Seis agentes investigados por favores a Gao Ping recibieron 144.000 euros sospechosos

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha detectado, en colaboración con la Agencia Tributaria, más de un centenar de ingresos de origen desconocido (111 llega a detallar) que suman más de 144.000 euros entre enero de 2008 y julio del pasado año, la mayoría en efectivo, en las cuentas bancarias de seis de los diez agentes investigados por la Audiencia Nacional por favorecer supuestamente a la red mafiosa liderada por el empresario Gao Ping. Así consta en el informe final fechado el pasado día 9 –al que ha tenido acceso LA RAZÓN– que ha remitido dicha unidad al juez Fernando Andreu, instructor del «caso Emperador». El magistrado reclamó a la Policía las conclusiones de esa investigación (una pieza separada de la causa principal) el pasado 2 de junio.

A lo largo de 41 páginas, Asuntos Internos desgrana la situación patrimonial de los diez agentes investigados por cohecho, prevaricación y revelación de secretos y atribuye a seis de ellos ingresos bancarios sin justificar que, de no determinarse «de forma clara y explícita», constituirían un «indicio cualificado» de su presunta participación en los hechos investigados. Igualmente, advierte de la «ausencia de disposiciones en efectivo», durante meses, para hacer frente a «gastos domésticos elementales que se producen en la actividad diaria». La unidad policial y Hacienda han apreciado ingresos injustificados en las cuentas del comisario ya jubilado Manuel Patricio Rodríguez San Román, del inspector Federico Sánchez Frutos y del agente Blas Donoso Adán, ambos en situación administrativa de segunda actividad; de los policías locales de Fuenlabrada José Pablo Roldán y Mario José Selas y del guardia civil Pablo José Jiménez.

Asuntos Internos pone sobre la mesa en su informe (que completa el que elaboró en febrero de 2014 y que llevó a la Fiscalía Anticorrupción a pedir al magistrado la imputación de los agentes) las diversas conductas que habrían favorecido a la red liderada por Gao Ping (que los imputados negaron ante el juez): facilitar información de bases de datos policiales; mediar para otorgar un trato de favor a Wu Liu, «Miguel el calvo», uno de los supuestos cabecillas de la trama; agilizar la tramitación de documentos de extranjería a ciudadanos chinos; un «exceso de servilismo» respecto a éstos; mediación y favorecimiento de sus negocios; anulación de multas; presión a locales que hacían la competencia a la red buscando deficiencias para imponer sanciones o acordar su cierre y facilitar información confidencial del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Fuenlabrada para allanar los negocios de Wu Liu en el polígono Cobo Calleja.

La investigación patrimonial no ha apreciado, sin embargo, ni operaciones sospechosas ni inusuales incrementos de patrimonio en la información tributaria de Roberto Ruiz Ortega, subinspector de Extranjería en Madrid; Ángel Luis Olmedo, comisario en la misma brigada provincial y Óscar Francisco García Frade, policía en Fuenlabrada (aunque en su caso sí le atribuye haberse beneficiado de su relación con la mujer de Wu Liu, Lin Aiyan, para impulsar su actividad empresarial en una correduría de seguros para ciudadanos chinos, que le habría reportado 10.961 euros entre julio de 2012 y julio de 2013). Por último, Asuntos Internos tampoco aprecia un enriquecimiento inusual del patrimonio del inspector Miguel Ángel Gómez Gordo, jefe de grupo en la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid, aunque sí observa una serie de «operaciones anormales»: 24 meses entre 2011 y 2014 en los que no cargó a sus cuentas los habituales pagos por el alquiler de su vivienda y ausencia de retiradas de efectivo para gastos corrientes, sobre todo en 2013.

Asuntos Internos no ha podido aclarar la procedencia de 27 ingresos en efectivo entre enero de 2008 y julio de 2014, por un total de 11.095 euros, en la cuenta del guardia civil Jiménez Marín, y de 15 ingresos que suman 13.497 euros (en 2013 y 2014) y otros cinco por un total de 3.590 euros (entre 2009 y 2013) en dos cuentas del comisario, ahora jubilado, Rodríguez San Román. En este último caso, los investigadores apuntan a que esas operaciones podrían estar vinculadas a «presuntas contraprestaciones» que habría recibido por «facilitar información obtenida de bases de datos policiales» y mediar, cuando era comisario jefe del distrito de Puente de Vallecas, para otorgar un trato de favor en dependencias policiales a Wu Liu.

Un hijo en nómina

En cuanto al agente Donoso, la investigación señala cinco ingresos en efectivo (entre 2009 y 2014) en dos cuentas bancarias a su nombre por un total de 15.520 euros, que relaciona con el supuesto trato de favor en la tramitación de documentos de extranjería para ciudadanos chinos a instancia de Lizhen Yang, mujer de Gao Ping; XianXian Wang, cuñado del supuesto líder de la trama, y Wu Liu, para quienes, recuerda, habría actuado supuestamente como un «asesor particular». Además, subraya que esos presuntos favores coinciden con los ingresos en efectivo que percibió un hijo del agente (10.310 euros en total de abril de 2012 a mayo de 2014) a quien tenía en plantilla una empresa del polígono Cobo Calleja .

Del inspector Sánchez Frutos, en situación de segunda actividad desde julio de 2011, Asuntos Internos pone de relieve sus «relaciones comerciales y societarias» con el imputado Wu Liu, pues ambos son socios en la empresa Pink City Import, dedicada a la compraventa de prendas de vestir. Asimismo, alerta de dos «operaciones atípicas sospechosas de ocultar dinero»: la adquisición por parte de esa sociedad de una nave en Fuenlabrada en 2010 por 600.000 euros, de los que se desconoce el origen de 348.000, y el libramiento en 2009 de dos cheques por 20.060 euros a una empresa de Wu Liu meses antes de la compra de ese local. La unidad policial también informa al juez Andreu de «un elevado número de movimientos de efectivo entre sus cuentas, lo que ha dificultado seguir el rastro». Algunos corresponden a abonos por el alquiler de una vivienda, pero de nueve ingresos por un valor total de 16.292,23 euros no se ha podido «determinar la procedencia y origen» por lo que, supuestamente, corresponderían a contraprestaciones por «la mediación y favorecimiento de los negocios de ciudadanos de origen chino».

Perjudicar a la competencia

En las cuentas del policía local Roldán Juez, el informe pone de manifiesto «un elevado número de ingresos en efectivo de origen desconocido» que corresponderían a «operaciones atípicas que evidencian una fuente de financiación ajena no conocida» (31.790 euros en total ). Asuntos Internos cree que percibió esas cantidades por anular multas a ciudadanos chinos a instancias de Wu Liu o realizar presiones «tendentes a perjudicar a locales que pudieran hacer la competencia a los negocios de Yongping» en Fuenlabrada.

Por último, las «operaciones atípicas» de su compañero Selas Martínez de origen desconocido suman 52.550 euros en 2012 y 2013. Asuntos Internos cree que «se habría valido de su condición de policía local» para facilitar a la trama china información urbanística confidencial «para favorecer los intereses económicos» de Wu Liu, otorgando «tratos de favor a éste y sus clientes».

Archivada la causa contra un empresario

El instructor del «caso Emperador», el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, acordó el pasado día 6 archivar las actuaciones respecto al empresario Enrique Lasarte, imputado en el procedimiento por delito fiscal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. En su resolución, el magistrado sustenta su decisión, adoptada a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, en un informe de la Agencia Tributaria del pasado 10 de junio en el que la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) concluye que la cuota supuestamente defraudada por el empresario en el IRPF de 2012 «sería inferior a 120.000 euros» (teniendo en cuenta el importe de la devolución solicitada a la Agencia Tributaria en ese ejercicio), por debajo, por tanto, del límite del delito fiscal, por lo que solicitaba el sobreseimiento provisional de las actuaciones, que finalmente ha acordado el juez Andreu.