Sánchez votará los presupuestos en pleno juicio del «procés»

Busca la coincidencia con la acusación definitiva de la Fiscalía a los líderes soberanistas a la espera de que se suavice el delito de rebelión y poder sumar el apoyo de ERC y PDeCAT.

El Gobierno sigue transitando el camino hacia la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Un camino que, pese a lo arduo que se anticipa, no mina el ánimo de los socialistas que, tanto a nivel gubernamental como en la esfera del partido, rezuman optimismo cuando se les cuestiona sobre la eventualidad de sacar las cuentas adelante. Con el pacto rubricado con Unidos Podemos y las líneas maestras presupuestarias remitidas a Bruselas, el Ejecutivo sigue «pedaleando» para llegar a la meta. Ayer se iniciaron los contactos con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) a fin de fijar una agenda futura de encuentros bilaterales. Los jeltzales parecen receptivos al acuerdo, aunque tienen que valorar –por ejemplo– el impacto que tendrá la alianza presupuestaria con Pablo Iglesias en asuntos como la invasión de competencias en materia social. En todo caso, desde Hacienda ya se anticipó que el pacto con los morados no está escrito en piedra y que se irá modulando según se vaya avanzando en la negociación con el resto de fuerzas imprescindibles para aprobar las cuentas.

Entre estas fuerzas se encuentran los partidos independentistas que, hoy por hoy, siguen públicamente en el «no», aunque en privado se sigan registrando contactos de baja intensidad para allanar su voto favorable. La pasada semana la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se reunió con su homólogo de la Generalitat, Pere Aragonés, y con la portavoz, Elsa Artadi. Sendas citas tuvieron la negociación presupuestaria como telón de fondo. En este sentido se enmarca también la visita que el viernes el líder de Podemos realizará a Oriol Junqueras en la prisión de Lledoners, aunque fuentes gubernamentales quisieron ayer desligarse de una actuación que parte de Iglesias y no viene mandatada por Moncloa. Los partidos soberanistas con sus líderes en prisión siguen declarando que la única vía para que acaben apoyando las cuentas del Gobierno es que el Ejecutivo medie con la Fiscalía para que retire los delitos de rebelión que pesan sobre ellos. Sin embargo, en el Gabinete de Pedro Sánchez mantienen que no habrá tal intermediación porque defienden la «autonomía» del Ministerio Fiscal y la separación de poderes. No obstante, en Moncloa son conscientes de que la gestión de los tiempos puede ser decisiva en este caso, ya que el hecho de que el calendario presupuestario transcurra en paralelo al del juicio del «procés» puede obrar en su beneficio. Hacienda anunció ayer que la llegada de los Presupuestos a la Cámara se retrasará respecto a la fecha prevista inicialmente. Ya no será a finales de noviembre sino a mediados de diciembre. Este será el primer trámite parlamentario, ya que las cuentas entrarán en trámite de enmiendas –tal como publicó este diario, se prevé que los partidos soberanistas no apoyen la previsible enmienda a la totalidad de PP y Ciudadanos–. Con estos plazos, las cuentas no se votarían en el Congreso hasta finales de febrero o ya en el mes de marzo, un calendario que coincide con el previsto para la fase final del juicio del «procés».

Esa posible coincidencia haría que la votación clave de las cuentas de 2019 en la Cámara Baja pueda producirse una vez la Fiscalía haga pública su calificación definitiva: los delitos de los que acusa a los principales líderes del proceso soberanista y las penas que solicita para ellos. La intención de los fiscales del Tribunal Supremo adscritos a la causa del «procés» es mantener la acusación de rebelión al menos por ahora, pero en función de cómo discurra la vista oral –sobre todo si el Ministerio Público considera que no queda acreditada la violencia que exige ese tipo penal– podría alterar esa acusación al final del juicio, que previsiblemente celebrará sus últimas sesiones a finales de marzo o la primera quincena de abril.

Si eso ocurriera y la Fiscalía rebajara las imputaciones –bien contemplando como alternativa el delito de sedición o imputando a los impulsores del desafío independentista delitos que lleven aparejadas penas menos graves–, el Gobierno podría utilizar esa baza procesal para obtener el aval de ERC y del PDeCAT a los presupuestos.

No en vano, ambos partidos soberanistas no han cejado en su empeño de condicionar ese respaldo a las cuentas públicas a la situación de los políticos presos y, aunque la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo con la sentencia, un cambio en las acusaciones allanaría el camino al Ejecutivo para conseguir el aval de ambas formaciones.