UGT acordó por contrato el cobro de comisiones en las facturas

El cobro de rápels o comisiones por parte de UGT-A a sus proveedores estaba tan institucionalizado en la contabilidad interna del sindicato que llegó a acordarlo mediante contrato. Dan fe dos documentos que incorporó a la causa la Fiscalía Superior de Andalucía, y que forman parte del voluminoso sumario del caso de las facturas falsas de UGT-A del que se encarga el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla y al que ha accedido LA RAZÓN.

El primero de los documentos data del 15 de junio de 2006. Los firmantes son el ex tesorero y ex secretario de Administración de UGT-A, Federico Fresneda, y un representante de la empresa Lienzo Gráfico, ambos detenidos junto a otras 14 personas en la segunda fase de la Operación Cirene. Acuerdan que la empresa Lienzo Gráfico –que quebró después de la oleada de informaciones sobre los enjuagues contables con el sindicato– «efectuará un 10 por cientro de rápel a UGT-A en cada una de las facturas abonadas por la misma, cantidad que será entregada a UGT-A en forma de talón».

El segundo contrato de prestación de servicios es del 1 de enero de 2010. Los firmantes son los mismos y los términos similares, lo que da idea de la prolongación en el tiempo de las actividades ilícitas. Sólo cambia que el término rápel se sustituye por comisión –hay una directriz interna que parte de una de las empresas del sindicato (Soralpe) para implementar este nuevo concepto– y se aplica a la facturación anual. Cantidad que debe abonar el proveedor «a los 20 días de la presentación de la factura de UGT Andalucía».

El cobro de rápels fue una de las principales herramientas que utilizó UGT-A para, según sospecha la Guardia Civil, financiarse de forma irregular. Se suma a esta importante pulmón de ingresos la generación de botes con un grupo de empresas de confianza –además de Lienzo Gráfico, Chavsa, Publicar, Siosa, Karonte, Viajes Macarena, Cuerda de Castro o Carpetas Abadía– a través de la emisión de facturas infladas o directamente falsas; el endoso del cien por cien de los gastos corrientes y de estructura a subvenciones públicas finalistas; y el 20 por ciento del montante de los cursos de formación que retenía el sindicato. El rápel solía oscilar entre el cuatro y el 15 por ciento. Es una figura que en en sí misma no es irregular, pero UGT sí hizo un uso presuntamente ilícito, toda vez que este descuento aplicado a subvenciones públicas –sobre todo de la Junta y con cofinanciación europea– fue directamente a las arcas del sindicato y en ningún momento lo comunicó a la Administración correspondiente, punto sobre el que llama la atención en varios informes de diligencia la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargada del caso.

En palabra de un trabajador del departamento de Contabilidad que aún sigue en el sindicato lo que existían eran «dos realidades contables distintas, una la del departamento de Contabilidad y otra la de Justificación». No era lo mismo lo que UGT-A presentaba en sus facturas y memorias a la Junta de Andalucía que lo que realmente computaba en sus ingresos. Este desfase se cubría con la emisión de facturas trucadas, falsas o los pagos a cargos de botes o saldos pendientes que componen el abundante circulante de dinero líquido con el que el sindicato pagó dietas, ingente propaganda sindical, sobresueldos, o incluso regalos como agendas, videocámaras, bolígrafos de plata y relojes, como avanzó en su día este periódico.

El mismo trabajador del departamento de Contabilidad aseguró a la Guardia Civil que «encajar esas dos realidades era muy complicado». De ahí que en 2010 los ex miembros de la Ejecutiva regional Federico Fresneda y María Charpín promovieran la instalación de una herramienta contable denominada Spyro, que incluía una pestaña exclusiva para la gestión de los botes y que se extendió a todas las uniones provinciales.

Con el Spyro acabó de institucionalizarse la ingeniería de financiación irregular del sindicato y el Spyro ha acabado por convertirse en el mejor testigo de las ilegalidades de la UGT porque guarda el registro de toda la trazabilidad de la gestión de los expedientes.

De ahí que la Guardia Civil lo primero que hizo en las pasadas navidades cuando se personó en la sede de UGT-A, en la primera fase de la Operación Cirene, fue llevarse una copia de este valioso sistema informático.