Pedro Sánchez ha comparecido por tercera vez en menos de 24 horas tras el apagón histórico que vivió España en la jornada del lunes. Pero, pese a que las intervenciones se suceden, el flujo de información sigue siendo muy escaso y poco esclarecedor. La alocución del presidente, después de la celebración del Consejo de Seguridad Nacional y que esta vez sí se sometió a preguntas de los medios, apenas fue capaz de arrojar certeza alguna.

El Gobierno fija como máxima prioridad establecer la causalidad del fallo eléctrico, con una comisión de investigación a tal efecto liderada por el Ministerio de Transición Ecológica y en la que participarán el CNI y el Centro Criptológico Nacional, organismos encargados de detectar y repeler cualquier ataque y vulnerabilidad en las infraestructuras críticas.

Avanzar por esta vía supone un reconocimiento implícito de que aún se desconocen las causas del siniestro. Por ello, fue especialmente revelador que el presidente del Gobierno tratara de dirigir públicamente la atención hacia las empresas eléctricas como objeto y objetivo de las pesquisas que se van a realizar para «exigir todas las responsabilidades pertinentes». Un movimiento auto exculpatorio.

Sánchez convocó esta tarde en Moncloa a la presidenta de Red Eléctrica y a representantes de Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona Energía y Naturgy. Al encuentro, que duró unas dos horas, también asistieron los ministros María Jesús Montero, Sara Aagesen, Carlos Cuerpo y Óscar López. Después de señalarlas públicamente, el presidente agradeció «su labor en la pronta recuperación del suministro» y les pidió que «colaboren con el Gobierno y los organismos independientes para identificar las causas del incidente». La relación entre el Gobierno y las eléctricas es especialmente tensa después de que se impusiera un impuesto que si se acabó revirtiendo fue por la presión que hizo Junts.

Además de despejar la responsabilidad hacia los «operadores privados», Sánchez no quiso respaldar la versión que trasladó Red Eléctrica, descartando un eventual ciberataque. En el Gobierno apuestan por mantener todas las hipótesis abiertas. La imagen que se proyectó fue de cierta descoordinación, pues si bien lo primero que hizo el propio Sánchez en la mañana del lunes, tras producirse el siniestro, fue trasladarse al centro de control de Red Eléctrica para seguir in situ la evolución de la situación generada por el corte de suministro eléctrico, ayer desde La Moncloa marcó un abismo de distancia con la operadora.

En primer término, el presidente dijo haber conocido «por los medios de comunicación» la información trasladada por el director de Servicios de la operadora, Eduardo Prieto, que aseguró que «con los análisis que hemos podido realizar hasta este momento podemos descartar un incidente de ciberseguridad en las instalaciones de Red Eléctrica».

En Moncloa no validan esta tesis y evitan descartar cualquier escenario. Es más, van a iniciar una investigación al respecto con esta opción como una de las posibilidades de estudio. «Es imprudente descartar cualquier hipótesis», aseguró Sánchez durante su comparecencia pública, interpelado por las concretas revelaciones del responsable de la operadora energética. En privado, fuentes consultadas aseguran que en los continuos contactos a diferentes niveles y con diferentes ministerios que se han mantenido durante las horas críticas, los responsables de la empresa no les llegaron a descartar el ciberataque.

«No tenemos información concluyente de que haya sido un ataque terrorista». Además, estas mismas fuentes apuntan que sería prematuro no abordar la vía del ciberataque que, si bien podría no haberse producido con una intromisión en el sistema de Red Eléctrica, sí podría haberse dado en otra fase del proceso de producción que no sea la del transporte.

Frialdad con Red Eléctrica

La frialdad y las distancias con Red Eléctrica contrastan con la cercanía de su presidenta, Beatriz Corredor al PSOE, y con la participación pública de la compañía, a la que Sánchez quiere ahora ubicar en el sector privado. Exministra de Vivienda con Zapatero, Corredor tiene un fuerte vínculo socialista y bajo el mandato de Sánchez ha sido diputada por Madrid y presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso en 2019. También ha sido secretaria de Área de Ordenación del Territorio y Políticas Públicas de Vivienda de la Ejecutiva del PSOE y presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, antes de ser nombrada sucesora de Jordi Sevilla al frente de Red Eléctrica.

Además, Redeia, en la que está integrada Red Eléctrica, está participada por la Sepi, como principal accionista ya que posee el 20% de la participación. También hay capital privado, pero quien designa a los presidentes es el Gobierno, por lo que la sociedad mercantil es pública pese a que Sánchez trate ahora de desvincularse, refiriéndose a ella como «operador privado».

Los periodistas también interpelaron al presidente por unas declaraciones suyas en Senado en 2022, en las que negaba la eventualidad de un apagón de estas características en España. En el contexto de la guerra de Ucrania, y ante la posibilidad de que se produjeran cortes de gas en Europa, el presidente se mostró taxativo al asegurar que «no va a haber apagones de electricidad ni racionamiento de bombonas de butano ni ninguna de esas escenas apocalípticas».