Un fraude de más de 800 millones de euros en doce años

La juez Mercedes Ayala señaló, en su exposición razonada al Tribunal Supremo, que las ayudas sociolaborales y a empresas por parte de la dirección general de Trabajo de Andalucía entre 2000 y 2012 investigadas por su juzgado alcanzaron la cifra de 855 millones de euros.

La trama de los ERE es la cuarta causa relacionada con el "Caso Mercasevilla" y tiene su origen en las irregularidades en la gestión de los Expedientes de Regulación de Empleo presentados y ejecutados por el mercado central de abastos de Sevilla.

La causa acumulaba en septiembre de 2014 un total de 227 imputados que según la investigación defraudaron entre los años 2001 y 2010 alrededor de 130 millones de euros. De esta cifra 50 corresponden a sobrecomisiones pagadas a asesorías y bufetes de abogados, más de 73 millones a ayudas a empresas y otros 12 pasaron a manos de intrusos, es decir beneficiados sin relación laboral con la empresa en situación de ERE.

Los hechos se remontan a los años 2003 y 2007, cuando Mercasevilla ejecutó dos ERE, costeados en parte por la Junta de Andalucía. El comité de empresa fue quien denunció que en el primero de ellos se encontraba un "intruso". Posteriormente la investigación descubrió más casos fraudulentos.

La investigación de la Guardia Civil dejó al descubierto un complejo sistema para conceder ayudas millonarias (procedentes de la Junta de Andalucía) "basándose en decisiones discrecionales"que pudo ser utilizado en las prejubilaciones de más de sesenta empresas acogidas a los planes gubernamentales de empleo entre los años 2001 y 2010.

Estas ayudas beneficiaron a personas ajenas a los eres, sin derecho a percibir las ayudas, y no tenían que ver con necesidades objetivas sino que respondían a intereses personales.

Por su parte la juez instructora del caso y titular del juzgado número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, calculó en al menos 50 millones de euros el valor de las sobrecomisiones vinculadas a las pólizas financiadas con dinero público.

Este dinero, según la magistrada, salía del programa presupuestario 31L, conocido como "fondo de reptiles", y se repartía entre las aseguradoras, que financiaban las prejubilaciones, los despachos de abogados que se encargaban de los trámites y altos cargos de la Junta que percibían comisiones de los mediadores.

En el caso hay imputadas más de cincuenta personas, entre ellas el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía durante nueve años, Francisco Javier Guerrero Benítez, que ingresó en prisión provisional el 10 de marzo de 2012, por orden de la juez Mercedes Alaya.

Además en la madrugada del 19 de marzo de 2013 la Guardia Civil detuvo a veintidós personas por orden de la jueza Mercedes Alaya. La operación conocida como "Heracles", estaba dirigida contra los intermediarios de los eres fraudulentos y en la misma fueron investigadas las empresas aseguradoras Vitalia y Uniter, receptoras de importantes comisiones.

El operativo se desarrolló en diversas localidades de Sevilla, Huelva, Jaén, Cádiz, Madrid, Barcelona y Las Palmas. De los 22 detenidos ocho pasaron a disposición judicial y la juez dejó a cuatro en libertad con cargos: María José Marcos, esposa de Antonio Albarracín, directivo de Vitalia; José González Torrent, hijo del dueño de la aseguradora Uniter; Roser Masa, administradora de la aseguradora Fortia, y Gregorio Martínez, amigo del ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero.

En cambio, decretó prisión contra siete imputados: Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta; Antonio Albarracín, exdirectivo de Vitalia; el sindicalista y mediador en la trama, Juan Lanzas; Eduardo Pascual, coordinador de Vitalia; María Vaqué, directora general de dicha aseguradora; Ismael Sierra, cuñado del "conseguidor"Juan Lanzas y dueño de una empresa presuntamente utilizada para introducir las comisiones en el mercado financiero, y Eduardo Leal del Real, propietario de las empresa Atrado Mensajería y Estudios Agenciales, a las que Alaya imputa la misma función.

Para esclarecer las posibles responsabilidades políticas en junio de 2012 el Parlamento de Andalucía creó una comisión para investigar la relación de los poderes públicos con el fraude.

La comisión comenzó sus trabajos el 21 de agosto y concluyó el 28 de noviembre de 2012 sin un acuerdo entre las tres formaciones. El PSOE limitó las responsabilidades políticas al exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero.

Por su parte IU las elevó hasta los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera. Finalmente el PP responsabilizó del fraude al entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, y al que fuera su consejero de Economía y Hacienda en el momento del fraude y actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, a quien llegaron a calificar de "cajero de los ERE".

El caso dio un nuevo giro cuando la juez Alaya imputó el 2 de julio de 2013 a la exministra Magdalena Álvarez y a otros veinte exaltos cargos de la Junta de Andalucía. En el sumario la magistrada argumentaba que la exministra fue la persona que dictó en 2003 las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales, algo "absolutamente inadecuado".

El sumario de los ERE tiene 265 imputados y acumula más de 100.000 folios motivo por el que la Fiscalía General del Estado, en contra del criterio de la jueza Mercedes Alaya, consideró imposible un enjuiciamiento conjunto y propuso la separación en tres procesos. Además de pedir al Supremo que se hiciera cargo de la parte que afectaba a los cinco parlamentarios nacionales, entre los que figuran los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Grinán, recomendó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que se ocupará de los cuatro aforados autonómicos: Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Francisco Vallejo y Manuel Recio, también exconsejeros de la Junta.

El 14 de agosto de 2014, la juez Mercedes Ayala señaló, en su exposición razonada al Tribunal Supremo, que las ayudas sociolaborales y a empresas por parte de la dirección general de Trabajo de Andalucía entre 2000 y 2012 investigadas por su juzgado de instrucción alcanzaron la cifra de 855 millones de euros.

El 16 de junio de 2015, Mercedes Alaya dejó de ser titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y fue sustituida por María Núñez Bolaños, aunque continuó como refuerzo hasta el 13 de octubre cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acordó por unanimidad que no instruyerá el caso de los ERE ni ninguna de las otras macrocausas que comenzó.