La soledad de la resistencia procesal contra la ley de amnistía

El pasado día 17 comparecí en el Congreso de los Diputados en una mesa redonda organizada por el grupo parlamentario del PP para hablar de la ley de amnistía.

Allí tuve ocasión de exponer mi opinión contraria a la constitucionalidad de esta ley por diversas razones. Porque arranca de una exposición de motivos manipulada donde para nada aparecen ni las leyes de desconexión ni la declaración unilateral de independencia como causantes de lo acontecido. Porque es clara la vulneración del principio de igualdad tanto respecto a personas como a elementos objetivos: no se sustenta que sea amnistiable una malversación solo por una razón ideológica en una comunidad autónoma, mientras se mantiene en el Código Penal ese mismo delito. Vulnera además el principio de seguridad jurídica al establecer conceptos difusos en su redacción, lo que parece llevar a la conclusión de que si una comisión de investigación de las pactadas con Junts decide que una persona debe ser amnistiada esto se convierta en un mandato a los jueces para aplicar la ley. Podría seguir hablando, pero hay mejores y más preparados tratadistas que han escrito ya sobre esta cuestión, entre ellos los letrados del Congreso.

No obstante y como dice el refrán, «a Dios rogando y con el mazo dando», y mientras mucha gente en España se indigna frente a la televisión y afirma lo mal que esta todo, en Cataluña diferentes personas y entidades como Sociedad Civil Catalana, Impulso Ciudadano, Asociaciones en Defensa de los Derechos Lingüísticos, Asociación por La Tolerancia, Cataluña Suma, S`Ha Acabat, o simplemente el grupo de chavales de Barcelona con la Selección, que quieren que la selección española venga a jugar a Cataluña, nos hemos movilizado.

Vivimos y luchamos ignorados por el resto de españoles, quienes incluso han asumido el discurso del conflicto entre Cataluña y España. Cataluña son los independentistas a los que se opone España. Pero existimos otros catalanes y entre ellos estamos la resistencia procesal.

Tres son los procedimientos que serán algunas de las claves para la aplicación de la ley de amnistía.

1) La llamada «operación Voloh», que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. Cuando estalló esta operación, el gran abogado Miguel Capuz y yo contactamos porque la prensa independentista inició un campaña contra el instructor y contra la Guardia Civil, que había hecho el atestado, y supimos que Fiscalía no había pedido medidas cautelares. Agrupamos asociaciones diversas, –cada una puso 200 euros para que pudiéramos actuar como acción popular– y tuvimos que contestar en sesiones maratonianas a los recursos de los excelentes abogados defensores de quienes estaban en la causa. Ganamos todos los recursos que habían presentado en la Audiencia Provincial. Desde entonces, las copias, el trabajo, todo, ha corrido a cargo de los bolsillos de Miguel y mío. Gracias a esta causa se han conocido las relaciones del independentismo con Rusia.

2) Causa por terrorismo que se sigue contra los ERT (Equipo de Respuesta Táctica de los CDR). Entendíamos que teníamos que ser catalanes quienes acusásemos a estas células terroristas y nos personamos como acción popular. La Acvot es una asociación que carece de subvenciones; no la tiene estatal porque es una asociación autonómica y no la tiene en Cataluña porque en su momento se opuso a adherirse al «procés». Su única sede es mi despacho profesional. Cuando conocimos este asunto, solo gracias a los compañeros de Dignidad y Justicia pudimos aportar los 2.000 euros. Únicamente gracias al infatigable trabajo de Ignacio Fuster-Fabra y José Carlos Velasco hemos podido llegar a formalizar un escrito de acusación de más de 70 folios. Todo ha corrido a nuestro cargo, todo ha salido de nuestro bolsillo.

3) Causa «Tsunami Democràtic». Cuando el juzgado de la Audiencia Nacional incluyó la imputación por terrorismo, decidimos personarnos en nombre de dos policías que a consecuencia de los actos del «procés» quedaron incapacitados para ejercer su trabajo. Esto les permitiría ser reconocidos como víctimas del terrorismo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional había dado un giro de 180 grados porque en julio consideraba que había terrorismo y ahora decía que no. Nosotros presentamos un escrito poniendo de manifiesto nuestra oposición, argumentando que se siguiera investigando por terrorismo. Sin la colaboración de Ignacio Fuster-Fabra y José Carlos Velasco esto no hubiera sido posible, porque también aquí todos los viaje y gastos los hemos cubierto de sus bolsillos y del mío.

No tenemos recursos para pedir periciales, no tenemos recursos para comparecer en piezas separadas en las que podía haber cuestiones interesantes. Cierto es que, por ejemplo, en el «caso Voloh» hay otras acusaciones personadas y en el «caso Tsunami» lo están también nuestros amigos de Dignidad y Justicia. Y que, gracias a lo que escriben grandes maestros y amigos como el profesor Gonzalo Quintero o la profesora María Teresa Freixas, bebemos de fuentes teóricas insuperables.

Pero en la práctica, en la lucha procesal diaria estamos frente a causas con más de 5.000 folios cada una que un día se verán afectadas por la ley de amnistía impulsada por los investigados o procesados, que tienen detrás todo el apoyo de un Gobierno autonómico y una proporción de medios que ni siquiera puedo decir de mil a uno, sino de mil a cero.

Tengo pocas esperanzas de que alguien nos ayude. Sé que una vez más nos van a decir que somos valientes, que ánimo, que adelante, que nos apoyan, etc. etc. Como creo que el siguiente billete a Madrid también me lo pagaré yo de mi bolsillo.

Pongo de manifiesto esta realidad porque si algún día los independentistas consiguen su objetivo será con la complicidad de muchos, los que a través del actual Gobierno les dan todo lo que piden, pero también por la pasividad de otros.