánchez, se le pidió que se realizara un pasillo para permitir el acceso a la Consejería. Un miembro de la Guardia Civil le informó de que en los coches que el instituto armando tenía apostados frente a la Consejería había “armas largas” sin vigilancia, en lo que fue “el momento de mayor intensidad emocional en todas las manifestaciones en las que he estado”.

Preguntado sobre la destrucción de los coches de la Guardia Civil, Sánchez reconoció que “hubo una serie de vehículos que fueron dañados pero no es proporcionado que una acción de unos individuos (pocos) sea utilizado para criminalizar una manifestación cívica y pacífica”.

Ya por la tarde, a la pregunta del fiscal Javier Zaragoza acerca de si sabía que la ley del referéndum y el decreto de convocatoria habían sido suspendidos por el Tribunal Constitucional, el acusado ha respondido que no tuvo "conciencia"de que la Fiscalía o las autoridades judiciales "prohibieran a la ciudadanía participar".

Campaña activa previa al 1-O

Y además, ha insistido varias veces en que la ANC, Òmnium Cultural y otras organizaciones hicieron campaña "de forma muy activa"durante los 15 días previos al 1-O: "Lo hicimos de forma pública, pidiendo permiso para cada acto. Y en ningún caso, a pesar de la publicidad, de que alquilamos espacios, se nos prohibió ni se nos dijo que no podíamos llamar a participar. Hicimos una campaña pública, visible".

Sànchez se ha escudado en que la sentencia como tal del tribunal de garantías declarando inconstitucional el referéndum se emitió con posterioridad al 1-O, pero ante la insistencia del fiscal, ya que el fallo suspendiendo la convocatoria es de unas semanas antes, ha contestado que "si la ley estaba suspendida, un Estado de Derecho que confía en sus instituciones no tiene qué temer ante una movilización ciudadana así".

"La lógica del Estado de Derecho incluye también respetar la ley y las resoluciones judiciales", ha respondido el fiscal Zaragoza para dar comienzo a su siguiente pregunta, pero ha sido interrumpido por el presidente del tribunal, Manuel Marchena, para evitar "entrar en un debate sobre dónde están los límites". "Ahora estamos interrogando sobre hechos", ha añadido el magistrado, una advertencia que ha repetido después al abogado de Sànchez, Jordi Pina.

Lo que sí ha admitido Sànchez es que sabía que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas había dado órdenes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que no permitieran la celebración de la consulta.

En este sentido ha diferenciado entre lo que pedía la Fiscalía sobre el cierre de los colegios durante todo el fin de semana para evitar que se utilizasen como centros electorales y la decisión de la magistrada que, a su juicio, "dio un giro de 180 grados", ya que únicamente ordenó la prohibición de organizar un referéndum pero no la realización de otras actividades.

Asimismo, Sànchez ha reconocido que entregó a ciudadanos catalanes papeletas del referéndum al igual que instó a imprimirlas para que "pudieron ejercer su derecho democrático". Lo que sí ha negado es que la ANC escondiese urnas.

El fiscal ha insistido sobre por qué hicieron llamadas a votar ese día, el acusado ha afirmado que "el derecho de manifestación, la libertad de expresión"para defender la autodeterminación "no es un acto ilegal". También ha dicho que no imaginó que se pudiera producir la violencia que luego se vivió el 1-O.

Sobre este asunto, ha explicado que le "consta"que en algunos colegios hubo una actuación policial "desproporcionada", pero también que varios agentes sufrieron "algunas contusiones". "¿Le consta que algunos agentes fueran repelidos por vallas?", ha preguntado el fiscal, a lo que ha contestado que no. "Sólo le consta lo otro", le ha reprochado Zaragoza después, para a continuación preguntarle si sabía que un policía atendió a un ciudadano que había sufrido un ataque al corazón. "Eso dignifica al responsable policial", ha destacado Sànchez.

Sànchez ha aprovechado para destacar que millones de personas vivieron ese día "un auténtico terror"debido a la "violencia policial", que nunca había "imaginado". En este sentido, para justificar que no en ningún momento se impidió la actuación de los Mossos d'Esquadra para acatar el mandamiento judicial, ha indicado que en el sumario se detalla que la policía autonómica incautó 134 urnas "sin violencia"y la Policía y Guardia Civil 152, respectivamente; así como que los Mossos cerraron 400 colegios y mientras que los otros dos cuerpos sólo clausuraron alrededor de 50 cada uno.

Ante las dudas mostradas por el representante del Ministerio Público porque Sànchez ha dicho que "no ha intercambiado ningún correo con ninguna persona"sobre esta cuestión, el acusado ha hecho alusión al mensaje enviado por el senador del PP Ignacio Cosidó sobre la propuesta de Marchena para ser presidente del Consejo General del Poder Judicial: No quiero ser impertinente, pero hay whatsapps que se han enviado y que han comprometido el buen nombre del presidente de esta sala y él ha dicho que no sabe nada".