Todo comenzó hace siete años. Entre el 31 de julio y el 1 de agosto de 2018, Marruecos cerró sin avisar a España la aduana comercial de Melilla, establecida con el Tratado de Fez en 1866. Poco más de un año después, en diciembre de 2019, Rabat lograba terminar con el «comercio atípico» (el contrabando tolerado por ambos países) en la frontera con Ceuta. Comenzaba el calvario para las dos ciudades autónomas españolas, que varios años después siguen sufriendo las consecuencias de una poco disimulada estrategia de las autoridades marroquíes, que no reconocen la soberanía española de las dos localidades, de procurar su asfixia comercial.

A pesar de las promesas del Gobierno central de hace más de tres años tras un acuerdo con Rabat que las autoridades marroquíes nunca reconocieron en público

—Melilla recuperaría su aduana de tiempos de Isabel II y Ceuta contaría con una de nuevo cuño— lo cierto es que los pasos comerciales siguen bloqueados para desesperación de sus vecinos y sector empresarial.

Tras el inicio de la desaparición hace ahora siete años del contrabando llegaría otra decisión unilateral por parte de Marruecos, en este caso justificada por motivos sanitarios. El 13 de marzo de 2020 las autoridades del país magrebí decidían cerrar sus fronteras terrestres tras detectarse en su suelo los primeros casos de coronavirus. Habría que esperar hasta mediados de mayo de 2022 para que se avinieran a abrir los pasos fronterizos para ciudadanos europeos o en posesión de visados Schengen. La situación no ha cambiado a día de hoy a excepción del exiguo número de trabajadores con permiso para poder cruzar la frontera.

Cierre condicionado

A pesar de la prudencia y el celo con los que las autoridades marroquíes se manejaron durante toda la crisis sanitaria, a pocos observadores atentos se les escapa la vinculación entre los más de dos años de cierre hermético y la crisis en las relaciones entre España y Marruecos entre 2020 y 2022. Así las cosas, las verjas no volverían a abrirse hasta la ya histórica misiva de Pedro Sánchez al rey Mohamed VI, fechada el 18 de marzo de 2022 y difundida por Palacio, no consultada con el Congreso ni el jefe del Estado, en la que el líder del Ejecutivo expresaba por primera vez en la historia de las relaciones hispano-marroquíes su apoyo a la propuesta de autonomía para solucionar el problema del Sáhara Occidental.

En su carta al soberano alauí, Sánchez afirmará que la iniciativa de autogobierno —la posición oficial de Naciones Unidas sigue siendo la defensa del referéndum— constituye la base «más seria, creíble y realista» para superar el problema de la soberanía de la que fuera colonia española hasta 1976. El giro español en el Sáhara ponía fin a la crisis abierta con Rabat, que tuvo su punto álgido en el ingreso del líder del Frente Polisario en un hospital de Logroño en la primavera de 2021, y abría una nueva etapa en las relaciones bilaterales. Apenas tres semanas después de hacerse pública la carta, Sánchez era recibido en Rabat por Mohamed VI.

Ambas administraciones pactaban una ambiciosa hoja de ruta en la que se anunciaba ya, aunque en términos vagos, la «normalización de los dispositivos de control aduanero» sin que Marruecos reconociera explícitamente la soberanía española de Ceuta y Melilla (y, sin embargo, España sí volviera a saludar negro sobre blanco la propuesta de autonomía marroquí).

Casi ocho años después de la última vez, en febrero de 2023, Marruecos y España volverían a celebrar en Rabat una Reunión de Alto Nivel (RAN). Habían transcurrido meses desde la visita oficial de Sánchez y las aduanas comerciales, la más tangible de las iniciativas de la nueva hoja de ruta, no habían visto la luz. De hecho, no la verían en todo 2023 ni en todo 2024 a pesar de las promesas del Gobierno y, de manera particular, del ministro de Exteriores José Manuel Albares, quien nunca escatimó elogios a las autoridades marroquíes por su cooperación con España.

Incumplimiento

Lo cierto es que, a pesar de la aparente fluidez de las relaciones bilaterales, el Gobierno ha sido incapaz de explicar la naturaleza de los aparentes «problemas técnicos» aducidos en varias ocasiones por ambas administraciones para justificar el bloqueo infinito de las aduanas. Además, desde la reapertura de fronteras tras la pandemia Marruecos ha venido incumpliendo el régimen de viajeros.

Y al fin, a comienzos de este año, Marruecos se avino a tolerar, aunque con cuentagotas, el paso de mercancías por las fronteras con Ceuta y Melilla. Un pacto de mínimos que no ha convencido a los empresarios de las dos ciudades. Según cifras publicadas por la prensa del país norteafricano, desde la reapertura parcial de la aduana en Melilla el pasado mes de enero se han registrado 19 cruces de mercancías —de los cuales solo siete tenían como destino Marruecos—, mientras que en Ceuta se han contabilizado 42 cruces, pero solo uno con origen en la ciudad autónoma.

Las aparentemente excelentes relaciones entre el Ejecutivo de Sánchez y las autoridades marroquíes no impidieron que a comienzos del pasado mes de julio Rabat decidiera volver a frustrar la actividad de las aduanas de Ceuta y Melilla. Seis meses después del inicio de los primeros cruces de mercancías —fundamentalmente furgonetas con electrodomésticos y productos de higiene y limpieza—, Rabat bloqueaba los trámites administrativos en el Tarajal y Beni Enzar.

Sin explicación oficial por parte del Ejecutivo magrebí, la razón esgrimida en la práctica por las autoridades norteafricanas es la incompatibilidad del paso de mercancías y la celebración de la Operación Paso del Estrecho (OPE), un dispositivo anual que ambas administraciones despliegan desde el 15 de junio y el 15 de septiembre.

A pesar de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, asegure que la OPE es «compatible» con el paso de mercancías por las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla, lo cierto es que el tránsito comercial sigue a día de hoy interrumpido para desesperación del tejido comercial de ambas ciudades. El jefe de la Diplomacia española asevera que mantiene contactos activos con Rabat para resolver la situación y el pasado 15 de julio negaba que los pasos comerciales hayan sido cerrados de manera definitiva.

Cinco años de éxitos diplomáticos

Lo cierto es que desde 2020 la poderosa diplomacia marroquí puede presumir de indudables avances en la cuestión angular de toda su acción exterior: el problema del Sáhara Occidental. La década comenzó con el reconocimiento inédito de Estados Unidos —la primera Administración Trump en sus últimos días— de la soberanía marroquí sobre la que fuera colonia española en una jugada a tres bandas que comprometía a Rabat a normalizar relaciones con el Estado de Israel.

Después llegaría el apoyo de España, antigua potencia colonial, al plan de autonomía propuesto por Marruecos ante la ONU para solucionar un conflicto que cumple medio siglo. Sin duda, el otro gran hito para Rabat —del que hace justo un año— fue el reconocimiento francés del plan de autonomía bajo soberanía marroquí como «la única base» de solución. Francia, que había jugado siempre una posición de equilibrio en la cuestión del Sáhara entre Rabat y Argel, completaba su viraje en favor de Marruecos.

Además, el pasado mes de junio, otra gran potencia, el Reino Unido, ponía fin a su tradicional neutralidad para respaldar también la propuesta de autonomía marroquí para el territorio de la excolonia española. Las autoridades marroquíes seguirán presionando a Madrid para lograr de Sánchez, o de su sucesor, un apoyo a sus tesis en la línea con el expresado por Washington y París, sus aliados históricos. La negativa de Moncloa a avanzar en este sentido explica el reciente enfriamiento en las relaciones.