Un camino de reformas para lograr la prórroga del déficit

Todo indica que la estrategia para echar el freno en la carrera hacia los recortes ha comenzado y que España es uno de los países que más se va a beneficiar con una prórroga que podría incluso llegar a los dos años. No es el primer balón de oxígeno que recibiría España. El cambio de Gobierno y el importante desvío en los objetivos de las comunidades autónomas propiciaron durante todo el año pasado el baile de cifras sobre los números que manejaba España y las continuas negociaciones y renegociaciones sobre el objetivo de déficit público.

Tras conocerse que las cuentas públicas arrojaban un déficit del 8,5% al cerrar el año 2011, frente al objetivo pactado del 6%, el Gobierno peleó para que la meta para el año 2012 se relajara hasta el 5,3%. Al final, nuestros socios de la moneda única nos concedieron una cifra intermedia, el 5,8% que, más tarde disminuyó en el ajuste hasta el 6,3% después de que se reconociera otra rectificación al alza de la cifra de 2011 que al final llegó hasta el 8,9%.

Primer alivio que, sin embargo, ha supuesto pagar un alto precio en forma de subida del IVA, del IRPF, supresión de la paga extra para funcionarios y recortes en Sanidad y Educación por parte de las comunidades autónomas. Dentro del capítulo de las reformas, lo más destacado ha sido la reforma laboral, con un abaratamiento de la indemnización por despido a veinte días. Entre medias, la petición del rescate circunscrito al sector financiero, que, si bien ha impuesto medidas muy duras de reestructuración al sector y ha aumentado nuestro déficit público y nuestra deuda, también ha arrojado luz y taquígrafos tras las constantes sospechas sobre el verdadero estado de las entidades financieras.

España ha terminado el año pasado con un desfase de siete décimas respecto al pacto suscrito, pero a pesar de esto, la Comisión Europea no ha pedido medidas suplementarias de ajuste ni para el año 2012 ni para el 2013. Si se contabilizan las ayudas a la banca, la cifra de déficit asciende hasta el 10,6% pero Bruselas ha decidido no contabilizar el saneamiento financiero a la hora de decidir si castiga o no a un país.

El gasto público total de nuestro país ha ascendido al 47% del PIB (ayudas a la banca incluidas) y los ingresos se han situado en el 36,4% al cerrar el año pasado. Bruselas aprieta pero no ahoga, y dentro de su informe sobre desequilibrios macroeconómicos ha pedido al Gobierno una vuelta de tuerca a algunas de las reformas al considerar que estaban incompletas. Se ha interpretado que la batería de nuevas medidas que se van a anunciar el viernes son la contrapartida a una relajación del objetivo de déficit.