Un fraude diseñado al milímetro y en tres fases

Así se fraguó la mayor trama de corrupción de España. Alaya repasa en su escrito al Supremo cómo la Junta «subvertió el ordenamiento jurídico» para hacer prevalecer sus intereses políticos.

El fraude de los ERE se origina porque la Junta de Andalucía ha sido incapaz de acomodar una decisión política al ordenamiento jurídico. Ésa es la teoría que sustenta la instrucción de la jueza Mercedes Alaya y que deberán ahora avalar o no otras instancias judiciales, entre ellas el Tribunal Supremo, ya que hay implicados nueve aforados, entre los que se encuentran los dos ex presidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El Gobierno andaluz decidió en 1999 conceder ayudas sociolaborales a los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo. El desempleo y la fragilidad del tejido productivo siempre ha sido uno de los principales problemas de la región. Para minimizar el impacto y como una de sus políticas «estrella», la Junta decidió sufragar los costes de las grandes reestructuraciones empresariales, garantizándose así la «paz social» y apagar los conflictos que podrían erosionar al Ejecutivo autonómico y al PSOE. La fórmula, pactada con sindicatos y empresarios, era simple: la Junta pagaba a los trabajadores despedidos una renta mensual a través de una póliza financiada con fondos públicos hasta la edad de jubilación y la empresa, en teoría, seguía funcionando con un plan de viabilidad. Todos los actores ganaban. Esta idea política se ejecutó provocando, a juicio de Alaya, «una auténtica subversión del ordenamiento jurídico» que la Junta ha mantenido durante más de una década con pequeños cambios legales insuficientes. En la exposición razonada remitida al Tribunal Supremo para justificar la implicación de los nueve aforados, la magistrada repasa el origen del caso.

LOS PRECEDENTES

En 1999, la Consejería de Empleo recurría a subvenciones excepcionales para pagar prejubilaciones. Jurídicamente era la fórmula apropiada, pero en la práctica había un problema: al ser ayudas recurrentes y heterogéneas, los órganos de control interno comenzaron a poner reparos, lo que ralentizaba el proceso y por tanto, la consecución de los objetivos políticos. Esa «controversia» entre los órganos de gestión y los de fiscalización dio lugar a la creación de un nuevo sistema para la concesión de las ayudas.

EL PROCEDIMIENTO

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández denominó como «procedimiento específico» la nueva fórmula de trabajo encontrada para seguir impulsando las políticas de ayudas sociolaborales de la Junta. Así lo refleja Alaya en su escrito. Con la intención de agilizar el funcionamiento, la Junta traspasó fondos públicos a una empresa pública. El Instituto de Fomento de Andalucía –luego Agencia IDEA– recibía transferencias de financiación por parte de la Administración. Esta figura presupuestaria es legal siempre que se utilice para equilibrar la cuenta de resultados de los entes públicos. Sin embargo, ese dinero no se utilizaba para ese fin sino para pagar los ERE y las subvenciones a empresas que ordenaba la Consejería de Empleo. El interventor se limitaba a verificar el expediente de la transferencia de financiación, pero no el uso de la misma, toda vez que no ejercía sus funciones de fiscalización en la empresa pública, que actuaba como «caja pagadora». Un agujero legal que posibilitó el fraude. En este tiempo se distinguen dos etapas. Durante 2000 y 2001, el dinero llegaba a la empresa pública a través de modificaciones presupuestarias, siempre como transferencias de financiación. El segundo periodo es el comprendido entre 2002 y 2009, en el que ya figura en el Presupuesto de la Junta de Andalucía que aprueba el Parlamento una partida presupuestaria que se nutre de las citadas transferencias y que por tanto se utilizó de manera «inadecuada», a juicio Alaya.

Entre 2000 y 2001, el juzgado ha contabilizado siete modificaciones presupuestarias por 93 millones de euros, aprobadas por el Gobierno que presidía Chaves a propuesta de la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez. Éste es uno de los motivos que sustentan la imputación de Chaves y la de la ex ministra de Fomento, así como la de los sucesivos responsables andaluces de Economía y Hacienda –José Antonio Griñán y la diputada andaluza Carmen Martínez Aguayo–, que también recurrieron a estas modificaciones del Presupuesto, que supusieron una «disposición ilícita de fondos públicos».

Transcurrida esta primera etapa y ante las deficiencias del sistema, la Consejería de Empleo ideó un «referente legal» para normalizar la situación. Un convenio entre la mencionada Consejería y su empresa pública mediante el cual esta última se encargaba de «materializar» las ayudas . Se firmó en julio de 2001, pero su desarrollo siguió obviando normas básicas como la propia Ley de Hacienda Pública de la Junta. En la práctica, Empleo concedía subvenciones discrecionales sin publicidad y libre concurrencia y su ente instrumental abonaba el dinero que previamente le llegaba vía transferencias de financiación. Esta forma de actuar se prolongó hasta 2010, pese a que el convenio que supuestamente avalaba las actuaciones expiró el 31 de diciembre de 2013.

PRESUPUESTO FALSO

La inclusión entre 2002 y 2009 de una partida presupuestaria específica en la Ley de Presupuestos para estas ayudas tuvo otras consecuencias. Para justificar las transferencias de financiación que recibía el IFA –y que sólo podían utilizarse legalmente para enjugar las pérdidas de la empresa pública–, este ente «falseó» sus cuentas incrementando de manera «ficticia» sus gastos. En realidad, sostiene Alaya, «el pago de las subvenciones –que le ordenaba Empleo– no le suponía gasto alguno». Este es otro de los motivos que la jueza reprocha a los aforados y que ha motivado la imputación de los altos cargos de la Junta imputados y que no gozan de fuero.

CAMBIO EN 2010

En el Presupuesto de 2010, y tras varios avisos internos y externos, la figura presupuestaria de las transferencias de financiación desapareció y el crédito se consignó de manera «adecuada» para conceder subvenciones. En la práctica «todo siguió como antes»: sin bases reguladoras de las ayudas, sino a través de órdenes de Empleo a la empresa pública para que abonara los compromisos que la Consejería iba adquiriendo.

NUEVAS NORMAS

Con el escándalo en los medios de comunicación, la Consejería de Empleo dictó dos órdenes –2011 y 2012–en las que incluían bases reguladoras de las ayudas y su convocatoria, pero obvió «la legislación estatal para este tipo de ayudas». El escrito recoge algunos pagos a ayudas comprometidas anteriormente y que motivan la imputación del ex consejero de Empleo y aforado Manuel Recio.

PACTO PSOE-IU

El 18 de octubre de 2012, con IU en la Junta y Susana Díaz como «número dos» de Griñán –su renuncia al cargo se produjo en 2013–, ambos partidos aprobaron una norma para seguir otorgando ayudas. Alaya duda de que una comunidad autónoma tenga competencias y critica que se le ha dado una salida a las subvenciones ya comprometidas irregularmente.

Cambios cosméticos

Los reparos

- Los problemas surgen en el año 2000, cuando los funcionarios que fiscalizaban las ayudas ponen reparos a la concesión de las subvenciones excepcionales.

La «solución»

- Se introduce una empresa pública en el proceso para «huir» del control administrativo que retrasaba las ayudas de los ERE.

El Presupuesto

- Se recurre a transferencias de financiación para el pago de subvenciones, lo que obliga a «falsear» el Presupuesto, ya que esa figura sólo sirve para enjugar pérdidas.

Discrecionalidad

- Con el sistema funcionando, comienzan a pagarse las comisiones y se introducen a los primeros «intrusos». Un «negocio» sostenido con fondos públicos.

Avisos ignorados

- Las advertencias sobre la ilegalidad se ignoran y sólo se operan cambios menores que Alaya considera ilegales.