Más de 40 años para los consejeros socialistas de Asturias acusados por el «caso Marea»

Las primeras irregularidades del «caso Marea», la mayor trama de corrupción juzgada hasta la fecha en el Principado, fueron detectadas a principios de 2010 en la adjudicación de contratos.

La Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a 40 años y 3 meses de prisión a 8 de los 13 acusados en el caso Marea, entre ellos el ex consejero socialista de Educación José Luis Iglesias Riopedre y su número dos en el departamento, María Jesús Otero, a los que ha impuesto 6 y nueve años y medio años de cárcel, respectivamente.

La sentencia, cuyo contenido íntegro se entregará a las partes el próximo jueves debido a su volumen, también condena a la ex funcionaria Marta Renedo Avilés, cuyas iniciales forman el acrónimo que dio nombre a la investigación, a 9 años de prisión por la trama de adjudicación irregular de contratos a empresas.

La Audiencia ha considerado que Riopedre –de 77 años y responsable de la Consejería de Educación en los sucesivos gobiernos de Vicente Álvarez Areces– y Otero son culpables de los delitos de prevaricación en concurso con falsedad documental y fraude a la administración, así como de cohecho.

A Renedo, cuyas irregularidades dieron inicio a la investigación en 2010, se la condena por los delitos de falsificación en documento oficial en concurso medial con prevaricación y malversación de caudales públicos, así como del de cohecho. Además, los cuatro empresarios juzgados en el «caso Marea», la mayor trama de corrupción juzgada hasta la fecha en el Principado, han sido condenados a un total de 15,9 años de prisión.

La mayor pena impuesta a estos empresarios corresponde a los gerentes de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, que deberán cumplir cada uno seis años y medio de prisión por los delitos de falsedad en documento oficial en concurso medial con malversación de caudales públicos y de cohecho.

La sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, también impone penas de un año y nueve meses de cárcel para Maximimo Fernández, de Asac Comunicaciones, y de un año para José Azorín, de Nora Proyectos e Ingeniería. La Audiencia también considera culpable a un funcionario de Mieres contra el que la Fiscalía no había presentado acusación aunque sólo le impone una multa de 1.800 euros por cohecho, mientras que absolvió a los otros cinco procesados, también trabajadores de otros ayuntamientos y de la Universidad de Oviedo. Además de las penas de prisión, el fallo impone a los acusados multas por un valor total de casi 6,8 millones de euros.

Las de mayor cuantía les han sido impuestas a María Jesús Otero, 2,5 millones de euros, y a los empresarios Alfonso Carlos Sánchez y Víctor Manuel Muñiz, 1,9 y 1,5 millones, respectivamente, mientras que el ex consejero deberá pagar 400.000 euros y la ex funcionaria Renedo 480.000 euros. El fallo judicial por el caso Marea se ha conocido trece meses después de que finalizara la vista oral, informa Efe.