La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha imputado a dos antiguos altos cargos de la Comunidad de Madrid para indagar en si fueron correctos los protocolos que se aplicaron en las residencias de ancianos de la región durante la Covid, tal y como ha podido confirmar LA RAZÓN de fuentes jurídicas.

La investigación se dirige contra Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, después de que reclamase su reapertura la Fiscalía Provincial Madrid. La indagación judicial en la posible existencia de responsabilidades penales en los protocolos de la no derivación hospitalaria -que se aplicó durante la primera ola de la pandemia- ya fue archivada provisionalmente hace más de dos años.

Ahora, les cita para que declaren el próximo lunes por haber sido ambos directores generales de coordinación sociosanitaria cuando estuvo en vigor esta orden a lo largo de 2020.

Tras conocerse la decisión, fuentes del PP han señalado la trayectoria profesional de la jueza que ha recuperado el asunto. Se trata de María Isabel Durántez Gil, cuya trayectoria profesional ha estado vinculada -a ojos de los populares- al PSOE. Como miembro de la Carrera judicial, pertenece a la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD).

Desde la formación recuerdan que, además, es la misma jueza que, como informó LA RAZÓN, dejó en libertad al hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en un caso de agresión sexual al que se enfrentó.

Asimismo, la magistrada archivó la demanda en que la familia Franco acusaba al Gobierno de Pedro Sánchez de haber incurrido en irregularidades durante el proceso de exhumación que culminó con la salida de los restos del dictador del Valle de los Caídos.

Durántez fue también alto cargo del Gobierno con el expresidente socialista José Rodríguez Zapatero. En 2009 fue nombrada directora general de la Marina Mercante y pasó a depender del Ministerio de Fomento con el PSOE hasta fue cesada en 2012 con la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa.

Antes, desde 2005 ejerció como directora general de Interior en la Xunta de Galicia en la etapa del bipartito de Emilio Pérez Touriño.

Las citadas fuentes del PP también sacan a relucir sus conexiones familiares con otros miembros destacados de la Justicia. La instructora es hermana de la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez. Conocida por haber sido la representante del Ministerio Público durante el "caso Rubiales" o por oponerse a la censura previa del documental sobre el exdirigente de ETA Josu Ternera.