Sólo 240 catalanes en el extranjero se suman a la consulta en la recta final

El rey de Esparta, Leónidas, cerró con 300 hombres el paso de las Termópilas a la imponente armada del rey persa Jerjes en la Segunda Guerra Médica. Parece ser que eran algunos más los griegos que se enfrentaron al ejército persa porque además de espartanos se encontraban, entre la alianza de «polis» griegas, atenienses, tespios y tebanos. En total, alrededor de algo más de un millar, apuntan los historiadores. Pueden parecerles pocos, pero este número es superior al de los catalanes residentes en el extranjero que se han registrado para votar en la consulta del 9 de noviembre.

Después de casi seis meses, el registro impulsado por la Generalitat con un decreto del mes de marzo –escrito con sumo cuidado para evitar una impugnación, por lo que no hace mención a la consulta del 9-N– apenas tenía registrados a mediados de este mes de agosto a 840 ciudadanos. Los catalanes residentes en el extranjero son, según datos del propio Gobierno catalán, unos 211.000 ciudadanos. Y el ritmo de inscripciones no mejora. Si el 10 de julio se habían apuntado 599 residentes, el 13 de agosto solamente había los mencionados 840 inscritos.

A la vista de estos datos sorprende la determinación del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, de hacer la consulta como sea y su conminación a Mas a hacer caso omiso de una –más que posible– impugnación del Tribunal Constitucional. El líder de los socialistas catalanes le ha contestado de forma tajante que «ERC llevará a Cataluña por el camino del desastre». Posiblemente, Miquel Iceta tenga razón en su apreciación, pero antes que al desastre, la celebración del referéndum soberanista puede llevar a Cataluña por el camino del ridículo internacional.

Merkel, Obama, Barroso y Hollande se han pronunciado públicamente contra una consulta ilegal que no tenga todas las garantías democráticas. Sacar las urnas a la calle «sí o sí», como apadrina ERC o la Asamblea Nacional de Cataluña, sin un censo y sin medidas para evitar el fraude, no tendría ningún apoyo internacional. De momento, estos mínimos no se dan. Según los expertos de la Generalitat que están trabajando en la logística de la consulta secesionista, se necesitan 40 días para que la organización funcione y se garanticen las mínimas normas democráticas. A 80 días de la fecha en cuestión, el Gobierno catalán no tiene un censo general, no existe un registro de extranjeros residentes en Cataluña, tampoco existe un censo de los mayores de 16 años y los catalanes residentes en España simplemente no podrán votar. Si a esto le sumamos que la única iniciativa legal que ha visto la luz, el censo de catalanes en el extranjero, es un absoluto fracaso, tendremos la foto fija de la situación del proceso soberanista.

Ante esta situación, con los problemas acumulados y las incertidumbres de protagonistas, no fue extraño que la vicepresidenta, Joana Ortega –encargada de organizar la consulta–, tenga sus dudas razonables y abogara hace escasos días por un aplazamiento si no existía un acuerdo con el Estado. La dirigente del Gobierno catalán no reconoce ni la falta de medios, ni la falta de datos, pero reconoce que hacerlo de forma ilegal es una chapuza que convertiría a Cataluña en el hazmerreír de Europa y del mundo.

La mera posibilidad de retrasar el referéndum puso en tensión la alianza nacionalista. Han pasado varios días y esa tensión sigue patente. Mas intentó poner paz. Dijo que convocaría la consulta pero evitó contestar a varias preguntas: ¿se hará el referéndum sin acuerdo con el Estado? ¿Se hará sin datos creíbles? ¿Se hará sin tener las garantías democráticas mínimas? A todos estos interrogantes, silencio. La boutade –definida como salida de tono que pretende ser ingeniosa aunque no lo consiga– sigue en marcha, aunque ya a estas alturas sabemos que los catalanes del extranjero no votarán. Hasta ahora sólo lo hará el 0,47%. Y estamos a 80 días de la consulta.