Un abogado alemán experto en extradiciones para frenar la OEDE

Fuentes de su entorno prevén un largo proceso. «Volvemos a la casilla de salida cinco meses después».

El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha contratado los servicios de un abogado alemán experto en procedimientos de extradición para que le defienda ante la Justicia alemana en el procedimiento abierto por España para conseguir su entrega a nuestro país. Así lo han confirmado fuentes próximas al líder independentista, que aseguran que el letrado –de quien por ahora prefieren no facilitar su identidad– ya asistió ayer en la comisaría de Schuby a Puigdemont, quien también pudo contactar telefónicamente con su defensa en España.

Para fortuna del ex president, se dio la casualidad de que el letrado germano –a quien esas mismas fuentes se refieren como «el mayor experto en extradiciones de Alemania»– se encontraba ayer de vacaciones a escasos diez kilómetros del lugar donde fue detenido el líder de Junts per Catalunya (JxC), lo que propició que pudiera prestarle asistencia letrada con suma rapidez después de que desde la defensa de Puigdemont se contactara con él telefónicamente para recabar sus servicios.

Ayer mismo, el abogado belga del ex presidente de la Generalitat, Volgens Paul Bekaert, admitía a la televisión VRT News no conocer la legislación alemana, aunque insistió en que existen argumentos para rechazar su entrega a España.

En el periplo del ex president de Finlandia a Bélgica, reconocen, «el peor escenario posible era su detención en Suecia». Allí, cuentan, Puigdemont pasó «más de diez horas» hasta llegar a Dinamarca. «No nos cabía un alfiler», recuerdan, pues consideran que su entrega a España hubiese sido más factible desde el país escandinavo.

La detención de Puigdemont en Alemania añade una muesca más a la dispersión de los líderes del «procés» huidos de la Justicia española, para quienes internacionalizar la causa soberanista es una de sus indisimuladas prioridades. Al abanico de Bélgica (donde se encuentran los ex consellers Meritxell Serret, Antoni Comin y Lluís Puig y hacia donde se dirigía Puigdemont en el momento de su detención al cruzar la frontera germanodanesa), Suiza (Marta Rovira y Anna Gabriel, aunque esta última no está reclamada) y Reino Unido (Clara Ponsatí) se une ahora Alemania. «Nos lo han puesto en bandeja –comentan–. Si España no hubiese retirado la euroorden cuando el procedimiento estaba abierto en Bélgica esto no se habría producido».

Pese a que el Código Penal germano castiga con suma severidad el intento de separar una parte del territorio de la República Federal, fuentes próximas al ex president consideran que el escenario que se abre para el líder de Junts per Catalunya es «muy favorable». «Ese delito de traición a la patria no es en absoluto equiparable al de rebelión», insisten,

«Hemos vuelto a la casilla de salida cinco meses después –aseguran–. El que piense que estamos más allá del 5 de noviembre del año pasado (fecha en la que Puigdemont compareció ante el juez belga encargado de tramitar la OEDE emitida por España) se equivoca».

En el entorno de Puigdemont están convencidos de que el procedimiento en Alemania irá para largo, porque ante la existencia de circunstancias «excepcionales» el plazo para decidir sobre la entrega «es indefinido». Si el juicio por rebelión, como se prevé, se celebra en España antes de final de año «aun situándonos en el peor escenario posible para él no se sentará en el banquillo».

De hecho, la Fiscalía española está llevando a cabo desde ayer –según confirmaron fuentes del Ministerio Público– «intensas gestiones» con su homónima alemana y Eurojust –el organismo creado por la Unión Europea en 2002 para agilizar la coordinación de las investigaciones y judiciales entre países miembros– para facilitarles cuanto antes «toda la documentación y material» necesario para hacer efectiva la euroorden.

A la espera de conocer qué postura adoptará la Fiscalía del estado de Schleswig-Holstein en la comparecencia de hoy de Puigdemont ante el juez de garantías de Neumünster, VOX –que ejerce la acusación popular en la causa abierta contra los líderes independentistas en el Tribunal Supremo– ya ha anunciado que instará al juez Pablo Llarena a reclamar a Alemania el ingreso en prisión del ex presidente de la Generalitat, ante el «evidente riesgo de fuga», mientras se tramita la petición de entrega española.