«Tuve que pedir un crédito para que mi hija estudiara en castellano»

Las familias de casi 300 niños temen que tras la sentencia del TC que anula la «fórmula Wert» tengan que volver a escuelas donde sólo se escolariza en catalán.

Estudiar en Cataluña en un centro en el que se garantice el castellano como lengua vehicular se ha convertido en una proeza para muchas familias. En los tres últimos cursos, 200 alumnos, según los datos de la Alta Inspección del Estado, han estudiado en centros privados con cargo a la Generalitat tirando de fondos que, de forma anticipada, el Estado ha detraído a la comunidad autónoma de las transferencias previstas. Además, los padres de otros 98 iniciaron el procedimiento en septiembre acogiéndose a la controvertida fórmula que plasmó en la Lomce el ex ministro Wert y en mayo estaba previsto que recibieran la aprobación a la «subvención» tras adelantar las cuotas del colegio privado en el que escolarizan a sus hijos.

Así, las familias de casi 300 alumnos que viven en Cataluña ven con preocupación la posibilidad de que sus hijos tengan que abandonar sus centros y acudir otros donde las clases se dan en catalán, ante la imposibilidad de poder afrontar las cuotas de un privado después de que el Tribunal Constitucional anulara la «fórmula Wert» por desbordar las competencias estatales y por no reunir las garantías necesarias. Muchos de los que iniciaron el trámite y se embarcaron en créditos para pagar colegios pensando en que la Administración les compensaría económicamente ven con desesperación un futuro incierto que ahora estudia la Abogacía del Estado.

La sentencia del Constitucional deja claro que la «fórmula Wert» no se puede volver a aplicar pero aún no hay una solución clara para estas 300 familias y otras tantas que en el futuro quieran escolarizar a sus hijos en la lengua de Cervantes. «¿Las que hicimos el trámite y a final de curso nos tocaba cobrar, recibiremos el dinero? Realizamos la solicitud antes de que el TC se pronunciara», se plantean los padres.

La controvertida fórmula para garantizar la educación en castellano en Cataluña ha permitido que, en todo este tiempo, cada familia que ha escolarizado a un hijo en un colegio privado reciba 5.200 euros el curso 2014/15; 4.900 euros el 2015/16, y 4.600 el curso 2016/17. Una cantidad que ha bajado progresivamente porque «es lo que la Generalitat ha destinado por alumno cada uno de esos cursos», explica M.A.M.F, uno de los padres que asegura que es el argumento que ha recibido de la Inspección Educativa. La cantidad supone un alivio para la economía familiar, aunque no cubre la totalidad del desembolso que hace teniendo en cuenta que el gasto por alumno y año es de unos 9.000 euros.

Javier es uno de esos padres a los que el pronunciamiento del TC le ha acarreado dos problemas: uno con el catalán; y otro económico. Por motivos laborales, aterrizó en Barcelona en 2017 procedente de Canarias y con una niña de 8 años. Desde entonces, una de sus principales preocupaciones ha sido la escolarización de su hija. «Había estudiado toda la vida en castellano y pensamos que era un cambio muy radical desembarcar en un colegio donde lo único que se hablaba era catalán, cuando no sabía ni una palabra. Mi mujer y yo estuvimos buscando colegios en los que se educara en castellano, pero la única alternativa era uno privado». A Javier le explicaron la vía excepcional que contemplaba la Lomce y matriculó a su hija tirando de ahorros y de la ayuda de la familia para pagar matrícula y mensualidades convencido de que al final de este curso recibiría la «subvención» con la que recuperar parte del desembolso. «Los que queremos educar a nuestros hijos en castellano no somos ricachones. Por pagar el colegio me he tenido que quedar sin vacaciones, he hecho muchos sacrificios y tengo serios problemas para llegar a fin de mes. Lo hemos pasado muy mal. Si no recibimos la compensación, tendré que sacarla de ese colegio para llevarla a uno donde sólo se habla catalán y temo que fracase académicamente. La sentencia del TC nos deja desprotegidos en nuestros derechos fundamentales», se lamenta.

Ramón ha librado también una verdadera «batalla» para que su hija mayor pueda estudiar en castellano. «La única opción era un privado, para lo que tuvimos que pedir un crédito y ahora no estamos seguros de que la Administración nos vaya a devolver al menos la mitad de lo que hemos pagado. No podemos seguir haciendo frente a las cuotas si no contamos con ayudas y tenemos el derecho a decidir que nuestros hijos aprendan castellano en la escuela porque también es idioma oficial en Cataluña, pero el problema aquí es doble: la falta de atribuciones de la Alta Inspección y el empoderamiento de los directores, que son los que deciden qué asignaturas se dan en cada idioma. Llevo 50 años viviendo en Cataluña y quiero que mis hijos aprendan castellano porque es un idioma de más futuro».

El procedimiento administrativo para solicitar el derecho a la compensación de los gastos de escolarización en un centro privado con lengua vehicular en castellano supone sortear una verdadera carrera de obstáculos. La falta de una casilla en el modelo oficial de preinscripción de la Generalitat en la que marcar la elección del castellano obliga a las familias a adjuntar un formulario del Ministerio de Educación en el que se especifica esa solicitud en un colegio catalán. Pasados dos meses, una vez que el centro hace pública la lista de admitidos, empieza el verdadero calvario: la familia se tiene que personar en el centro y pedir el anexo lingüístico (PEC), el horario escolar de clases y el idioma en el que se imparten, además del listado de libros. Son las familias las que tienen que demostrar a la Administración que el centro no garantiza el aprendizaje en castellano.

«En muchos casos la directora se ha negado a sellar los papeles que requieren las familias para poder presentarlos, e incluso a admitirlos en una ventanilla. Hay padres que han tenido que llamar a la guardia urbana ante la negativa del centro a sellar papeles y admitir documentación. Ya están curtidos y te ponen todo tipo de trabas. Hay que aguantar malas caras y formas, saben como marearte y darte largas», explica otro de los padres.

Después, es necesario seguir el procedimiento que marca la web del Ministerio de Educación, en el que se da la opción de incluir toda la documentación escaneando uno a uno cada página, lo que genera un expediente que al imprimirlo suponen entre 30-40 páginas, que justifican que la familia ha hecho todo lo posible para que sus hijos estudien en castellano. El documento se presenta en la delegación territorial del Ministerio de Educación. En septiembre se registra en ventanilla. El Ministerio tarda dos meses en aperturar le expediente y es, a partir de entonces, cuando empieza a contar un plazo de seis meses para obtener una resolución de favorable o desfavorable. La Alta Inspección hace las comprobaciones pertinentes para comprobar que todo se ajusta a lo requerido. Para cuando Educación contesta, la familia ya ha desembolsado el 90% del coste del colegio.