Sánchez ya tiene el real decreto ley para exhumar a Franco

El Gobierno ya tiene perfilada la «fórmula jurídica» para llevarla a cabo. El real decreto ley se aprobaría tras el verano y el traslado de los restos desde Cuelgamuros no se materializará hasta septiembre.

«Sin precipitación y causando las menores estridencias posibles». La declaración de intenciones que se hizo desde la dirección del PSOE hace más de un mes y medio en relación a la exhumación de Francisco Franco ha resultado ser providencial. A pesar de que el Gobierno haya tratado sin éxito de imprimir una mayor premura al proceso, las trabas jurídicas inherentes al traslado de los restos del dictador fuera del Valle de los Caídos han dificultado sobre manera que se llevara a cabo antes de las vacaciones de verano, como preveía el presidente. «Os pillará trabajando», dijo Pedro Sánchez a los periodistas en una conversación informal. Y así será, pero ya a la vuelta del descanso estival. Todo está listo para exhumar a Franco y se hará con «absoluta discreción» y «esperando el momento adecuado», apuntan. Fuentes gubernamentales aseguran que ya se ha «salvado» la problemática jurídica que había impedido avanzar hasta ahora, por lo que Moncloa podría proceder en cualquier momento a poner en marcha la maquinaria. No obstante, estas mismas fuentes aseguran que no será en el último Consejo de Ministros, que tendrá lugar este viernes, sino tras el parón veraniego, a partir del 24 de agosto. Además, los trámites que lleva aparejada la convalidación de la medida no harán que se materialice como pronto hasta septiembre, pues requiere de varias semanas a partir de su aprobación. «Esperamos que la salida del dictador del Valle de los Caídos esté completada para el final del verano», señalaban desde Moncloa después de los últimos inconvenientes.La fórmula que se activaría, con toda seguridad, es la del real decreto ley, un instrumento que dota de un empaque especial a la decisión por varias razones. En primer término, porque traslada al Congreso de los Diputados la responsabilidad de su convalidación. Este hecho no es baladí y la mecánica tiene varias aristas: el consenso político al que obliga y, por ende, la exigencia de retratarse de todas las fuerzas parlamentarias. En concreto al nuevo PP de Pablo Casado y a Ciudadanos, en plena pugna por las esencias del centro derecha, cuyos partidos no se opusieron hace un año en sede parlamentaria a dicha exhumación. El Gobierno cuenta con el respaldo suficiente para la convalidación del decreto ley y con esta medida se ciega la vía abierta por el «precedente Sanjurjo» en el que un tribunal ordinario, el juzgado contencioso administrativo número 2 de Pamplona, revirtió el acuerdo del Ayuntamiento de la ciudad y del Arzobispado para retirar los restos del general José Sanjurjo del monumento a los caídos de Pamplona. Ante las amenazas de la Fundación Francisco Franco y de los familiares del dictador de litigar para evitar la exhumación, el tribunal competente ahora sería el Constitucional, lo que complicaría el proceso aunque no lo imposibilitaría. Si alguna de estas partes invoca un interés legítimo frente a las vulneraciones de los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 y 30.2 de la Constitución, podría recurrir en amparo la decisión parlamentaria y gubernativa. Para la interposición del recurso de amparo contra decisiones gubernativas o administrativas y contra decisiones judiciales es preciso haber agotado antes la vía judicial previa, así como haber invocado en ésta, tan pronto como fuera posible, la vulneración del derecho fundamental que pretende hacerse valer ante el Tribunal Constitucional.El Gobierno ha querido prever cualquier eventual contingencia que pudiera surgir antes de poner en marcha la iniciativa, de un marcado carácter simbólico pero que lleva aparejada también ciertas dosis de conflictividad. No en vano, desde que se conociera la intención del Gobierno de trasladar los restos de Franco se han sucedido manifestaciones a favor de la permanencia de los restos en el Valle de los Caídos y ayer la sede del PSOE de Getafe apareció forrada con carteles exigiendo este extremo. Los socialistas calificaron esta acción como «un ataque directo contra la democracia» que les reafirma en su apoyo a la iniciativa impulsada por el Gobierno. «La campaña organizada contra el PSOE hace más evidente la necesidad de recuperar las políticas de Memoria Histórica», señaló el partido en un comunicado.A estos conflictos, se suman los competenciales que en parte Moncloa consiguió salvar, gracias a la disposición favorable de la Iglesia como autoridad competente a no oponerse a la exhumación. El Cardenal Arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, que es quien tiene las competencias en este asunto, no tiene «ningún interés» en oponerse a ello, es más, está abierto a colaborar y dispuesto a poner todos los medios para alcanzar una solución de consenso. «La Comunidad está allí para orar, no para ser un agente político», asegura. Sin embargo, el apoyo de la familia sigue sin ser explícito, pues se resisten a hacerse cargo de los restos.