Suspendidas las declaraciones previstas para hoy de los tres ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados por los protocolos que se aplicaron en las residencias durante la primera ola de la Covid (2020).

La jueza María Isabel Durántez, que indaga en si hubo algún delito en la orden de la no derivación hospitalaria de algunos ancianos, ha aplazado las comparecencias al alegar los tres investigados que no se les había dado traslado de las actuaciones.

Se tendrá que fijar ahora otro día y hora para que la instructora tome declaración a Antonio Burgueño, asesor sanitario del Gobierno autonómico, y de Carlos Mur y Javier M. Peromingo, los dos antiguos directores generales de coordinación sociosanitaria.

A ellos, las acusaciones particulares -tres plataformas de familiares de las supuestas víctimas- les acusan de haber tenido responsabilidad en la muerte de más de 7.000 ancianos en las residencias de la región madrileña. Tampoco se ha practicado, como estaba previsto, la testifical al técnico de ambulancias Braulio Jara.

Los tres letrados de las acusaciones han reivindicado a las puertas del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid que los fallecimientos "no van a quedar impunes" y se han mostrado seguros de que habrá Justicia para "algo tan horrible que ocurrió hace 5 años".

Los abogados han vinculado las alegaciones de los exaltos cargos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que han provocado la suspensión de sus declaraciones, con una "estrategia y maniobra dilatoria" y ha defendido, en este sentido, que hace dos meses (el pasado 1 abril) que se les citó y, por tanto, rechazan la versión de que no hayan tenido acceso a las actuaciones de la causa.

El caso se abrió, con el apoyo de la Fiscalía Provincial de Madrid, tras denunciar las tres entidades -Pladigmare, Marea de Residencias y Verdad y Justicia- la supuesta existencia de un delito de denegación de acceso a asistencia sanitaria por discriminación (artículo 511 del Código Penal).

Dado que, según las asociaciones, se priorizó la derivación a un centro sanitario de aquellos mayores que no tenían patologías previas o sufrían algún tipo de discapacidad.

Tanto el PSOE de Madrid como Más Madrid han pedido personarse como acusaciones populares en el procedimiento judicial.