Torra: “Soy un mártir low cost”

El president de la Generalitat reconoce ante sus consejeros que es una figura política totalmente amortizada en la semana en que ha retado a la Justicia con la guerra de símbolos separatistas.

Sucedió en la última reunión del Govern, dónde el presidente de La Generalitat dejó claro que no está dispuesto a acatar la obligada neutralidad constitucional en periodo electoral. «Soy un mártir low-cost», aseguró ante unos consejeros cada vez más divididos. Acababa de hablar con su auténtico jefe de filas, el fugitivo Carles Puigdemont, quien le llamó desde Bruselas para felicitarle por su firmeza. Ambos pactaron la estrategia de seguir con el choque frontal contra Madrid, sabedores de que tiene un coste personal muy bajo para Quim Torra, una figura política totalmente amortizada. «Tienes que jugar al ratón y al gato», le dijo Puigdemont a su sucesor, según fuentes de su entorno. En su papel de marioneta del prófugo, Torra se apresta a cumplir esta misiva con una guerra de pancartas y demandas jurídicas. En una impresentable maniobra de toreo a la Junta Electoral Central recambió los lazos amarillos por un enorme lienzo blanco a favor de la libertad de expresión y prepara un paquete de querellas por prevaricación contra la JEC.

Esta es la táctica del prófugo Puigdemont y su fiel títere Torra, en completo a las amenazas de la Fiscalía. «Le importan un pito», afirman dirigentes de ERC, favorables a retirar los lazos amarillos y hartos de las excentricidades del presidente de La Generalitat y el fugitivo de Waterloo. Pero a la vez, están atrapados en su estrategia porque el independentismo necesita de la unidad para subsistir. Y en esta batalla, Puigdemont y Torra parten con ventaja por «plantar cara a Madrid», reconocen en ERC a su pesar. Admiten que a Torra esta cascada de provocaciones le sale «gratis total», dado que su figura política es la de un mártir a bajo precio. Los republicanos, muy enfrentados ya al PDeCAT y las huestes de Puigdemont y Torra, tienen claro que ambos mantendrán «la burla» contra el Estado porque durante la campaña electoral ellos se presentan como «más valientes que nadie». El soberanismo está dividido y en una tremenda ratonera.

La maquinaria judicial es lenta. La posible pena de inhabilitación contra Torra tardará muchos meses en llegar, desde luego pasadas todas las elecciones. Fuentes jurídicas señalan que una vez presentada la querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, instancia ante la que el presidente está aforado, los jueces deben decidir si la admiten a trámite y designar un instructor para la investigación. Después, su tramitación correspondería al fiscal jefe de Cataluña, Francisco Bañeres, una vez recibida la petición de la Fiscal General del Estado, María José Segarra. Las anteriores causas contra el separatismo, el 9-N y el 1-O, implican un tiempo de años, por lo que un eventual juicio contra Torra no tendría lugar durante el 2019. En ningún caso, según estas fuentes, la inhabilitación sería rápida y, cuando llegara, el actual presidente catalán estaría ya fuera de la escena política.

Esta dilatación de los tiempos facilita a Torra jugar con ventaja, en esa táctica de ratón y gato para lanzar un pulso y tensar la provocación con las instituciones del Estado, aunque sin traspasar totalmente las líneas rojas. De ahí su retirada de los lazos amarillos por la mañana, para colocar por la tarde otra pancarta a favor de la libertad de expresión. El follón organizado en el Palau y las consellerías fue descomunal, mientras en los distintos departamentos se sustituían los polémicos lacitos por otros símbolos independentistas. Esta guerra de los «pancartazos» pone de los nervios a muchos sectores del PDeCAT y ERC, que ven claramente cómo Puigdemont marca la agenda. «Uno desde su poltrona en Bruselas y el otro agitando la calle», aseguran. La división en el mundo soberanista está servida, aunque nadie la reconozca en público bajo amenaza de ser acusado de «mal catalán».

Desde su mansión en Waterloo, «El Puchi» marca la agenda y Torra es su ejecutor. Así se ha visto en la confección de las listas electorales, dónde el fugitivo ha colocado nombres a su antojo, al margen del partido, incluso a su íntimo amigo Josep María Matamala como cabeza de lista al Senado. Un empresario de Girona que no milita en el PDeCAT, fiel y eterno acompañante de Puigdemont desde su huida a Bruselas. El escaño en la Cámara Alta le reportará aforamiento y unos pingües ingresos, nada desdeñables para la vida de lujo que ambos llevan en sus correrías por Europa. El fugitivo ha designado un «núcleo duro» para el 28-A y las elecciones regionales de mayo, de dónde han quedado descolgados veteranos convergentes como Carles Campuzano o Jordi Xuclá. La línea de confrontación se impone, sabedores de la lentitud de cualquier proceso judicial y en plena efervescencia del que se celebra en el Supremo.

Por otro lado, al Gobierno no le viene nada mal que la querella contra Torra coincida con la campaña electoral, según admiten en Moncloa y el PSOE. Lo ven como una vía indirecta para frenar los ataques del PP y Cs sobre fragilidad e inacción de Sánchez frente a sus aliados soberanistas. Ello explica la sutileza con que se mueven en este asunto el presidente del gobierno y los socialistas, que subrayan la autonomía de la Fiscalía para presentar la querella lo que, en su opinión, aleja cualquier crítica directa a la posición del Gobierno. Tanto Casado como Rivera han estado muy duros contra Sánchez por su tibieza hacia los separatistas, pero en Moncloa y Ferraz ven la iniciativa de la JEC como una operación de «coste cero» en campaña.

El juicio al «procés» camina ya hacia su segundo mes, con unos testimonios policiales y de la Guardia Civil de alto calado, claramente reveladores de que hubo violencia durante el 1-O. Al margen de lo acaecido en la Sala, dónde el magistrado Manuel Marchena ha tenido que fajarse con los abogados defensores, la tensión política se dispara. «El independentismo está partido por la mitad», afirman dirigentes de los partidos catalanes. La fractura dentro del PDeCAT es enorme, aunque la tregua se mantendrá hasta el 28 de abril y, sobre todo, las autonómicas y municipales, dónde alcaldes y cargos regionales de la antigua Convergencia aún conservan cierto poder. El alejamiento con ERC fue patente al retirar los lazos de sus sedes sin esperar a que lo hiciera Torra. Como bien dice un consejero del Govern: «Aquí ya no manda nadie».